Colombia se encamina a elegir un nuevo presidente en un escenario marcado por la fragmentación política, la polarización y un Congreso sin mayorías claras. La campaña se centra en temas como seguridad, economía y reformas sociales, pero también por un tema que el presidente Gustavo Petro acaba de revivir y ubicar en el centro de la conversación política: la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución.
Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo, el mandatario volvió a plantear que el país necesita convocar a una Constituyente para, en sus palabras, salvaguardar derechos sociales y combatir la corrupción. Ahora bien, en su discurso, también cuestionó el papel del Congreso que durante sus cuatro años de gobierno le puso freno a varias reformas que Petro impulsaba, por no contar con el apoyo suficiente.
“Reformas sociales ya y cero corrupción solo podemos alcanzarlas a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, declaró desde la ciudad de Medellín, la segunda más importante del país.
El impulso no terminó ahí. Dos días después, el 3 de mayo, Petro volvió a insistir a través de la red social X en que los mecanismos institucionales actualmente no han permitido materializar los derechos establecidos en la Constitución de Colombia de 1991.
"No derogará ni cambiará la constitución de 1991, solo añadirá dos capítulos más, el de los actos legislativos que no ha hecho el Congreso en 34 años de vida de la Constitución: los de las garantías reales, cotidianas y de vigencia inmediata de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la pensión, a servicios públicos pagaderos según sus costos, el derecho al agua potable y la nutrición correcta", afirmó.
Y bajo ese objetivo, Petro propuso entonces recoger dos millones de firmas para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente y presentarlas ante el nuevo Congreso antes del 20 de julio, día en que toman posesión los legisladores electos. “El Congreso tendrá que tomar la decisión de aceptar el mandato del pueblo”, añadió el jefe de Estado.
Desafíos
Ahora bien, la propuesta de una Asamblea Constituyente se enmarca en el desafío que implicó para Petro que la coalición de gobierno, el Pacto Histórico, no alcanzara en el Congreso las mayorías suficientes para aprobar los proyectos del Ejecutivo durante su período presidencial.
Un escenario que, justamente, pone la posibilidad de una Asamblea Constituyente ante varios obstáculos. Según expertos, la iniciativa encuentra límites institucionales y carece de apoyos suficientes en el Legislativo, pero sigue funcionando como un recurso “político y simbólico” dentro de la campaña. Incluso apuntan a que más que ser una iniciativa concreta de reforma, ha terminado convirtiéndose en un eje de disputa narrativa entre el Gobierno de Petro y la oposición.
El politólogo de la Universidad del Rosario, Yann Basset, explica en diálogo con TRT Español que parece difícil convocar una Asamblea Constituyente en Colombia, pues no existe una mayoría que respalde esta propuesta. “La única fuerza política que se ha pronunciado a favor es el Pacto Histórico, y tampoco hay un apoyo popular muy fuerte”, sostiene el experto.
Para Basset, la propuesta de reformar la Constitución responde más a una lógica política que institucional: “Es sobre todo una forma de mantener el balance del gobierno en el centro del debate político, más que una propuesta realmente bien pensada”.
Reformar la Constitución y las críticas de la oposición
La idea de reformar la Constitución tomó fuerza en los últimos años como respuesta a que el Congreso frenara algunas de las principales iniciativas impulsadas por Petro, como la reforma a la salud.
Por eso, voces destacadas de la oposición, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), han rechazado la Asamblea Constituyente y sus objetivos, afirmando que busca "destruir la salud" y que "la Constitución colombiana actual es una verdadera Constitución de Estado social de derecho".
Otros figuras como Paloma Valencia, candidata del principal partido opositor Centro Democrático liderado por Uribe Vélez, criticaron el proyecto y señalaron una desconexión entre el Gobierno nacional y las problemáticas reales de las comunidades. En esa línea, señaló que, en lugar de escribir “en un papel”, según su análisis, “hay que ponerse las botas y trabajar para solucionar los problemas de los colombianos”.
Frente a las críticas, Petro se mantiene firme e insistió en los últimos días en que "la Asamblea Nacional Constituyente no será un amenaza para nadie, sino para garantizar los derechos que ya ordenó la Constitución de 1991". También lanzó sus cuestionamientos contra lo que considera "la fuerzas cavernarias presentes en las instituciones constituidas bloquearon la reformas que garantizaban los derechos de las personas y que ordenaba como derechos fundamentales individuales y sociales la Constitución de 1991".
En esa línea, el presidente sostiene que la cifra de personas fallecidas en el país es un indicador que, según afirma, refleja casos que podrían haber sobrevivido si hubieran recibido atención en hospitales y clínicas, lo que forma parte de su motivación.
“El sistema de salud mercantil que tenemos mató a 340.000 colombianos en los últimos 10 años mientras se robaban 15 millones de millones de pesos llevados a sus arcas particulares, y entonces ahora nos dicen que no podemos ni debemos reformar la salud”, afirmó.
¿Un nuevo Congreso con pocas posibilidades de cambiar la Constitución?
Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, señala a TRT en Español que el debate sobre la constituyente parece truncarse tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Los comicios dejaron al Pacto Histórico, la coalición del presidente Petro, como la fuerza más votada en el Senado, seguido por el Centro Democrático y los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador. Sin embargo, ningún bloque logró mayoría propia.
González señala que convocar una constituyente requiere “la mayoría absoluta de los integrantes tanto del Senado como de la Cámara de Representantes”, además de un referéndum ciudadano, un requisito indispensable, con el que no cuenta el partido gobernante.
En este contexto, la posibilidad de impulsar una Asamblea Constituyente aparece aún más lejana desde el punto de vista institucional, debido a la necesidad de construir amplios consensos legislativos. Para Yann Basset, la fragmentación del Congreso obliga, como ha sido habitual en Colombia, a formar alianzas para garantizar gobernabilidad.
