Washington D.C. — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no entró a la corte de de Nueva York como un jefe de Estado que buscaba distanciarse. Llegó bajo custodia.
Rodeado por agentes policiales de EE.UU., el líder venezolano ingresó a un tribunal federal en el bajo Manhattan este lunes, sin esposas, pero cuidadosamente escoltado. Su destino cambió de Caracas al Distrito Sur de Nueva York.
Maduro, de 63 años, compareció ante el juez Alvin Hellerstein, funcionario veterano de 92 años, conocido por su intolerancia al teatro y el dominio tiene sobre su sala de tribunal.
El presidente venezolano se declaró inocente de todos los cargos.
La acusación es contundente. Narcoterrorismo. Tráfico de drogas. Corrupción. Los fiscales aseguran que Maduro supervisó una empresa criminal vinculada al Estado que convirtió a Venezuela en un corredor de cocaína que llegaba a Estados Unidos.
Los cargos fueron revelados por primera vez en 2020, durante el primer Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump. La acusación señaló a Maduro, así como a altos funcionarios de su círculo, de facilitar envíos de cocaína y proteger operaciones vinculadas a los carteles del narcotráfico.
No obstante, lo que cambió la semana pasada fue la custodia.
Funcionarios estadounidenses describen la captura de Maduro en Caracas, la capital de Venezuela, como una operación militar cuidadosamente planificada. Sus abogados, en cambio, la llaman un “secuestro”.
El equipo legal de Maduro ya está enviando algunas señales. Durante la audiencia, el mandatario fue representado por Barry Pollack, un destacado abogado defensor conocido por representar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
La elección de este abogado no parece casual: la presencia de Pollack sugiere una estrategia que va más allá de la defensa penal, y se dirige a enmarcar el caso como persecución política.
Y ese enfoque tiene historia.
Juicio de Noriega
Para muchos de los que la veían, la escena en Manhattan evocó inevitablemente un episodio del pasado: el de 1989, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al líder panameño, el general Manuel Noriega, y lo trasladaron en avión a Florida para enfrentar cargos de narcotráfico.
Noriega, también, llegó esposado. Noriega, también, argumentó que la soberanía lo protegía de un tribunal estadounidense.
De hecho, Noriega escribió una autobiografía, “America's Prisoner” (Prisionero de Estados Unidos, en español), en la que describió que su juicio estaba políticamente motivado, ya que el juez William M. Hoeveler negó mociones clave de la defensa sobre inmunidad.
En su relato, Noriega acusó a los fiscales –liderados por Michael “Pat” Sullivan– de fiarse de “mentirosos profesionales” como el narcotraficante Carlos Lehder. También presentó a su abogado, Frank Rubino como un valiente que llevaba las de perder y que aún así luchaba contra restricciones probatorias y recursos limitados.
Sin embargo, los tribunales rechazaron esas afirmaciones. Washington no reconoció a Noriega como el líder legítimo de Panamá, y los jueces dictaminaron que la inmunidad de jefe de Estado no aplicaba.
Así, Noriega fue condenado por ocho cargos y pagó 17 años en prisiones de EE.UU.
¿Inmunidad diplomática?
La comparación no es casual. Es la arquitectura legal sobre la que se espera que el Gobierno de EE.UU. se apoye.
“Claramente hay similitudes”, señala Naomi Roht-Arriaza, una destacada experta en derecho internacional y justicia transicional, en conversación con TRT World. “Los dos fueron acusados de delitos relacionados con el tráfico de cocaína, y ambos fueron llevados a Estados Unidos para ser juzgados bajo circunstancias coercitivas”.
Sin embargo, Roht-Arriaza advierte que la analogía es imperfecta y legalmente peligrosa.
“Noriega no era formalmente el presidente de Panamá en el momento de la invasión”, explica. “Maduro es oficialmente presidente, a pesar de que Estados Unidos no lo reconozca. Al permitir que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asuma el poder y dejar su estructura de poder intacta, Washington parece aceptar que él era el presidente constitucional. Eso plantea cuestiones de inmunidad de jefe de Estado que no estaban presentes en el caso de Noriega”, añade.
Aquí el derecho internacional establece una distinción marcada. Un jefe de Estado en funciones goza de inmunidad personal absoluta contra el procesamiento en tribunales extranjeros. Los exlíderes retienen inmunidad funcional por actos oficiales. Los delitos de narcotráfico no caen dentro de las excepciones reconocidas.
