Las aguas del Caribe volvieron a ser sacudidas este jueves por el ataque letal que Estados Unidos lanzó contra otro barco que supuestamente traficaba drogas, según anunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Con las tres personas que mató este bombardeo, el saldo de la ofensiva de Washington en aguas internacionales, contra lo que ha justificado como su “lucha contra las drogas”, asciende a por lo menos 70.
Hegseth, anunció la operación a través de la red social X, donde publicó imágenes aéreas del ataque. Según precisó, la acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida contra “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”. El video mostraba una embarcación navegando antes de estallar en llamas.
"Tres narcoterroristas que iban a bordo murieron", declaró el secretario, sin proporcionar más información que permitiera identificar a las personas. "A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar con drogas. Si continúan traficando con drogas mortales, los mataremos", volvió a amenazar.
Hegseth además aseguró en Truth Social que el bote transportaba “estupefacientes en el Caribe” y que la operación fue ordenada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como ha ocurrido en ataques anteriores.
Washington comenzó a realizar este tipo de operaciones desde principios de septiembre, apuntando contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico oriental. Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de 16 operaciones, en las que afirman haber destruido al menos 18 naves hasta ahora: 17 barcos y un semisumergible.
Sin embargo, la Casa Blanca no ha presentado evidencias públicas de que los objetivos atacados estuvieran efectivamente traficando narcóticos o representaran una amenaza directa para el país.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han puesto en duda la legalidad de este tipo de operativos, argumentando que los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico violan el derecho internacional. Justamente, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, calificó las acciones como “inaceptables” y pidió una investigación independiente, describiéndolas como posibles ejecuciones extrajudiciales.
Además, durante lo que ya son más de dos meses, Trump ha expandido la presencia militar estadounidense en Latinoamérica, desplegando infantes de marina, buques de guerra, aviones de combate y bombarderos, submarinos y drones. También se reporta que el portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe como parte de este despliegue.
Fracasa en el Senado intento por frenar ofensiva de Trump en el Caribe
La ofensiva de Trump contra embarcaciones en el Caribe y el Pacifico oriental estuvo bajo la lupa este jueves, por cuenta de un intento en el Senado de EE.UU. para frenar los ataques. La resolución que buscaba detener los bombardeos, y que se había considerado principalmente simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra. Lo que deja vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur.
Ahora bien, la norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.
El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que el gobierno informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales.
El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están "cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente".
Tensiones
Estas acciones militares han elevado las tensiones regionales. El presidente venezolano, Nicolás Maduro —a quien Washington acusa de narcotráfico, sin pruebas—, ha denunciado que el despliegue estadounidense es un pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano. El mandatario insiste en que no existen cultivos de drogas en su país y que las acusaciones forman parte de una campaña política.
Mientras tanto, la administración de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos se encuentra involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de drogas latinoamericanos, a los que describe como “grupos terroristas” para justificar las operaciones militares.
Sin embargo, los gobiernos y las familias de las víctimas de los ataques estadounidenses sostienen que muchos de los fallecidos eran civiles, principalmente pescadores. En la misma línea, Turk, ha señalado que las muertes se produjeron “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.
