El Gobierno de EE.UU tiene la mira puesta en la Corte Penal Internacional (CPI), en una maniobra que coincide con los intereses de Israel –su aliado de larga data–, pero también con lo que busca afianzar en América Latina y el Caribe, que se alinea cada vez más con la agenda de seguridad de Washington. Y ahí el Escudo de las Américas (ahora A3C), la estrategia ideada por la Casa Blanca para la cooperación militar y de seguridad a nivel regional, aparece como una llave clave. 

De hecho, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, hizo en agosto un llamado explícito a los miembros de la A3C sobre la CPI: “La Corte Penal Internacional representa una amenaza a su soberanía nacional, a sus mandatos constitucionales y a los intereses de sus pueblos, así como de los nuestros. Por eso aliento fuertemente a todos los miembros de la A3C a que abandonen la Corte Penal Internacional”. 

Hegseth mencionó la “Operación Lanza del Sur” como un modelo exitoso del Gobierno de EE.UU. en la lucha contra los narcotraficantes. Se trata de las operaciones de bombardeos estadounidenses a embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico que Washington dice que atacan supuestamente redes de narcotráfico y carteles. Tras una pausa de dos meses, los operativos se reanudaron en agosto. Grupos de derechos humanos han denunciado que se trata de ejecuciones extrajudiciales y que no se conocen pruebas de que en efecto las embarcaciones estén transportando drogas.  

“Le hacemos cosas malas a las malas personas”

En su intervención en agosto, Hegseth les agradeció a Panamá, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Jamaica y Colombia por sumarse a “operaciones conjuntas contra narcoterroristas”. Y ahí estaría la clave de por qué Washington está pidiendo con tanta vehemencia que los miembros de la A3C dejen la CPI. 

Se resume mejor en una de las últimas frases que pronunció Hegseth en ese discurso. “Estoy orgulloso de anunciar el nuevo slogan de la A3C, quizás formal, quizás informal, todavía no he decidido. El nuevo slogan es ‘le hacemos cosas malas a las malas personas’”. 

Esas “cosas malas” que hacen o van a hacer en la región, dicen dos expertos consultados por TRT en Español, podrían representar acciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta blindar alejando a los países de la corte.

El primer fiscal de la CPI, el argentino Luis Gabriel Moreno, quien estuvo de 2003 a 2012, dice que Trump está en una cruzada contra el tribunal porque “se da cuenta de que si Estados Unidos va a controlar el mundo a través de fuerzas armadas, tiene que evitar un poder judicial mundial que en un futuro pueda investigar a sus tropas y a sus aliados”. 

“Parece que tuvieran la intención de no hacer esas operaciones bajo los cánones que establece el Derecho Internacional, ni mediante la protección de derechos humanos”, dice a TRT Español Higuera Angulo, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Bosque de Bogotá.

Moreno agrega una advertencia sobre las intenciones de Washington: “Trump defiende usar las fuerzas armadas con el tema de los narcotraficantes, que es policial. Puede llegar a contagiar a toda la fuerza armada de la región y que pongan las fuerzas armadas en contra de los ciudadanos del propio país. Eso pasó durante la Guerra Fría en América Latina. Y no debería volver a pasar”. 

Trump vs. la Corte Penal Internacional

El Gobierno Trump ha calificado a la CPI como un organismo “ilegítimo y politizado” y ha criticado las acciones de la corte contra Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant tienen desde 2024 una orden de arresto emitida por la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad debido a sus acciones en Gaza. 

Sin embargo, Washington señala que la corte no debería poder sancionar a estadounidenses ni a otros ciudadanos que no hayan ratificado el Estatuto de Roma, el texto fundacional de la CPI.

“Nuestra campaña para desmantelar la amenaza que representa la CPI a la soberanía nacional será profunda y esperamos que más países se unan dando por terminada su financiación y participación en esta corte politizada e irresponsable”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando emitió sanciones contra varios jueces de la corte el pasado 12 de agosto.  

Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, por lo que no hace parte de la CPI. Además, no hay actualmente ninguna investigación en curso en ese tribunal contra ciudadanos estadounidenses. Hubo una pesquisa en 2020 sobre las acciones del personal militar en Afganistán en el marco de la invasión, pero se desestimó para reenfocarse en los presuntos crímenes cometidos por los talibanes y las fuerzas armadas. 

El asunto clave aquí es que la corte no juzga países, sino individuos, y eso le permite investigar y llevar a cabo procesos sobre personas que hayan cometido ofensas en territorios que sí la reconozcan la CPI. 

