Fernanda M. no sabía lo que eran los ataques de pánico hasta que conoció a Ricardo (los nombres han sido cambiados por cuestiones de seguridad). Todo comenzó en 2019 como una amistad dentro del mundo literario, pero con el tiempo la situación cambió. La poeta de 44 años cuenta que el hombre se obsesionó con ella y, lo que al principio parecían coincidencias, terminaron convirtiéndose en una rutina de vigilancia. “Hacía guardia afuera de mi casa, en una esquina, en el café de enfrente, escondido detrás de un árbol. Estaba en todas partes”, cuenta a TRT Español.

Después empezaron a llegar correos electrónicos en los que él describía detalles de su vida cotidiana: cómo iba vestida, a qué hora había salido o dónde la había visto. Durante años, Ricardo la siguió por las calles y creó nuevas cuentas en redes sociales para contactarla cuando ella lo bloqueaba. Insistía en que estaban destinados a estar juntos y, cuando Fernanda lo rechazó, las amenazas escalaron.

Primero dijo que arruinaría su carrera literaria; después, que se quitaría la vida si ella no aceptaba estar con él y finalmente lanzó amenazas de muerte. “Me dijo que conocía gente que podía matarme por 20.000 pesos (unos 1.100 dólares)”, relata la escritora. “Se convirtió en una pesadilla que me impidió vivir”.Y ahora que se conmemora el Día Internacional de la Mujer es necesario recordar que historias  como la de Fernanda no son aisladas. Estudios internacionales han determinado que, en promedio, el 80% de los feminicidios comienzan con conductas de acecho, dato que resulta alarmante en un país donde entre 10 y 11 mujeres son asesinadas todos los días, según cifras oficiales. 

Aun así, durante años el acecho no ha estado tipificado como delito en México, lo que ha dejado a muchas mujeres, como Fernanda, sin herramientas legales para denunciar a tiempo. Ese vacío es precisamente el que busca atender la llamada Ley Valeria, una iniciativa que recientemente avanzó en el Congreso mexicano.

Una reforma para castigar el acecho

La Ley Valeria, aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero, busca que el acecho se penalice como delito en el Código Penal federal, luego de que la medida fuera incorporada previamente en algunas legislaciones estatales. La reforma, impulsada por la asociación Nosotras para Ellas, que trabaja para combatir la violencia de género, aún debe ser discutida y votada en el Senado para su aprobación final.

“Esta ley representa un mensaje muy claro: que ninguna mujer vuelva a escuchar pasos detrás y pensar que la ley no la acompaña”, subrayó la diputada Iraís Reyes, quien llevó la reforma al Congreso, a finales de 2025.

La iniciativa establece sanciones para quienes vigilen, persigan, observen o intenten comunicarse de forma reiterada con otra persona sin su consentimiento, cuando estas conductas alteren su tranquilidad, intimidad o vida cotidiana. El dictamen contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa, además de agravantes cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o se encuentre en situación de vulnerabilidad.

La propuesta lleva el nombre de Valeria Macías, maestra y promotora cultural que durante más de ocho años fue víctima de acecho por parte de uno de sus alumnos sin que las autoridades pudieran actuar debido a la ausencia de un tipo penal específico. Su caso impulsó el debate público sobre la necesidad de reconocer el acecho como una forma de violencia que requiere una respuesta legal.

En América Latina, varios países han recorrido caminos similares para enfrentar formas específicas de violencia contra las mujeres. Chile promulgó en 2024 la llamada Ley Karin para sancionar el acoso laboral y sexual en el trabajo; Colombia aprobó ese mismo año la Ley 2365 contra el acoso sexual en ámbitos laborales y educativos; y Perú cuenta desde 2015 con una norma que castiga el acoso sexual en espacios públicos. En México, la llamada Ley Olimpia también marcó un precedente al penalizar la violencia digital y la difusión no consentida de contenido íntimo.

De la violencia a la revictimización

Sofía Weiner recuerda con precisión cuándo comenzó todo: el 2 de agosto de 2021, pocos días después de su cumpleaños. Ese día recibió el primero de una serie de mensajes extraños enviados por un desconocido. Al principio eran poemas y declaraciones de amor; después llegaron los insultos. Cuando intentó bloquearlo, aparecieron nuevas cuentas. Durante años, el hombre le escribió de forma intermitente, hasta que en diciembre de 2025 se presentó en un bazar donde Sofía trabajaba.

