La popularidad de las megacárceles entre los líderes de América Latina sólo ha ido en ascenso y, con la consolidación de la derecha en la región este año, sigue ganando fuerza. Al punto que varios gobiernos ya están construyendo este tipo de prisiones y otros han prometido hacerlo. Sin embargo, la experiencia de El Salvador, de la mano del presidente Nayib Bukele, podría no ser fácilmente replicable. 

En Perú, la presidenta Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia en cinco cárceles del país el pasado 5 de septiembre, en una medida que permite que la Policía Nacional mantenga el control interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto como parte de una estrategia de seguridad que Fujimori ya había anunciado desde la campaña, y para la que también ha prometido construir megacárceles. 

“Hemos planteado la construcción de al menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y los más peligrosos. Y aquí lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses y acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, dijo en agosto pasado durante una entrevista con la revista Semana de Colombia. 

Pero Fujimori no está sola en este propósito. La mandataria peruana se suma a una lista creciente de gobiernos latinoamericanos que se han inspirado en el modelo implementado por el Bukele en El Salvador, con sus centros de detención masivos en los que –apoyado en un régimen de excepción que instaló en marzo de 2022– ha encarcelado a decenas de miles de personas. 

¿Un impulso político?

En Ecuador, bajo el Gobierno de Daniel Noboa, se construyó la prisión El Encuentro, que abrió en 2025. Luego, en junio de este año, se confirmó la construcción de una megacárcel para 15.000 reclusos. Y, si nos vamos a Argentina, la prisión El Infierno, cerca de la ciudad de Rosario, se inaugurará en mayo de 2027. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino anunció en junio la construcción de una cárcel de máxima seguridad y un endurecimiento a las medidas reclusorias en el país, sin que se conozcan más detalles hasta el momento. 

La lista sigue. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, puso la primera piedra de la megacárcel El Triunfo en marzo, y se espera que se termine en el plazo de un año. 

En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto, ha prometido construir 10 megacárceles durante su gobierno, que califica como un "compromiso" y, según el sitio web del partido político Defensores de la Patria, serán "financiadas por el sector privado, bajo un modelo de concesión y con un control estatal estrictamente enfocado en la seguridad."

Para analistas como Lorena Erazo Patiño, internacionalista y politóloga colombiana, la fiebre latinoamericana por las megacárceles se explica no solo por los resultados de El Salvador. Dice que hay una lógica electoral de resultados rápidos y visibles, y eso es atractivo para los gobiernos. Y añade que la lógica punitiva funciona como un sustituto de reformas necesarias al sector seguridad, que son un camino espinoso por la fragilidad estatal e institucional de la región.

Además, hay un factor narrativo. “Estas megacárceles no solo cumplen una función material, sino también simbólica, al presentarse como pruebas de la recuperación de la soberanía territorial frente a la gobernanza criminal. De este modo, el Estado reinstala en el imaginario social una percepción de control que había sido erosionada por la acción de los grupos criminales”, comenta Erazo Patiño en diálogo con TRT Español.

Un símbolo divisivo

Las imágenes de los presos con el pelo cortado a ras, en ropa interior, las manos sobre la cabeza, sentados en el suelo uno detrás de otro, le han dado la vuelta al mundo y se han convertido en un símbolo divisivo.

Para algunos, representa el éxito de la mano dura contra las pandillas y la violencia en El Salvador. Para otros, es el reflejo de violaciones a los derechos humanos dentro del penal denunciados por organizaciones como Human Rights Watch, entre ellos torturas, abusos y desapariciones forzadas.

De las condiciones en las megacárceles se conoce información por lo que dice el gobierno, reportes de prensa, ‘influencers’ a los que se les ha permitido la entrada y algunos informes de grupos de derechos humanos. Según medios como CNN, hay presos que pasan hasta 23 horas en aislamiento total, mientras a otros solo se les permite salir media hora al día. Los detenidos “tienen prohibido comunicarse con sus familiares y abogados, y solo comparecen ante los tribunales en audiencias virtuales, a menudo en grupos de varios cientos de detenidos simultáneamente”, reporta Human Rights Watch. 

“Algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones”, dijo el presidente Bukele en la Asamblea General de la ONU en 2024, al defender internacionalmente su estrategia de mano dura.

De hecho, en cuanto a los resultados, hasta hace poco El Salvador era considerado uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, según el Banco Mundial. Sin embargo, desde que comenzó el régimen de excepción, ese número se redujo a ocho homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. 

Y esta tendencia continúa, según cifras de ese gobierno. En 2025 se produjeron 82 homicidios, y en lo que va de 2026, 34. Calculando con una población de poco más de 6 millones, según el más reciente censo, las tasas para esos años estarían cercanas a 1 por cada 100.000 habitantes. 

Estado de excepción en El Salvador

Las megacárceles se enmarcan en una política punitiva del estado de excepción de Bukele contra las pandillas que llegaron a controlar partes del territorio. Las más destacadas son la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que nació en Los Ángeles, Estados Unidos, con grupos de inmigrantes salvadoreños que habían huido por la guerra civil. Luego de deportaciones masivas, se instalaron en El Salvador. Ambas fueron designadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos. 

El régimen de excepción de Bukele le ha permitido realizar capturas y juicios masivos a estos pandilleros que terminan en penas de hasta 85 años y condenas acumulativas de más de 1.000 años. 

“Estos son los ‘presuntos miembros de pandillas’ de los que hablan algunos medios internacionales. Los mismos a los que ciertas ONG llaman ‘civiles’ y defienden con tanta insistencia. No fueron ‘presuntos pandilleros’ para sus víctimas. No fueron ‘civiles’ para las comunidades que vivieron bajo su control durante décadas”, dijo Bukele en una publicación en Facebook en abril. 

Defendió los juicios masivos comparándolos con los juicios de Núremberg, que juzgaron en Alemania a unos 20 altos mandos nazis por crímenes durante el Holocausto. 

“Pero este llamado ‘juicio masivo’ no trata sobre eso, sino sobre los 47.000 delitos que ordenaron, incluidos más de 29.000 asesinatos probados más allá de toda duda razonable. El único aspecto ‘novedoso’ es responsabilizar a los jefes por los delitos cometidos por sus organizaciones. Pero nosotros no inventamos ese principio. Se llama ‘responsabilidad de mando’, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, completó Bukele. 

¿Por qué es atractivo el modelo Bukele? 

Federico Donner, historiador y filósofo, señala que la tendencia de punitivización en la región viene desde la década de 1990 y que se sostuvo incluso durante la Ola Rosa (los gobiernos de izquierda en América Latina) aunque sin la retórica punitivista. 

“Lo que sucede a partir de Bukele y (el presidente de EE.UU., Donald) Trump es que eso que quizá producía un poco de vergüenza, que aparecía en las márgenes del discurso político, ahora es algo de lo cual los gobiernos se jactan. Y también están las nuevas formas de la violencia estatal centradas en la figura del combate contra el narcotráfico y el terrorismo. De producirse la excepción, nuevas figuras jurídicas quedan al margen de la ley, porque al narcotraficante o al terrorista se lo expulsa de la comunidad política y ya es una vida, matable”. 

“Mantengo intacto mi compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país”, dijo el presidente De la Espriella a finales de agosto. El mandatario colombiano ha expresado su admiración por Bukele y sus penales. 

En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, ya avanza la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, que ha sido bautizada como megacárcel, aunque solo tiene capacidad para 1.339 personas que han sido procesadas, pero cuya condena aún no está firme. 

¿Podrían funcionar las megacárceles en América Latina? 

Según el experto en seguridad Iván Carvajal, el modelo de Bukele no puede copiarse tal cual en otros países. Explica que mientras El Salvador es un país de tránsito del crimen, en Ecuador y Colombia se producen estructuras criminales. “En El Salvador se enfocaron en capturar individuos, en otros países no se puede hacer lo mismo”, destaca.

