Venezuela recibirá “de brazos abiertos” a quienes vuelvan bajo ley de amnistía, dice Rodríguez

Venezuela está “de brazos abiertos” para “quienes quieran regresar” al país, declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este lunes, al invitar a los venezolanos a acogerse a la recién promulgada Ley de Amnistía General, una medida que, según afirmó, busca abrir una etapa de reconciliación en el país.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", aseguró.

Rodríguez reiteró que Caracas da la bienvenida al regreso de los venezolanos que estén fuera del país, aunque advirtió que “hay sectores dando lectura incorrecta” de la Ley de Amnistía y señaló, sin identificar, a actores de intentar “descarrilar” el proceso desde el extranjero

“Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela”, aseveró, sin dar más detalles. “Que sea el pueblo venezolano quien juzgue”.

“Yo llamo a una justicia genuina y verdadera”, sostuvo Rodríguez. “Este proceso, que estamos construyendo todos… hay que cuidarlo y por eso yo les agradezco que se incorporen y que estemos sumados”, dijo. Y agregó: “Quien venga a descarrilar el proceso e impedir la sanación de Venezuela, que se encuentre con la voluntad férrea de un país por la paz”.

Los comentarios de la mandataria presidenta se produjeron días después de que se promulgara la nueva ley en la Asamblea Nacional, el 19 de febrero.

La Ley de Amnistía General, impulsada por el Ejecutivo, contempla beneficios para personas procesadas o condenadas por la presunta comisión de “delitos políticos o conexos” vinculados a 13 periodos y hechos ocurridos entre 2002 y 2025. Entre ellos, figuran el fallido golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de ese año y distintos ciclos de protestas y violencia, incluso tras las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, la amnistía no es automática. El tribunal que lleva cada caso debe verificar si corresponde otorgarla y decretar el cierre del proceso o la anulación de la sentencia. El trámite puede iniciarse a solicitud del Ministerio Público o del propio interesado, y quienes se encuentren en el exterior pueden gestionar la solicitud mediante un representante legal.

Cabe destacar que uno de los puntos más controvertidos en el debate en la Asamblea Nacional fue la obligación inicial de que los potenciales beneficiarios comparecieran ante la Justicia para solicitar la amnistía, un requisito que dejaba fuera a quienes están fuera del país.

Finalmente, esa condición fue modificada: el artículo 7 ahora dispone que la solicitud debe presentarse ante los tribunales, pero permite que los residentes en el extranjero gestionen el trámite mediante un apoderado o representante legal.

Más allá de esa cláusula, Rodríguez ha subrayado que todos los venezolanos que viven fuera pueden regresar y acogerse a la norma, rechazando lo que califica de “lecturas incorrectas” y pidiendo no alimentar narrativas que busquen desvirtuar el proceso de reconciliación que, según ella, promueve la ley. Con todo, sus declaraciones abren la puerta para que quienes hasta ahora permanecían fuera del país por temor a consecuencias judiciales puedan regresar y beneficiarse de la amnistía.

3.200 excarcelados bajo la ley de amnistía

Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el martes que más de 3.200 personas han sido beneficiadas por la ley desde que entró en vigor. El grupo incluye tanto a quienes estaban encarcelados como a personas que se encontraban bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas.

El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión que supervisa la implementación de la ley, explicó en conferencia de prensa este martes que las autoridades habían recibido 4.203 solicitudes, y que, tras evaluarlas, se concedió plena libertad a 3.052 personas que se encontraban bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas, así como a otras 179 personas que se encontraban en prisión.

"El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz", subrayó el parlamentario previamente, en declaraciones el lunes. 

Ministro de Venezuela pide liberación de Maduro ante la ONU

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, solicitó el lunes ante la ONU la liberación “inmediata” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron capturados y trasladados a la fuerza a Nueva York durante la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Caracas en enero pasado. 

"Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política", reclamó Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades", sostuvo. "Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones".

La oposición dice estar preparada para elecciones

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, pidió este lunes condiciones claras para un proceso de transición que, afirmó, “no ha arrancado” en el país, y anunció que se está preparando para la posibilidad de que se celebren elecciones.

En una rueda de prensa, Delsa Solórzano, presidenta y líder dentro del partido Encuentro Ciudadano que integra la PUD, indicó que para hablar de una transición efectiva deben cumplirse varios pasos esenciales. Entre ellos nombró la liberación de quienes estén encarcelados por lo que afirma son motivos políticos, algo que considera “el primer paso fundamental” para avanzar.

Solórzano también subrayó que, si se cumplen estas condiciones, la coalición se está preparando para la posibilidad de celebrar elecciones “a través del voto” como mecanismo para consolidar ese proceso transicional, aunque no especificó fechas ni calendarios concretos. 

Nuevos ataques en el Caribe y el Pacífico

Ahora bien, las costas cercanas a Venezuela continúa repercutiendo la campaña militar estadounidense contra embarcaciones. Este lunes, el Comando Sur de EE.UU. informó de un nuevo ataque contra una lancha en el Caribe presuntamente vinculada al narcotráfico. El bombardeo dejó tres muertos y elevó a al menos 150 el número de personas fallecidas desde que comenzaron estas operaciones en septiembre de 2025 en el marco de la llamada operación Lanza del Sur.

Washington lanzó esta campaña bajo el argumento de que forma parte de la lucha contra el narcotráfico, pero la ofensiva también se ha entrelazado con las tensiones con Venezuela y las acusaciones repetidas —sin pruebas públicas— de vínculos entre su gobierno y carteles de droga. Según el Comando Sur, estos ataques buscan interceptar y destruir embarcaciones que operan en “conocidas rutas de narcotráfico” y están vinculadas a organizaciones que el Pentágono clasifica como “narcoterroristas”.

Sobre el ataque del lunes, el organismo militar aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque letal cinético en un barco operado por organizaciones designadas como terroristas". 

"Inteligencia confirmó que el buque estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños", indicó.

Este nuevo bombardeo llega tras una operación que dejó otros tres muertos el viernes pasado en el Pacífico, también por presunto narcotráfico. Además, la semana pasada, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron la destrucción de otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total dejó 11 muertos —el mayor ataque simultáneo desde que comenzó la campaña–.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas e incluso algunos republicanos han calificado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque se encuentran en un “conflicto armado” con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.