El posicionamiento de España frente al genocidio de Israel en Palestina se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación en el Parlamento del país europeo. Mientras el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha endurecido su posición hacia Tel Aviv apelando al respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, la derecha española ha respondido desplazando el debate sobre la legalidad internacional y la situación del pueblo palestino hacia la polarización interna.

Las críticas del Partido Popular (PP) y Vox revelan así menos una alternativa coherente de política exterior que una tendencia a alinearse con Israel, incluso cuando ese posicionamiento entra en evidente tensión con el respeto a los derechos humanos y con posturas que la propia derecha española defendió en el pasado.

La derecha responde y evita el debate

Cuando Sánchez anunció el pasado 19 de abril de 2026 que España propondría ante la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, el PP, principal partido de la oposición, no respondió discutiendo el fondo jurídico o diplomático de la iniciativa. Su secretario general, Miguel Tellado, evitó pronunciarse sobre el acuerdo y acusó al presidente español de buscar “un enemigo exterior” para distraer de sus problemas internos. La frase es reveladora: ante una proposición respaldada también por Irlanda y Eslovenia, y basada en el Artículo 2 del acuerdo UE-Israel, la principal respuesta de la derecha española fue traducir una cuestión de política exterior en una batalla doméstica.

La propuesta de España, Irlanda y Eslovenia pedía a la UE estudiar la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel por decisiones ejecutivas, militares y legislativas que, según los tres gobiernos, contravienen los derechos humanos y el derecho internacional. El Artículo 2 del acuerdo obliga al respeto de esos principios, y la cuestión debía tratarse en el Consejo de Asuntos Exteriores.

Ese episodio permite entender mejor el debate español. Frente a un gobierno que intenta construir una posición más visible sobre Palestina, el derecho internacional y la autonomía europea, la derecha del país no es capaz de ofrecer una alternativa exterior coherente, criticando las medidas de la administración de Sánchez desde una postura alineada con Israel.

Desde el reconocimiento del Estado de Palestina en mayo de 2024, el Ejecutivo español ha intentado articular una línea reconocible: defensa de la solución de dos Estados, referencia a las fronteras de 1967, rechazo explícito a las acciones del grupo palestino Hamás y presión diplomática sobre Israel. Sánchez presentó aquel reconocimiento como una decisión “no contra Israel”, sino orientada a la paz y vinculada a Naciones Unidas. Esa posición no convierte automáticamente a España en un actor plenamente coherente, pero sí muestra una orientación clara: aplicar a Palestina el mismo lenguaje jurídico que Europa invoca en otros conflictos como el de Ucrania.

La línea española tampoco se ha limitado al gesto simbólico. En septiembre de 2025, el Gobierno de Sánchez anunció medidas bajo el marco de acciones urgentes “contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina” para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel, prohibir el tránsito por puertos españoles de combustibles destinados a sus fuerzas armadas, vetar productos procedentes de asentamientos ilegales y reforzar la ayuda humanitaria a Gaza.

Conviene, sin embargo, no presentar esta política como impecable. Organizaciones propalestinas y medios críticos han denunciado que el embargo no habría roto por completo las relaciones armamentísticas con Israel. El Centre Delàs, un centro de investigación especializado en militarismo y comercio de armas, ha señalado contratos, importaciones, cooperación industrial y excepciones que cuestionan el alcance real de la ruptura, mientras grupos pro-Palestina han denunciado que las fuerzas israelíes tenían registrados 450 soldados con ciudadanía española, un dato que ha alimentado peticiones de investigación por posibles crímenes cometidos en Gaza.

Pero esa crítica apunta a exigir más coherencia al gobierno, no a abandonar la defensa de Palestina ni a deslegitimar la presión sobre Israel. Además, la posición española conecta con una sensibilidad social amplia. El Real Instituto Elcano constató en 2024 un apoyo mayoritario al reconocimiento europeo del Estado palestino, y una encuesta mostró en 2025 que una mayoría de españoles consideraba genocidio la actuación de Israel en Gaza y respaldaba sanciones y embargo de armas.

Los bandazos de la derecha española sobre Palestina

La paradoja es que el reconocimiento de Palestina no fue siempre una línea roja para la derecha española. En 2014, durante el Gobierno del entonces presidente perteneciente al PP  Mariano Rajoy, el Congreso aprobó casi por unanimidad una proposición de ley que instaba al Gobierno a reconocer el Estado palestino (aunque dicho reconocimiento no se llevaría a cabo hasta 2024). La votación salió adelante con 319 votos a favor, dos en contra y una abstención. El PP apoyó entonces una posición que encajaba en el horizonte diplomático de los dos Estados.