Esa es la razón por la que, a pesar de que Israel no pertenezca a este tribunal, pueden pedir el arresto de Netanyahu por sus acciones en Palestina, que firmó el Estatuto de Roma. 

“La CPI representa un símbolo del orden liberal internacional que el trumpismo critica y desprecia. En su espectro ideológico, el nacionalismo, la supremacía de la soberanía estatal, el unilateralismo y, ante todo, un principio arcaico de ‘razón de Estado’ como determinante de la política exterior de Estados Unidos en el mundo, son valores superiores a aquellos que forjaron el orden liberal internacional desde 1945, el cual el trumpismo señala como causante del deterioro doméstico y la hegemonía internacional de Estados Unidos”, dice Alexander Rojas, profesor de la universidad del Bosque, en conversación con TRT en Español. 

El profesor Higuera coincide con la visión de Rojas y dice que Trump está empujando al límite el cuestionamiento de los organismos multilaterales, llevado no por los intereses globales, sino por los de Estados Unidos y sus aliados, sobre todo Israel. Afirma que a Trump realmente no le importa “lo que ha sido la construcción durante muchísimos años de ese gran andamiaje de cooperación y relacionamiento a través del multilateralismo”.

Historia, importancia y fallas de la CPI

La CPI fue creada en 1998 con la adopción del Estatuto de Roma que fue firmado en ese entonces por 120 países miembros. Comenzó a funcionar en La Haya, Países Bajos, en 2002. 

La corte fue creada para juzgar cuatro tipos de delitos internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Cabe aclarar que este tribunal es una última instancia: allí llegan los casos que los sistemas judiciales de los países no pueden o no quieren juzgar. Además, solo tiene jurisdicción sobre acciones cometidas en los Estados miembros y acatar los fallos depende de cada país. 

“La Corte Penal Internacional es la primera institución que la humanidad pudo crear para investigar crímenes internacionales. Y por eso Trump cree que es una estrategia central de su misión eliminar la CPI, que es la única institución mundial independiente que tenemos. Después está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero Trump tiene el poder de veto, así que no puede hacer nada en contra de Estados Unidos. En la Corte Penal Internacional no hay poder de veto”, explica el exfiscal Moreno.

Pero no es un tribunal perfecto. Algunos analistas, como el profesor Rojas, señalan ciertas fallas: “Su impacto judicial ha sido deficiente: sus procesos internos son demorados, su capacidad institucional es frágil, la falta de respaldo de las grandes potencias le resta pragmatismo, y, finalmente, el declive del orden liberal internacional, bajo el cual se inscribe, ponen su labor y continuidad en alto riesgo”. 

América Latina y el Caribe han estado históricamente alineadas con la corte, señala Moreno, con las excepciones de Cuba y Nicaragua. 

Ahora de lista de países en la CPI saldría Venezuela, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Félix Plasencia. “Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos", dijo cuando anunció la decisión que calificó de “irrevocable”. 

El Departamento de Estado, en una declaración que subraya su tesis de que funciona más la fuerza que las instancias de la justicia, dijo que aplaudía la decisión de Venezuela de salir de la CPI. 

Por otra parte, varios medios en Colombia han reportado que el presidente Abelardo de la Espriella estaría estudiando retirar al país del tribunal internacional. No sorprendería si la decisión se concreta según informes, pues De la Espriella se ha alineado con Trump y sus medidas, y por ende con Israel, su gran aliado. 

Ahora, salir de la CPI requiere notificar al secretario general de la ONU y el retiro es efectivo un año después. Además, las investigaciones que ya estén en curso continúan sin importar que el país ya no haga parte de la corte. 

¿Responderá América Latina al llamado de Trump? 

Retirar a un país de una instancia internacional por alinearse con los intereses de un gobierno de turno tiene sus riesgos, según expertos consultados por TRT Español.

“Esto también lleva a un debilitamiento formal de cada país y de la región. De verse sometido de una u otra manera a las necesidades de Estados Unidos. ¿Dónde queda la autonomía y soberanía de cada Estado en temas, por ejemplo, del crimen organizado?”, destaca el profesor Higuera.

El académico Rojas coincide con esta visión y señala el impacto que podría tener en la justicia en la región. “Alinearse con Washington podría traer réditos diplomáticos inmediatos, pero empeorar los ya deteriorados niveles de impunidad de los sistemas judiciales latinoamericanos”.