Carvajal explica que en la región hay un fenómeno de hacinamiento en las prisiones. Más penales con mayor capacidad podrían resolver esto. Pero también está el tema de la gobernanza criminal desde las cárceles y la corrupción sistemática entre quienes las administran. 

“En Colombia el 53% de las extorsiones ocurre desde las cárceles. Más del 50% de los secuestros y asesinatos se ordena desde allí. Las cárceles tienen estructuras criminales que son muy peligrosas porque tienen conexión con estructuras por fuera. Debe haber una mayor restricción de libertades que existen precisamente por la corrupción”, señala en conversación con TRT Español. 

Para Carvajal, un modelo de administración privada de los penales y políticas más estrictas podrían sumarse a las megacárceles para superar esto. 

Felipe Botero, director de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés), habla también del problema de sobrepoblación carcelaria en América Latina y cómo más penales podrían solucionarlo. Sin embargo, advierte que “si viene acompañado de un modelo populista punitivo donde damos cárcel a todo y penas muy largas, pues no funciona. Si hay capturas indiscriminadas, puede terminar en violaciones a derechos humanos. Deberían revisarse los procesos de juicio penal y las penas. Se necesita una reforma al sistema penal”.

“Bienvenido al infierno”: preocupaciones por condiciones de megacárceles

La más popular de las megacárceles es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en 2022 en El Salvador, y que alberga a 40.000 presos. 

“Nosotros, como Gabinete de Seguridad, nos vamos a encargar de que las penas sean suficientemente altas para que ninguno de los que entren al CECOT salga caminando, únicamente podrán salir en un ataúd”, dijo sobre este lugar Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, el líder de la estrategia penitenciaria y de seguridad. 

Un venezolano que fue deportado de Estados Unidos y terminó en el CECOT dijo que cuando llegó, el director le dijo: “Bienvenido al infierno”. Ese es el nombre del reporte de Human Rights Watch y la ONG Cristosal que es el más detallado hasta el momento de las condiciones a las que se enfrentan los presos allí. 

Encontraron que los detenidos eran sometidos a condiciones inhumanas, “incluyendo detención prolongada en régimen de incomunicación, alimentación inadecuada, privación de condiciones básicas de higiene y saneamiento, acceso limitado a la atención médica y a medicamentos, y falta de actividades recreativas o educativas”. También dicen que los golpean constantemente y que hay casos de violencia sexual. 

“Ni la seguridad puede ser incompatible con los derechos humanos, ni la defensa de los derechos humanos puede ignorar el deber del estado de proteger la sociedad frente a la criminalidad organizada y la violencia. Por eso es que los Estados deben ver el tema del sistema penitenciario desde su punto de vista particular y desde el análisis de una verdadera política criminal”, dice Camilo Rojas Castro, experto en política criminal y justicia restaurativa. 

Señala que hace falta una política para evaluar cómo cada privado de la libertad impone cargas y responsabilidades al sistema. “Lo que se hace hoy es una reacción frente al fenómeno criminal y se insertan personas en la cárcel. La deficiencia en América Latina es que no hay políticas estatales que se encaminen a una real revisión de su política criminal, que es supremamente importante para poder decidir si un Estado necesita megacárceles o una pequeña cárcel. Partiendo de esa revisión se puede lograr algo más serio”. 

Hay que decir que el término megacárcel que usan los gobiernos de América Latina es ambiguo en cuanto a la ocupación y apela más a las condiciones de seguridad, pues de los penales en construcción o prometidos, ninguno se acerca a las capacidades de los centros de El Salvador. 

Otro factor del modelo Bukele que han mencionado los mandatarios latinoamericanos son las alianzas público-privadas (APP) para las megacárceles como una forma de reducir el impacto fiscal en los gobiernos de construir y administrar penales más grandes, así como gestionar los gastos para más personas en condiciones de alta seguridad.  

En Estados Unidos son comunes las prisiones construidas y administradas por privados y pueden ser un negocio rentable. En América Latina hay experiencias de APP en México y Chile para administrar las cárceles. Pero por ahora, en esta ola de megacárceles, solo hacen parte del discurso.