Washington D.C. — La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Adela Flores, por parte de Estados Unidos el 3 de enero, no fue simplemente un episodio dramático más en el prolongado conflicto entre Washington y Caracas. En cambio, el hecho dejó al descubierto, una vez más, profundas fracturas tanto en el sistema legal internacional como en el propio entramado jurídico estadounidense.

Numerosos analistas consideran que la captura del líder venezolano y su posterior juicio en Nueva York constituyen un nuevo desafío a los conceptos de soberanía, inmunidad y los límites del uso de la fuerza fuera del marco de una guerra declarada. Mientras la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en presentar el ataque –que también mató a decenas de venezolanos– como un procedimiento penal legítimo destinado a que rinda cuentas un “líder criminal”, expertos en derecho internacional y constitucional argumentan que lo ocurrido sienta un precedente peligroso.

En una entrevista exclusiva con TRT World, Bruce Fein, quien se desempeñó como fiscal general adjunto asociado en el Departamento de Justicia de EE.UU. durante la administración Reagan y supervisó los litigios clave, así como la evaluación de candidatos para la judicatura federal, calificó la captura de Maduro como un hecho que no representa la “aplicación de la ley en ningún sentido jurídico”.

“El derecho internacional no reconoce el derecho de ningún Estado a emitir unilateralmente una acusación formal y luego invadir otro país para arrestar al acusado. Esto abre la puerta a invadir cualquier país del mundo bajo el pretexto de la justicia”, argumenta Fein, integrante del equipo legal de Maduro.

Fein, abogado constitucional, académico y autor del libro El imperio americano antes de la caída, añade: “Si esto fuera la aplicación de la ley, habríamos entrado, arrestado al acusado y salido. No se necesita controlar el petróleo de una nación entera para arrestar a una persona”.

Cabe recordar que fuerzas especiales estadounidenses se llevaron a la fuerza a Maduro y su esposa en un ataque relámpago el pasado sábado en la madrugada y los trasladaron rápidamente a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de narcotráfico y armas, subrayando lo que Trump ha llamado la “Doctrina Donroe” de dominación estadounidense sobre su patio trasero.

Maduro ha negado todas las acusaciones y se mostró desafiante en su primera comparecencia ante el tribunal, durante la cual se identificó como el presidente de Venezuela y afirmó que fue “secuestrado” de su hogar en Caracas.

La captura de Maduro expuso la fragilidad de la línea que separa la aplicación de la ley del ejercicio de la hegemonía. La administración estadounidense no se limitó a capturar al mandatario venezolano: el ataque estuvo acompañado por un discurso político centrado en el control y la gestión del país latinoamericano y de sus recursos.

Así, desde que Maduro fue trasladado a la fuerza a Estados Unidos, funcionarios del Gobierno de Trump han reiterado que Washington controlará Venezuela —el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— y ejercerá una influencia significativa sobre su gobierno temporal, encabezado por la aliada de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De hecho, el propio Trump afirmó en una entrevista publicada este jueves que Estados Unidos podría administrar Venezuela y explotar sus reservas petroleras durante años.

Inmunidad de jefe de Estado

En el plano interno, la operación también plantea interrogantes constitucionales que son igual de graves. La Constitución estadounidense otorga únicamente al Congreso el poder de declarar la guerra y no autoriza al presidente a usar la fuerza ofensiva, excepto en casos de legítima defensa.

Fein, quien ha testificado ante el Congreso más de 200 veces, presentándose como un libertario civil crítico de la política de seguridad nacional de EE.UU., subraya que esta excepción no se aplica en el caso de Venezuela. “Esto no es legítima defensa. Venezuela no estaba atacando a Estados Unidos. Hubo planificación durante semanas, y esto hace que lo ocurrido sea una violación flagrante de la Cláusula de Poderes de Guerra en la Constitución”, afirma.

También destaca que eludir al Congreso no puede justificarse apelando a precedentes históricos. Y añade: “Repetir una violación no la hace constitucional. Así como las acciones de un asesino en serie no se vuelven legales porque se hayan repetido varias veces”.

Ahora bien, en el centro del caso se encuentra la cuestión de la inmunidad del jefe de Estado. El derecho internacional consuetudinario otorga a los jefes de Estado en ejercicio inmunidad personal ante tribunales extranjeros. Esta protección, explica Fein, no existe para beneficiar a individuos, sino para proteger el orden internacional mismo.

“La inmunidad no es un privilegio personal para el presidente; es una herramienta para proteger la soberanía de los Estados. Si este principio cae, ningún líder en el mundo estará a salvo!, explica Fein.

Estados Unidos argumenta que Maduro no goza de inmunidad porque Washington no reconoce su legitimidad. Fein, sin embargo, advierte sobre los peligros inherentes a este razonamiento. “El no reconocimiento político no te otorga automáticamente el derecho legal de arrestar a un jefe de Estado por la fuerza. Si aceptamos esto, legalizamos el caos internacional”, remarca.

¿Similitud con el juicio a Noriega?

La administración Trump está intentando ampararse en el precedente del arresto del líder de Panamá Manuel Noriega en 1989. Sin embargo, la comparación es, según Fein, “engañosa”.

“En Panamá había un estado de guerra real después de que el país declarara la guerra, y Noriega no era el presidente oficial. Estas condiciones no existen en el caso de Venezuela”, señala.

Fein sostiene que citar precedentes fuera de su contexto legal los reduce a meros instrumentos políticos. También destaca la necesidad de distinguir entre la ilegalidad del acto y sus consecuencias prácticas. “El mero hecho de que este acto sea ilegítimo no significa automáticamente que tendrá consecuencias significativas o inmediatas. Estas son dos cuestiones completamente diferentes y mezclarlas puede confundir al público”.

Advierte, además, que el equilibrio de poder en el sistema internacional a menudo permite que las violaciones perduren sin rendición de cuentas, al menos en el corto plazo. “Ahora estamos entrando en una era de agitación y turbulencia continua a nivel internacional”, alerta, indicando que el efecto acumulativo de tales acciones erosiona las restricciones restantes sobre el uso de la fuerza.

Mayor peligro

Una de las cuestiones más delicadas se refiere a la legalidad del propio proceso judicial. La captura de Maduro se logró mediante un ataque militar, lo que plantea interrogantes sobre la potencial invalidez del juicio. 

Fein profundiza en este dilema: “Si permites que los tribunales se beneficien de un secuestro ilegal, estás otorgando a los Estados una licencia para cometer crímenes y luego afirmar que el fin justifica los medios. En ese punto, nadie estará a salvo”.

Incluso si el ataque se considera ilegal, las posibilidades de responsabilizar a EE.UU. parecen limitadas. Sin embargo, el mayor peligro, según Fein, reside en el efecto acumulativo de estas prácticas. “Estamos entrando en una etapa en la que la lógica del poder se convierte en la norma. Los fuertes hacen lo que desean, y los débiles sufren lo que deben”.

Nota del editor: Esta entrevista ha sido editada para garantizar claridad y concisión.