Claves de la regularización de inmigrantes en España: ¿qué es, cómo funciona y a quién beneficia?

Más de medio millón de inmigrantes en España ahora podrán poner en regla su situación durante los próximos meses. Este martes, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto que permitirá a los beneficiarios acceder a permisos de residencia y de trabajo. 

La medida es fruto de un acuerdo entre el partido gobernante, PSOE, y el partido Podemos. Surge a partir de una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por organizaciones sociales bajo la plataforma “Regularización Ya”, y que reunió más de 700.000 firmas en todo el país.

¿El objetivo? Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del gobierno, Elma Saiz, es ofrecer al colectivo migrante la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos", así como responder a "una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía".

Pero, ¿qué implica exactamente la medida y qué no? Aquí algunas claves.

¿Quiénes se benefician y cuáles son los plazos?

Según las estimaciones del partido Podemos, la medida beneficiará a entre 500.000 y 800.000 personas que ya se encuentran en España en situación irregular o que son solicitantes de asilo.

Las personas que podrán acogerse debieron residir en España antes del 31 de diciembre de 2025 y necesitan acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país. También se incluye a los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su caso antes de la misma fecha.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de este año.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la regularización?

Para demostrar la residencia, se aceptará una amplia variedad de documentos, tanto públicos como privados, o una combinación de ambos. Entre ellos figuran certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, informes médicos, recibos de suministros o justificantes de envío de remesas, una de las principales demandas de las organizaciones sociales ante las dificultades de muchas personas migrantes para acceder a documentación formal.

Otro requisito clave es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

¿Qué pasa con las expulsiones y el permiso de trabajo?

Una de las principales garantías de esta iniciativa es que, desde el momento en que se presenta la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.

Según explicó la ministra Saiz, la administración dispondrá de un plazo máximo de 15 días para admitir a trámite las solicitudes. Desde ese momento, las personas solicitantes podrán trabajar legalmente “en cualquier sector y en cualquier parte del país”, pasando a cotizar a las arcas públicas. 

"Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica", manifestó.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año. Al finalizar ese periodo, podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería. 

La medida también contempla la integración familiar: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de 18 años de los solicitantes que estén en España con permisos de 5 años.

Regularizar no es nacionalizar

Ante una serie de críticas tras la aprobación del real decreto, el gobierno ha subrayado que esta regularización no implica la concesión de la nacionalidad española ni otorga derechos políticos como el voto. 

Para acceder a la nacionalidad, las personas migrantes deberán cumplir los plazos de residencia legal establecidos en el Código Civil, entre dos y diez años, según el país de origen, y superar las pruebas de idioma y conocimientos constitucionales y socioculturales del Instituto Cervantes.

Otros procesos similares en la historia

Este será el octavo proceso extraordinario de regularización en España. El último de gran alcance se produjo en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y benefició a más de 570.000 personas. 

Antes, el entonces presidente José María Aznar llevó a cabo tres regularizaciones entre 1996 y 2001, mientras que las primeras medidas de este tipo se remontan a los gobiernos de Felipe González en los años 80 y principios de los 90.

Más recientemente, en febrero del año pasado, el Ejecutivo aprobó una regularización limitada para unas 25.000 personas extranjeras afectadas por la DANA que asoló Valencia en octubre.