Vestido con un uniforme de prisión a rayas y trasladado en una jaula de hierro, la semana pasada llegó al Palacio de Justicia de Damasco, en Siria, un exgeneral caído en desgracia.

En el pasado, Atef Najib decía “yo soy Dios en Daraa” antes de asesinar a sus víctimas. Pero ahora finalmente estuvo donde muchos habían soñado verlo: tras las rejas, respondiendo por sus crímenes y convirtiéndose en el primer funcionario del régimen derrocado en enfrentar un juicio público dentro de Siria.

El tan esperado juicio comenzó 16 meses después de que el régimen autoritario de Bashar Al-Assad fuera derrocado en una operación relámpago por fuerzas de oposición. El líder depuesto huyó a Moscú junto a su esposa e hijos, además de su hermano Maher.

Najib, primo de Bashar al Assad y arquitecto de una de las primeras y más brutales represiones del levantamiento, dirigía una rama de seguridad que secuestraba niños de las calles, los sometía a descargas eléctricas y mutilaciones, y devolvía sus cuerpos destrozados a sus familias semanas después.

Frente a él, colocado en un panel dentro de la sala, había una fotografía de Hamza Al-Khatib, el niño de 13 años de Daraa —ciudad en el suroeste de Siria— cuyo cuerpo torturado se convirtió en el símbolo más contundente del levantamiento sirio.

El juez presidente, Fakhr al-Din al-Aryan, abrió la sesión con las palabras: “Hoy iniciamos los primeros juicios de justicia transicional en Siria”.

El propio Al-Aryan había sido condenado a muerte en ausencia por el régimen de Assad tras desertar públicamente del sistema judicial sirio en 2013. Pasó más de una década en el exilio antes de regresar, tras la caída de Assad, para encabezar el mismo tribunal que ahora juzga a los hombres del régimen opresor.

Multitudes se reunieron frente al tribunal en señal de celebración, mientras familiares de víctimas —incluidos algunos de Daraa— asistieron a la sesión. Muchos de los presentes, que hasta hace pocos años eran buscados por las fuerzas de seguridad bajo Assad, se encontraron ahora como testigos de un momento largamente esperado de rendición de cuentas.

Para muchos sirios que pasaron años en el exilio con poco más que una lejana esperanza de regresar, ver a antiguos funcionarios del régimen en el banquillo marca un punto de inflexión, explica Nedal Al-Amari, activista político de Daraa.

“Nunca pensé que este día llegaría. Durante años, me decía a mí mismo que mi único sueño era poder ser enterrado algún día en Siria cuando muriera; eso era lo máximo que me permitía esperar”, cuenta Al-Amari a TRT World.

“Pero ver a los criminales tras las rejas en un tribunal sirio cambió algo en mí. Me hizo creer de verdad, por primera vez, que la justicia prevalecerá, sin importar cuánto tiempo lleve ni el costo”.

“Ese momento se sintió como el comienzo de algo que ya no creía posible”.

Apenas el inicio

La sesión del domingo fue preparatoria y apenas el inicio de una justicia largamente esperada.

Se espera que Najib vuelva ante el tribunal el 10 de mayo, cuando comiencen los procedimientos sustantivos. Pero no estará solo por mucho tiempo.

Una fuente judicial dijo a la agencia de noticias AFP que los futuros juicios presenciales incluirán a Wassim Al-Assad, otro familiar del expresidente, y al ex gran muftí Ahmed Badreddin Hassoun, así como a funcionarios militares y de seguridad arrestados por las nuevas autoridades en los últimos meses.

El propio Bashar Al Assad, junto con su hermano Maher —excomandante de la 4.ª División Acorazada del ejército sirio—, está acusados en ausencia de asesinatos, tortura, extorsión y tráfico de drogas.

Pero para algunos, ningún veredicto en un tribunal de Damasco estará completo hasta que el hombre en la cima de la cadena de mando sea llevado físicamente para responder ante la justicia. “Para mí, solo hay una medida de éxito: que todos los que participaron en la matanza del pueblo sirio rindan cuentas; cada oficial, cada funcionario, cada persona que dio una orden o apretó un gatillo”, afirma Al-Amari.

“Más allá de las fronteras de Siria, quiero ver a Rusia entregar a Bashar Al-Assad. Mientras siga cómodamente en Moscú, el proceso siempre se sentirá incompleto”. Y añade: “La justicia no puede darse por concluida mientras el principal responsable de la muerte de cientos de miles de sirios siga libre”.

Días antes de la apertura del juicio, las autoridades sirias arrestaron a Amjad Yousef, principal sospechoso de la masacre de Tadamon en 2013 en Damasco, en la que murieron al menos 41 personas.

Un video filtrado parecía mostrar a Yousef disparando contra civiles detenidos, con los ojos vendados y las manos atadas. Su arresto sugiere que la red se está ampliando más allá de figuras políticas de alto perfil para alcanzar a quienes tienen pruebas documentadas de atrocidades.

La justicia, en juego

Los procedimientos llegan con enormes expectativas y un impulso creciente. La Red Siria para los Derechos Humanos ha documentado al menos 177.000 casos de desapariciones forzadas desde 2011, y la sesión del domingo marcó el primer paso concreto para exigir responsabilidades.

Al-Amari, aunque valora este momento, modera sus expectativas y pide respuestas sobre el destino de más de 150.000 personas que desaparecieron en el sistema de detención del régimen.

“Honestamente, la primera sesión no estuvo al nivel que esperábamos; se sintió más como una presentación, una formalidad. Pero lo entiendo completamente y no lo digo como una crítica”, dice. Y aclara: “Siria está reconstruyendo todo su sistema de justicia desde cero, y eso lleva tiempo”.

“Lo importante es que esa reconstrucción ha comenzado. Y cuando hablo de justicia, no me refiero al dinero; nadie está realmente buscando compensación económica”, afirma.

Los sirios creen que la rendición de cuentas duradera debe ir más allá de los tribunales, e incluir la búsqueda de la verdad, reparaciones y reformas institucionales, junto con los procesos penales.

“La gente quiere la verdad. Hay más de 150.000 sirios que desaparecieron bajo el régimen y nunca se supo qué pasó con ellos. No sabemos nada: ni dónde están ni qué les ocurrió”, señala Al-Amari.

“Cinco de mis propios primos están entre ellos. Para sus familias, la verdad lo es todo”, agrega.

El Gobierno del presidente Ahmed Al-Sharaa ha venido sentando las bases desde los primeros meses tras la caída de Assad, creando tanto una Comisión Nacional de Justicia Transicional como una Comisión de Personas Desaparecidas mediante decreto presidencial en mayo de 2025.

Para un país que pasó 14 años sin ningún tipo de rendición de cuentas, la apertura de este tribunal fue, como afirmó el propio juez, un nuevo comienzo.