“Siempre hay que apuntarle a hacer coaliciones”, explica. A su juicio, uno de los principales problemas de Petro fue no haber consolidado esos acuerdos políticos, mientras que figuras como Iván Cepeda –el ahora candidato del Pacto Histórico, pues Petro no se puede reelegir, y quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales– ya han planteado la necesidad de volver a una forma más tradicional de hacer política, basada en consensos y mayorías legislativas.
El peso del pasado y el clima de campaña
Para algunos sectores de la sociedad colombiana, el término “constituyente” es visto como un concepto que puede generar inquietud en el debate público, al considerar que evoca la posibilidad de modificar las reglas fundamentales del sistema político. Desde esa perspectiva, este tipo de procesos en América Latina suele asociarse con momentos de poca estabilidad o con etapas de transformación institucional significativa.
En Colombia, la última Asamblea Constituyente se celebró en 1991, durante el Gobierno de César Gaviria (1990 - 1994), con el objetivo de modernizar el Estado, ampliar derechos y fortalecer el sistema político tras un periodo de violencia y crisis institucional registrado en la década de 1980. Para González, la sensibilidad que despierta hoy ese debate no se explica tanto por ese proceso, que contó con amplios consensos políticos y sociales, sino por experiencias más recientes en la región.
Casos en Latinoamérica
“El problema es la imagen negativa que dejaron otros procesos constituyentes en América Latina”, explica el experto de la Universidad Javeriana, en referencia a Venezuela y Ecuador. En el primer caso, el proceso constituyente de 1999, impulsado por Hugo Chávez tras su llegada al poder, derivó en una nueva Constitución que amplió las facultades presidenciales. Además buscó fortalecer derechos sociales como la salud, la educación y la seguridad social. Según la Revista Latinoamericana de Derecho Social, este proceso se consolidó con la Constitución de 1999 y otras leyes, y señala que “la nueva concepción de la salud le exige al Estado tratarla como un derecho fundamental de todas las personas, vinculado al derecho a la vida, fortaleciendo su carácter exigible como derecho humano”.
En Ecuador, la Asamblea Constituyente de 2007-2008, impulsada por Rafael Correa, dio paso a una nueva Carta Magna con un fuerte énfasis en la intervención del Estado en la economía y la ampliación de derechos sociales. Este marco constitucional ha sido objeto de debate bajo el actual Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien en en los últimos años buscó modificar disposiciones para permitir bases militares extranjeras, propuesta que fue rechazada en una votación en noviembre de 2025.
El analista político colombiano Andrés Orellano coincide en que este debate está atravesado por una fuerte carga ideológica. Según su análisis, en América Latina los procesos constituyentes suelen asociarse a gobiernos de izquierda que han impulsado reformas profundas para ampliar el rol del Estado en la economía, redistribuir poder político y ampliar derechos sociales. Esa experiencia ha alimentado una percepción crítica entre sectores conservadores y de oposición, que ven estas iniciativas como una posible vía para concentrar poder y debilitar los contrapesos institucionales.
Sin embargo, el analista advierte que, tras más de tres décadas de vigencia de la Constitución de 1991, “hay muchos elementos que merecen ser actualizados”. Aunque ocupa un lugar relevante en el discurso político, Orellanos indica que la constituyente no aparece entre las principales preocupaciones del electorado.
“Realmente no parece haber un interés muy fuerte de los ciudadanos, entre otras cosas porque no está claro qué se quiere cambiar”, señala también Basset. “Mientras no haya un proyecto claro detrás, es difícil que tenga un apoyo popular importante”, añade.
Según la encuesta nacional de Invamer realizada en febrero de 2026, las principales preocupaciones de la ciudadanía son la seguridad, el orden público y la economía, lo que reduce la incidencia de una eventual reforma constitucional en la decisión de los votantes.
El escenario que se empieza a dibujar
El nuevo Congreso será clave para definir el margen de maniobra del próximo gobierno. Aunque el Pacto Histórico logró consolidarse como la primera fuerza en el Congreso, no le alcanzó para asegurarse mayorías claras, lo que limita su capacidad para impulsar reformas profundas. Este escenario obliga al Ejecutivo a negociar con distintos sectores políticos.
“El gobierno nacional no tiene la coalición suficiente para aprobar este tipo de procedimientos”, sostiene González. En la misma línea, Orellano señala que “sería imposible avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente en medio del ciclo electoral”.
Para Basset, este escenario marca una característica estructural del sistema político colombiano: “Seguiremos con un Congreso muy fragmentado, donde será necesario construir coaliciones. Probablemente el próximo presidente vuelva a una forma más tradicional de hacer política, basada en acuerdos y consensos entre el Ejecutivo y el Congreso”.
A su juicio, este esquema obligará al futuro gobierno a negociar de forma permanente para avanzar en reformas clave. Lo cual, añade, podría moderar las propuestas más ambiciosas, pero también reducir el nivel de confrontación institucional que a su juicio marcó la administración de Petro.
En plena competencia entre los candidatos presidenciales y sus distintas agendas de gobierno, Basset sostiene que Petro ha logrado mantenerse en el centro de la conversación política. “Estamos debatiendo más el balance de su gobierno que los proyectos de futuro”, afirma el politólogo, quien considera que el presidente sigue marcando el ritmo de la campaña incluso sin ser candidato.
Y, ante todas las miradas en Colombia, las críticas y los distintos enfoques para mejorar el país sudamericano, Petro insiste en que "el acuerdo nacional no es hacer más de lo mismo que no sirve, es para transformar a Colombia por la senda de la justicia social, la democracia y el bienestar general".