Tras ese episodio, la ilustradora de 34 años buscó apoyo de las autoridades, pero la respuesta fue desalentadora. “Lo primero que me dijeron es que como no había insinuación sexual ni amenazas de muerte, no podían hacer nada”, cuenta a TRT Español. Durante semanas intentó presentar una denuncia sin éxito, pero los  funcionarios le repetían que no había delito y que lo que estaba viviendo eran solo “molestias”.

Weiner insistió y volvió varias veces a dar seguimiento a su caso. Aunque no logró levantar una denuncia formal, finalmente consiguió que se emitieran algunas medidas de alejamiento. 

Aun así, dice que el proceso terminó siendo otra carga más. “Hay una violencia que ejercen los agresores y otra que ejerce el sistema. Cuando eres víctima, todo se vuelve una bola de nieve y termina pesando el doble”, comentó la joven artista. Sobre la Ley Valeria, considera que aunque llega tarde puede marcar una diferencia. “Es una ley que debió haber existido desde hace muchísimos años, porque el tema de los feminicidios en México ha sido una constante atroz. Si hubiera existido cuando yo intenté denunciar, creo que sí habría cambiado algo”.

Perla Acosta, directora de la organización civil Más Sueños, considera que la Ley Valeria representa un avance para cerrar vacíos legales que durante años han dejado sin protección a las víctimas de acecho. Aunque en México ya existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Acosta señala que muchas conductas quedaban en una zona gris que no les permitía a las autoridades actuar. 

“El acecho es una advertencia que el Estado no puede ignorar, porque reconocerlo como delito también es prevenir el feminicidio”, afirma. Para ella, el caso de Valeria Macías refleja cómo, muchas veces, “las mujeres tienen que sufrir la violencia antes de que la ley las proteja”.

Es una ley necesaria, pero también es insuficiente

Ahora bien, la profesora de derecho de la Universidad Autónoma de México, Leslie Jiménez, considera que el impacto inmediato de la Ley Valeria sería más simbólico que práctico, ya que tipificar el acecho en el Código Penal Federal lo inscribe en un ámbito con competencias limitadas frente a delitos que suelen ocurrir en la vida cotidiana. “En estricto sentido jurídico no tendría mucho alcance”, explica. Sin embargo, considera que puede abrir la puerta para que más estados del país incorporen este delito en sus propios códigos penales.

La académica también señala que el texto de la propuesta deja varias zonas grises que podrían complicar su implementación. Uno de los principales problemas, es que no queda claro qué se entenderá por una conducta “reiterada”, elemento clave para que se considere delito. “Eso puede generar dudas para las autoridades al momento de integrar una carpeta de investigación”, advierte la especialista. En la práctica, añade, esto podría traducirse en obstáculos adicionales para las víctimas que buscan denunciar.

Para Jiménez, el problema de fondo es que la iniciativa se limita a incorporar un nuevo delito sin construir una política pública más amplia para prevenir este tipo de violencia. “El derecho penal siempre llega después del hecho”, explica Jiménez. “Reconocer el delito no es ni siquiera el 10% de lo que debería ser una política pública”. A su juicio, también deberían contemplarse mecanismos claros de protección para las víctimas, como órdenes de restricción o protocolos de actuación para policías y ministerios públicos, que hoy no aparecen en la propuesta.

Fernanda, quien también es impulsora de la Ley Valeria, vivió años bajo acecho sin poder denunciar a su agresor por ese delito. Solo logró presentar una denuncia por amenazas cuando la situación se volvió insostenible, pero no porque el Estado decidiera protegerla. 

Este 8 de marzo, casos como el suyo recuerdan que la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México y América Latina continúa y que, pese a algunos avances, aún quedan pendientes.

“Me convertí en activista de la Ley Valeria no por gusto, sino por necesidad, para defender mi vida y mi integridad física y emocional. Espero no volver a verlo y poder vivir con tranquilidad”, dice. Minutos después advierte: “Es la primera vez que logro hablar de esto sin llorar”.