Poco después del 7 de octubre de 2023, ese consenso se enrosionó cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró: "Estremecidos por las noticias que nos llegan de Israel tras el bombardeo indiscriminado desde Gaza sobre la población civil. Condenamos este ataque masivo de Hamás y trasladamos nuestra solidaridad con las víctimas. El terrorismo es el enemigo de todos y debe ser derrotado".

Dirigentes del PP pasaron a advertir de que el reconocimiento de Palestina premiaba a Hamás. A partir de entonces, el PP pasó de respaldar el reconocimiento palestino, la solución de los dos Estados y el respeto a la legalidad internacional, a adoptar una posición  alineada  con Israel.

Vox

Vox ha llevado esa lógica más lejos. Para la extrema derecha, el reconocimiento de Palestina equivale a colocarse del lado de Hamás. El embargo de armas se presenta como una amenaza para los intereses españoles. Así, su coherencia discursiva descansa en un alineamiento automático con la narrativa israelí de seguridad, incluso cuando la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Ese alineamiento resulta aún más llamativo cuando las acciones israelíes afectan directamente a intereses españoles. En abril de 2026, militares israelíes retuvieron durante casi una hora a un casco azul español de la misión de Naciones Unidas en el Líbano, lo que llevó al Ministerio de Asuntos Exteriores a convocar a la encargada de negocios de Israel y al de Defensa a denunciar una vulneración del derecho internacional.

La reacción de una parte de la derecha fue reveladora: la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, minimizó el incidente comparándolo con un control de tráfico. Para un espacio político que apela constantemente al patriotismo, trivializar la retención de un militar español en una misión de la ONU muestra hasta qué punto la defensa de Israel puede imponerse incluso sobre una lectura básica del interés nacional.

Incluso la defensa de la libertad religiosa revela la falta de coherencia ideológica en la derecha española. Cuando Sánchez acusó a Israel de impedir la celebración católica del Domingo de Ramos en Jerusalén en el marco de la libertad religiosa, Vox aceptó las explicaciones del Gobierno de Netanyahu y el PP no dejó una condena clara en sus canales oficiales. Los políticos conservadores españoles, que suelen invocar el cristianismo como seña identitaria, se mostraron mucho más prudentes cuando la crítica implicaba incomodar a Israel.

De Gaza a Trump: nacionalismo sin autonomía

El mismo patrón aparece ante el presidente de EE.UU., Donald Trump. Cuando el mandatario amenazó a España por su negativa a asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la reacción del PP y Vox no fue articular una posición común frente a una presión exterior, sino responsabilizar a Sánchez por el deterioro de la relación con Washington. Trump llegó a sugerir que haría pagar más a Madrid en términos comerciales por no aceptar ese incremento de gasto militar, pese a que la política comercial corresponde a la Unión Europea.

Esto revela una contradicción importante. La derecha española tiende a apropiarse del lenguaje de la soberanía, la nación y el interés nacional en sus discursos. Sin embargo, cuando una potencia externa presiona a España, su reacción no siempre es defender una posición española autónoma, sino convertir esa presión en un argumento contra el gobierno. El nacionalismo, en ese caso, se vuelve selectivo: firme frente al adversario interno, pero mucho más prudente ante amenazas externas.

La filtración sobre un correo interno del Pentágono que barajaba medidas contra España por sus diferencias respecto a operaciones vinculadas a Irán profundizó esa tensión. Entre las opciones discutidas figuraba incluso una hipotética suspensión de España de la OTAN, aunque la alianza no contempla un procedimiento claro de expulsión o suspensión de un miembro. En un contexto así, una oposición con sentido de Estado podría criticar al Gobierno y, al mismo tiempo, rechazar con claridad cualquier presión desproporcionada contra España.

En Palestina, la derecha acusa a Sánchez de romper con Occidente por exigir responsabilidades a Israel. Ante Trump, lo acusa de poner en riesgo la relación con Estados Unidos por no asumir sin reservas sus demandas militares o comerciales. En ambos casos, la política exterior queda reducida a una idea estrecha de alineamiento: con Israel cuando se invoca la seguridad, con Washington cuando se invoca la Alianza Atlántica.

La extrema derecha española se equivoca al criticar la política exterior de Sánchez no porque el gobierno sea incuestionable, sino porque confunde crítica con subordinación. Una oposición seria podría señalar las contradicciones del embargo, exigir más transparencia sobre los contratos militares con Israel o discutir los costes de la política española dentro de la OTAN. Renunciar a pensar una política exterior propia y subordinar la política exterior del PP y Vox al alineamiento con Israel evidencia una falta de hoja de ruta. Un partido como el PP, en oposición pero con altas posibilidades de gobernar España, debería tener una perspectiva en política exterior coherente.

Cuando todo se convierte en una extensión de la polarización contra Sánchez, España deja de actuar como sujeto estratégico y pasa a comportarse como eco de prioridades ajenas.