Israel enfrenta condena global por ley que habilita pena de muerte a prisioneros palestinos

Una ola de críticas se dirigió a Israel este lunes, luego de que el Parlamento aprobara una ley que habilita la pena de muerte a prisioneros palestinos. La medida provocó reacciones de gobiernos, organismos de Naciones Unidas y organizaciones de todo el mundo, que la consideran una violación flagrante del derecho internacional.

La nueva ley establece la pena de muerte como castigo por defecto para palestinos condenados por ataques letales realizados para “rechazar el estado de Israel” o por presunto terrorismo. La normativa, que vulnera los derechos humanos, se aplicará tanto en territorio israelí como en Cisjordania ocupada. Así, permitirá ejecutar a los condenados en un plazo de hasta 90 días desde el fallo final.

Esta iniciativa se produce en un contexto de denuncias sobre las condiciones en que los palestinos están encarcelados, que han empeorado desde octubre de 2023. Actualmente, más de 9.300 palestinos se encuentran detenidos en prisiones israelíes, entre ellos 350 menores y 66 mujeres, según la agencia de noticias palestina WAFA. Según organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes, los detenidos enfrentan torturas, hambre y negligencia médica, lo que ha provocado decenas de muertes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario del Parlamento (Knéset) y votó a favor de la reforma. Esta fue impulsada por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, una de las figuras más controvertidas de la política israelí y que ha sido condenado en el pasado por incitación al racismo.

Su entrada en vigor marca una ruptura con la práctica penal israelí, ya que el país no realiza ejecuciones judiciales desde 1962, cuando ahorcó al funcionario nazi Adolf Eichmann tras ser juzgado por su papel en el Holocausto.

Condena de organizaciones de derechos humanos

Diversas organizaciones internacionales y palestinas de derechos humanos criticaron la aprobación de la ley y advirtieron que vulnera normas internacionales. Entre ellas figuran Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem, el Centro Palestino para los Derechos Humanos y Addameer.

“Al autorizar a los tribunales militares, que tienen una tasa de condena superior al 99% para los acusados palestinos, a imponer sentencias de muerte prácticamente obligatorias, Israel se está otorgando carta blanca para ejecutar a palestinos”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora sénior de investigación, incidencia política y campañas de la organización Amnistía Internacional.

Igualmente, Amnistía Internacional sostuvo que las personas condenadas bajo esta legislación no tendrían derecho a indulto. “Esta nueva ley, que permite ejecuciones autorizadas por el Estado, es la culminación de políticas que durante años han favorecido la impunidad en los asesinatos ilegales de palestinos”, añadió Guevara-Rosas.

Palestina denuncia “violación flagrante” del derecho internacional

Desde todo el mundo llegaron condenas a la ley, comenzando desde los territorios ocupados. La Autoridad Palestina calificó la ley de “violación flagrante” del derecho internacional humanitario y del Cuarto Convenio de Ginebra. Señaló que la iniciativa socava el derecho a un juicio justo y forma parte de una serie de medidas discriminatorias contra el pueblo palestino.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a adoptar una postura firme para detener estas graves violaciones del derecho internacional y exigir responsabilidades a Israel.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino agregó que la norma como un “peligroso giro hacia la legalización del genocidio y la adopción de ejecuciones extrajudiciales”. Y exigió una respuesta internacional que incluya sanciones, el aislamiento de sus instituciones y la activación de mecanismos de rendición de cuentas.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás afirmó que la iniciativa "refleja la naturaleza sanguinaria de la ocupación y su política basada en la matanza y el terrorismo". En un comunicado, el grupo señaló que la decisión establece un precedente peligroso que pone en riesgo la vida de los prisioneros palestinos y pidió una intervención urgente de la comunidad internacional.

ONU alerta sobre violaciones del derecho a la vida

Desde la ONU surgieron advertencias sobre las implicaciones legales y humanitarias de la ley. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades israelíes a abandonar esta medida y señaló que la legislación es “incompatible con el derecho internacional en varios niveles”.

