La actividad minera podría acercarse a las reservas de agua y áreas biodiversas protegidas en toda Argentina. La reforma a la ley de glaciares, impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, avanzó este jueves tras ser aprobada por el Senado. La norma redefine los lugares donde las empresas mineras podrán operar y generó fuertes cuestionamientos por los riesgos que representa para el medioambiente, así como por los intereses empresariales que, según denuncian activistas, habrían influido en su aprobación.
El proyecto, que aún debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, modifica la ley vigente desde 2010, considerada pionera en Latinoamérica. En concreto, cambia el alcance de la protección hídrica en torno a los glaciares, permitiendo la explotación minera en zonas que hasta ahora estaban prohibidas.
La norma delega a las provincias la determinación exclusiva de identificar los glaciares que deben mantenerse protegidos mediante estudios de impacto ambiental y autorizar, en consecuencia, proyectos de explotación minera e hidrocarburífera. Pero cambia el criterio de protección: establece que solamente será necesario proteger las reservas “estratégicas” de agua, lo que en la práctica amplía las zonas para explotación.
El Gobierno sostiene que la modificación es necesaria para impulsar el desarrollo económico del país a través de la minería.
Protestas y arrestos
Antes del comienzo del debate, 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos mientras protestaban contra el proyecto. Habían entrado tras las rejas del edificio del Senado, levantando pancartas en las escalinatas de acceso al edificio.
Luego de varios minutos, la policía intervino, les arrebató los carteles que llevaban y los detuvo, según mostraron imágenes de televisión. La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación y se llevaron a los manifestantes. Más tarde fueron liberados, indicó la agencia de noticias AFP.
En medio del operativo también fue detenido un camarógrafo, quien estaba cubriendo los hechos. En imágenes difundidas por los medios se observa que resultó con lesiones en el rostro. La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se investigan las circunstancias de esa detención para determinar si fue "desmedida", en declaraciones al ingresar al Congreso.
Cuestionamientos
El Ejecutivo ha insistido en reformar esta ley desde que Milei asumió la Presidencia. En diciembre de 2023 envió al Congreso el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que incluía la modificación de la ley de glaciares dentro de un paquete de decenas de propuestas. Pero tuvo oposición y fue luego removida.
Ahora, organizaciones presentaron un informe técnico ante el Senado advirtiendo sobre los riesgos de la reforma. Señalan que glaciares y ambientes periglaciares funcionan como tanques naturales de agua, alimentando ecosistemas críticos a cientos de kilómetros de distancia. Alertan que modificar la normativa comprometería no solo las reservas estratégicas de agua dulce, sino también la fauna de la región.
Movimientos sociales y militantes realizaron protestas en las últimas semanas denunciando que la reforma prioriza los intereses de corporaciones mineras transnacionales. Sostienen que es una modificación elaborada a la medida de las grandes corporaciones mineras transnacionales que, desde hace más de una década, presionan de manera sistemática para flexibilizar.
Desde su sanción en 2010, la ley enfrentó cuestionamientos de sectores vinculados a la megaminería, que intentaron limitar su alcance. En 2019, un reclamo de Barrick Gold llegó a la Corte Suprema, que sin embargo ratificó la constitucionalidad de la norma y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos, y que los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen sobre intereses individuales.
Con la presidencia de Milei y su enfoque de permitir mayor actividad minera, los intentos de limitar la protección ambiental cobraron nuevo impulso. El partido gobernante sostiene que no todos los ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos y que la decisión, caso por caso, de las provincias —dueñas de los recursos naturales según la Constitución— podría habilitar proyectos productivos en áreas sin función hídrica relevante.
Entre las principales multinacionales que operan hoy en día en Argentina están la canadiense Barrick Gold y Lundin Mining, la estatal china Shandong Gold, la anglo-australiana BHP, la multinacional Río Tinto (con participación de BlackRock y la estatal china Chinalco) y la suiza Glencore (con participación del fondo estatal Qatar Holding).
Impacto ambiental
El ambiente glacial no se limita a las grandes columnas blancas de la Cordillera de los Andes. También existen cuerpos de hielo más pequeños, mezclados con rocas o cubiertos de tierra, que conforman el ambiente periglacial. Junto con los grandes glaciares, funcionan como una reserva vital de agua para animales y plantas, además de sostener ecosistemas clave.
El primer Inventario Nacional de Glaciares se presentó en 2018. Según el relevamiento, Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie total alcanza los 8.484 kilómetros cuadrados, equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.
Se estima que hay unos 16.000 glaciares a lo largo de la cordillera, principalmente en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut. Desde 1990 han retrocedido sostenidamente, y la velocidad de su retroceso aumenta con el tiempo. Esto implica que el agua que aportan será cada vez más escasa, un riesgo que podría agravarse con la reforma.
