Las exportaciones de petróleo de Venezuela se han desplomado en los últimos días, sacudidas por la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos frente a la costa del país. El episodio ha vuelto a tensar la ya frágil relación entre Washington y Caracas y ha encendido las alarmas sobre un posible efecto dominó en toda la región.
La operación, ejecutada el miércoles con la captura del buque Skipper, supone la primera incautación de un cargamento de crudo venezolano desde la imposición de sanciones en 2019. El petrolero navega ahora rumbo a Houston, donde su carga será redistribuida en barcos más pequeños, según la agencia de noticias Reuters.
La escalada coincidió con unas declaraciones del presidente Donald Trump que añadieron más combustible al conflicto. Estados Unidos, dijo, prepara ataques inminentes contra Venezuela para interceptar supuestos envíos de narcóticos. “Va a empezar muy pronto en tierra”, afirmó, sin entrar en detalles, en un contexto marcado por un notable refuerzo militar estadounidense en el sur del Caribe. El resultado ha sido llevar la relación bilateral a uno de sus momentos más volátiles en años.
Washington sigue sin reconocer a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela.
Más incautaciones por venir
Funcionarios estadounidenses han señalado que están previstas nuevas incautaciones de petroleros como parte de los esfuerzos para restringir los flujos de petróleo sancionado.
La administración Trump también ha impuesto nuevas sanciones a tres sobrinos de la esposa de Maduro y a seis petroleros vinculados a ellos.
Las consecuencias ya se dejan sentir más allá de las fronteras venezolanas. La caída de las exportaciones amenaza con alterar el suministro regional de petróleo. Cuba, sumida en una profunda crisis y dependiente del crudo venezolano para mantener en pie su red eléctrica, podría enfrentarse a nuevos cortes.
En paralelo, la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha crecido en las últimas semanas. Trump ha reiterado la posibilidad de una intervención militar, apoyándose en acusaciones de tráfico de drogas desde Venezuela hacia territorio estadounidense. El Gobierno venezolano ha rechazado de plano estas denuncias.
En lo que va de año, se han registrado más de 20 ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un balance de casi 90 muertos. Estas operaciones han generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos y han abierto un intenso debate en el Congreso estadounidense. Mientras muchos republicanos respaldan la campaña, los demócratas cuestionan su legalidad y reclaman mayor transparencia.
Caracas ha respondido con dureza. Ha calificado la incautación del petrolero como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”, y ha anunciado que presentará denuncias ante organismos internacionales. Al mismo tiempo, diputados venezolanos han impulsado la retirada del país de la Corte Penal Internacional, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos.
En medio de este clima, un episodio paralelo también atrajo la atención internacional. La dirigente opositora María Corina Machado viajó al extranjero para recoger el Premio Nobel de la Paz, pese a tener prohibido salir del país desde hace años.
La tensión siguió aumentando el viernes, cuando Venezuela anunció la suspensión de un vuelo de repatriación de migrantes procedente de Estados Unidos. Desde Washington, sin embargo, un funcionario aseguró que los vuelos de deportación continuarán. Un nuevo capítulo en una crisis que, lejos de cerrarse, parece entrar en una fase aún más incierta.
