El Gobierno de España ha movido ficha contra la ocupación israelí de Palestina. Por primera vez, ha exigido a siete grandes plataformas internacionales de alquiler turístico que retiren anuncios de alojamientos situados en Cisjordania ocupada. La decisión, anunciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 este martes, aplica la legislación española ya vigente y el derecho internacional para frenar la normalización económica de la ocupación y señala de forma directa la responsabilidad de estas empresas.
Aunque el ministerio no ha hecho públicos los nombres de las siete plataformas a las que afecta la medida, empresas como Airbnb y Booking han sido señaladas en los últimos años por sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Estas entidades las acusan de ofrecer alojamientos en territorios palestinos ocupados, presentándolos como si formaran parte de Israel.
Asimismo, una investigación del ministerio identificó 138 anuncios activos y accesibles desde España, correspondientes a alojamientos ubicados en más de 200 códigos postales que son, en realidad, asentamientos israelíes ilegales. Las plataformas han sido notificadas para eliminar o bloquear estos contenidos destinados a los usuarios en territorio español. En caso de no hacerlo, el Gobierno advierte que podría adoptar nuevas medidas, incluidas sanciones administrativas.
Para entender el alcance de la decisión española, es importante precisar cómo surgieron estos asentamientos y por qué son ilegales. Tras la guerra de los Seis Días, en 1967, Israel ocupó territorios palestinos como Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. Desde entonces, ha promovido la construcción de colonias civiles destinadas a población israelí en esas zonas. Según el derecho internacional, una potencia ocupante no puede trasladar a su propia población civil al territorio que ocupa, por lo que estos asentamientos son considerados ilegales por la comunidad internacional. De hecho, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo histórico en julio de 2024, en el que declaró ilegales dichos asentamientos y llamó a Israel a desmanterlarlos.
La ocupación también se normaliza a través del turismo
En este contexto, se debe tener en cuenta que el debate trasciende los mapas o las simples denominaciones: promocionar servicios en asentamientos supone que agencias y plataformas turísticas se beneficien económicamente de asentamientos ilegales y, en consecuencia, de la ocupación israelí. A su vez, esa promoción atrae visitantes, genera ingresos y consolida asentamientos que, sin ese flujo económico, tendrían mayores dificultades para sostenerse.
En este sentido, desde el ministerio subrayan que este tipo de anuncios de alojamientos “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal”.
Cabe destacar que la medida se produce un día después de que el Ministerio de Hacienda publicara en el Boletín Oficial del Estado el listado oficial de localidades y códigos postales correspondientes a estos asentamientos, considerados ilegales según el derecho internacional. Esta coordinación administrativa refuerza la base jurídica de la decisión y facilita su aplicación efectiva en el mercado español.
No obstante, la medida anunciada este martes se apoya también en un real decreto aprobado en septiembre, que declara ilícita en España la promoción de productos y servicios procedentes de asentamientos ilegales, algo que, según el ministerio, estas empresas no han cumplido hasta ahora.
El enfoque del Gobierno español se apoya también en la opinión consultiva de la CIJ, que instó a los Estados a “tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”. Esta posición ha sido sostenida durante décadas por la ONU, que ha advertido reiteradamente del papel de las actividades económicas privadas en la consolidación de la ocupación.
