“Hay que saber pedir perdón”: Venezuela aprueba histórica ley de amnistía que busca reconciliación
La Asamblea de Venezuela aprobó una ley de amnistía que llevaría a la liberación de encarcelados por “delitos políticos”. La presidenta encargada, Rodríguez, afirmó que se abre una puerta para que el país “se reencuentre”. ¿Qué contempla la norma?
Una histórica legislación que, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, augura “nuevas alamedas para la política” en el país latinoamericano: la Ley de Amnistía General. Se espera que conduzca a la liberación masiva de personas encarceladas por “delitos políticos” o causas vinculadas.
La nueva norma fue sancionada por unanimidad en la Asamblea Nacional y su aprobación coincide con una serie de excarcelaciones registradas de forma continua en los últimos dos meses en el país, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
“Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre y aprenda a vivir democráticamente y se despoje del odio; que primen el entendimiento, el reconocimiento. La Ley de Amnistía va más allá”, declaró Rodríguez tras promulgar la norma, que fue iniciativa suya.
"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez. "Nos estamos desprendiendo de la intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela", añadió.
Rodríguez sostuvo además que “muchas veces la violencia con fines políticos llevó a crímenes de odio, y que esos crímenes de odio llevaron también a justificar agresiones externas”. En ese sentido, consideró que la aprobación de la ley “demuestra la madurez política de todos los que participaron” en el proceso legislativo.
Desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada —dos días después de la captura de Maduro—, Caracas ha informado la liberación de 900 personas. Sin embargo, persisten discrepancias entre las cifras oficiales y las que manejan organizaciones internacionales. La ONG Foro Penal sostiene que 448 opositores han quedado en libertad y que aún permanecen 644 personas encarceladas.
¿Qué contempla la ley?
La norma establece que la amnistía general abarcará a todas las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” en el marco de 13 hechos políticos específicos ocurridos entre 2002 y 2025.
El Artículo 8 detalla qué episodios serán objeto del beneficio. La amnistía incluye hechos vinculados al golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, así como la huelga petrolera de ese mismo año. También abarca manifestaciones, disturbios y episodios de violencia política ocurridos en distintos momentos, como los registrados durante las elecciones presidenciales de julio de 2024 y el período posterior, hasta 2025.
No obstante, sus críticos han argumentado que la amnistía debe abarcar los últimos 27 años –desde la asunción de Chávez al poder– sin excepciones.
Asimismo, el Artículo 9 establece que no serán considerados para la amnistía quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, tal como ordena la Constitución. También excluye a "personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".
El tribunal a cargo de cada causa será el responsable de verificar la aplicación de la amnistía y de decretar la terminación de los procesos en curso o la anulación de sentencias firmes. El procedimiento podrá iniciarse “a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada”.
Uno de los ejes más controvertidos del debate fue la condición inicial que obligaba a los potenciales beneficiarios a comparecer ante la Justicia antes de acceder a la amnistía, un requisito que dejaba fuera a quienes se encuentran en el extranjero. No obstante, finalmente fue modificada y, ahora, el Artículo 7 dispone que la solicitud debe presentarse ante los tribunales, pero habilita que quienes estén fuera del país puedan gestionar el trámite mediante un apoderado o representante legal.
Jorge Rodríguez anuncia revisión de la Ley contra el Odio
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves, durante el debate de la ley de amnistía, que se iniciará una revisión de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una normativa vigente desde 2017.
La ley contempla, entre otras disposiciones, la posibilidad de revocar la inscripción de partidos y organizaciones políticas que, a criterio del Estado, promuevan el “fascismo, la intolerancia y el odio nacional”. También establece penas de hasta 20 años de prisión por los denominados delitos de odio, motivo por el cual ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales desde su sanción.
Rodríguez reconoció que en algunos casos hubo una “mala utilización” de esta normativa, por lo que consideró necesario revisarla y, eventualmente, reformarla.
En ese marco, explicó que el Programa por la Convivencia Democrática, impulsado para promover el diálogo político en el país a pedido de la presidenta encargada, se encuentra actualmente “estudiando los alcances” de la norma, y adelantó que es “muy probable” que la iniciativa llegue al Parlamento para su modificación.
“Es una ley que consideramos muy útil, la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática. El programa de convivencia y paz está justamente evaluando sus alcances. Es muy probable que esta ley sea reformada en la Asamblea Nacional, pero también es cierto que hubo situaciones de mala utilización, y eso debe ser corregido”, afirmó el diputado.
Cooperación con Estados Unidos y petróleo venezolano
Horas antes, y mientras siguen bajando las tensiones derivadas del operativo de Estados Unidos en Caracas, ambos gobiernos avanzaron en la posibilidad de colaborar en materia de seguridad regional y cooperación institucional. Según informó el Ejecutivo venezolano, la presidenta encargada Rodríguez recibió en Caracas al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, este miércoles.
Durante la reunión, ambas partes acordaron “trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región, terrorismo y migración”, informó el gobierno venezolano. “Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”, añadió la Embajada de Estados Unidos en un comunicado.
Este acercamiento se produce en paralelo a la posición de la Casa Blanca sobre el sector energético venezolano. Aunque el petróleo del país sudamericano permanece bajo sanciones estadounidenses desde 2019, el embargo comenzó a flexibilizarse a partir de enero, cuando Estados Unidos anunció que pasaría a supervisar las operaciones.
En ese marco, esta semana Washington autorizó a la firma francesa Maurel & Prom a operar en Venezuela, sumándose a otras compañías con permisos vigentes como BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país “tomó 50 millones de barriles de petróleo venezolano”, que actualmente están siendo trasladados hacia territorio estadounidense. Según afirmó, los cargamentos viajan en grandes buques con destino a Houston, en el estado de Texas.
"Han oído hablar de Venezuela, y les estamos ayudando mucho con su petróleo. Tienen mucho petróleo... Tomamos 50 millones de barriles de petróleo. Ahora mismo está flotando muy bien y en barcos extremadamente grandes rumbo a Houston", sostuvo Trump.