“Podría decirse que Maduro era un jefe de Estado en funciones y por lo tanto tiene inmunidad absoluta”, apunta Roht-Arriaza. “Hay excepciones para tribunales penales internacionales y posiblemente para violaciones graves de derechos humanos, pero ninguna para delitos relacionados con drogas”.
El martes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió al juez Hellerstein que “reconozca la falta de jurisdicción del tribunal bajo su mando para juzgar al líder de una nación soberana, quien está protegido por inmunidad diplomática, repito, como jefe de Estado".
En la era de Noriega, los jueces estadounidenses dictaminaron que la manera en que un acusado es llevado ante el tribunal no invalida su procesamiento. El precedente se estableció en Álvarez-Machaín, donde la Corte Suprema permitió que el juicio procediera después de que un médico mexicano fuera secuestrado y trasladado en avión a EE.UU.
“Esa doctrina nunca ha sido probada contra un jefe de Estado en funciones”, subraya Roht-Arriaza.
La cuestión de la soberanía es aún más marcada.
Roht-Arriaza, quien tiene amplia experiencia enfocándose en procesos de posconflicto en América Latina, añade: “Estados Unidos ha intentado enmarcar esto como una acción de cumplimiento de la ley, pero el razonamiento sigue confundiéndose por declaraciones sobre cómo esto es una guerra –que no lo es–, sobre cómo Estados Unidos va a 'dirigir' Venezuela, y cómo Estados Unidos va a ‘tomar” el petróleo venezolano’”. “Esto apunta a una mayor ruptura del orden internacional de posguerra”.
Un cambio de régimen a manos de EE.UU., disfrazado con túnicas legales
Esas preocupaciones están en el corazón del caso.
El Dr. Jenaro Abraham, un destacado académico especializado en insurgencias latinoamericanas que ha estudiado el procesamiento de Noriega, afirma que la pregunta clave es si la ley puede alcanzar a la política.
“En el caso de Noriega, el procesamiento legal y el objetivo político finalmente convergieron”, dice a TRT World.
“Estados Unidos lo capturó, lo juzgó y aseguró una condena. Eso estabilizó retrospectivamente la afirmación de que su remoción se trataba del cumplimiento de la ley en lugar de cambio de régimen”, explica.
Según Abraham, el caso de Maduro, no ha llegado a ese punto.
“El andamiaje legal del narcoterrorismo existe para criminalizar a actores políticos armados al reencuadrar economías políticas como pura criminalidad”, señala Abraham. “En este momento, los objetivos políticos están superando el fundamento legal”, insiste.
Ese desfase, advierte, trae riesgos importantes. Los tribunales necesitarán pruebas estrictas del nexo con el terrorismo requerido bajo los estatutos de narcoterrorismo. Los fiscales necesitarán evidencia, no designación o simbolismo. Escuchas telefónicas. Rastros financieros. Testimonio de información privilegiada que ubique a Maduro en el centro de la toma de decisiones.
“Si esto se convierte en un juicio construido sobre narrativa en lugar de pruebas, habrá dificultades”, explica Abraham.
La estrategia de la defensa será tan determinante como la solidez de la acusación. “Una dependencia agresiva en la inmunidad soberana señalaría debilidad”, argumenta. “La defensa más efectiva enfatizaría el exceso ejecutivo, la aplicación selectiva y los objetivos geopolíticos, sin reducir la defensa a un martirio simplista”.
Noriega intentó la ruta de la inmunidad. Fracasó. Su juicio se convirtió en un prolongado argumento global sobre soberanía, justicia selectiva y poder estadounidense. Esos debates no terminaron con su condena.
Están resurgiendo ahora.
Por su parte, quienes apoyan el procesamiento argumentan que el caso se ha esperado largamente para rendir cuentas por criminalidad a nivel estatal. Mientras, los críticos lo llaman cambio de régimen disfrazado con túnicas legales y analistas advierten que pone a prueba el límite exterior de la autoridad estadounidense.
Por ahora, el juez Hellerstein ha decidido mantener el foco estrecho. Nada de discursos. Nada de política.
Se espera que Maduro regrese al tribunal desde un centro de detención en Brooklyn el 17 de marzo.
“El juicio de Noriega se convirtió en una lucha prolongada sobre soberanía, justicia selectiva, pero (en este caso), la estrategia y la postura pública del equipo legal de Maduro serán un indicador importante de si el procesamiento está evolucionando hacia un caso probatorio serio o permanece en gran medida performativo”, concluye Abraham.