Türk señaló que la normativa genera serias preocupaciones por su carácter discriminatorio y por su impacto en el derecho a un juicio justo. También subrayó que las sentencias de muerte obligatorias privan a los tribunales de cualquier margen de discreción y vulneran el derecho fundamental a la vida.

Líderes de Oriente Medio y Europa condenan la ley

Las reacciones también llegaron rápidamente desde varios países de Oriente Medio, Europa y otras regiones.

Egipto condenó enérgicamente la legislación, indicando que viola el derecho internacional y los Convenios de Ginebra. En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores añadió que la medida refleja un enfoque discriminatorio y socava las garantías de un juicio justo, además de advertir que podría aumentar las tensiones y desestabilizar la región.

En la misma línea, Jordania denunció la ley “en los términos más enérgicos” y la calificó de “ilegal, racista y discriminatoria”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuaad Majali, sostuvo que la iniciativa forma parte de una política sistemática contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Países europeos también evidenciaron su repudio a la ley. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron su “profunda preocupación” en una declaración conjunta, advirtiendo que el proyecto tiene un carácter “de facto discriminatorio” y ampliaría significativamente el uso de la pena de muerte. También señalaron que podría socavar los compromisos de Israel con los principios democráticos y reiteraron su rechazo a la pena capital “en todas las circunstancias”.

Irlanda también condenó la iniciativa, con su Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizando que la medida ampliará el uso de la pena de muerte y reintroduciría su aplicación tanto en Israel como en el territorio palestino ocupado. “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental”, declaró, reiterando la oposición de Irlanda a la pena capital en todos los casos.

De forma similar, Eslovenia señaló que la legislación es claramente discriminatoria y que podría socavar la justicia y la seguridad.

Estados Unidos evita condenar la ley

En contraste con estas reacciones, Estados Unidos evitó criticar la legislación aprobada por Israel. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que el país “respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y sanciones para las personas condenadas por terrorismo”.

Añadió que Estados Unidos confía en que cualquier medida de este tipo se aplique “con un juicio justo y con respeto a todas las garantías y protecciones procesales aplicables”.

Palestinos alertan de desplazamientos forzados en Cisjordania ocupada

En paralelo, autoridades palestinas advirtieron que Israel amplía sus operaciones militares en Cisjordania ocupada, lo que podría provocar nuevos desplazamientos forzados. El gobernador de Tulkarem, Abdullah Kamil, indicó que el ejército israelí informó a los residentes de que su operación en los campamentos de refugiados de Tulkarem y Nur Shams se prolongará al menos hasta el 31 de mayo.

“La decisión refleja una clara determinación de continuar este crimen”, afirmó Kamil en un comunicado, en referencia al desplazamiento forzado de residentes, la demolición de viviendas y la destrucción de infraestructuras.

Las fuerzas israelíes ampliaron su ofensiva a estos campamentos el 27 de enero, seis días después de iniciar una operación en el campamento de refugiados de Yenín.

Por su parte, el Departamento de Asuntos de Refugiados de la Organización para la Liberación de Palestina condenó la decisión y la describió como “un nuevo episodio en la agresión en curso contra los campamentos de refugiados palestinos”.

El organismo afirmó que la prolongación de las incursiones forma parte de una política orientada al desplazamiento forzado y a la destrucción sistemática de comunidades palestinas. También señaló que estos ataques se enmarcan en un plan más amplio contra los campamentos de refugiados, considerados símbolos vivos de la Nakba.

En este marco, pidió a la comunidad internacional —incluidas Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos— que actúen de inmediato para detener la operación militar y proporcionar protección internacional a la población palestina.

Según datos palestinos, desde el 8 de octubre de 2023 las operaciones israelíes en Cisjordania ocupada han causado la muerte de 1.138 palestinos, han dejado cerca de 11.700 heridos y han provocado alrededor de 22.000 detenciones.