El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, comparó la decisión del Parlamento israelí de imponer la pena de muerte a prisioneros palestinos con las políticas aplicadas por Adolf Hitler contra los judíos.
En este sentido, Erdogan afirmó: “Lo que se está haciendo es discriminación, es racismo. Significa aplicar en Israel una versión aún peor del régimen de apartheid que fue derrocado en Sudáfrica en 1994”. El mandatario hizo estas declaraciones este viernes durante una reunión del ala femenina de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos (ICAPP).
Asimismo, el mandatario turco sostuvo que imponer la pena capital únicamente a palestinos equivale a un sistema de “apartheid” y, además, convierte la ley en un “instrumento de fascismo racista”.
Estas declaraciones se producen después de que la Knesset israelí aprobara a principios de este mes un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte contra prisioneros palestinos supuestamente condenados por matar a israelíes.
En concreto, la propuesta, respaldada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, establece la pena capital para actos considerados perjudiciales para el Estado de Israel, lo que ha generado preocupación entre analistas por su alcance y sus posibles implicaciones.
En este contexto, expertos sostienen que la legislación es racista y sesgada, ya que su redacción apunta en la práctica contra los palestinos mientras excluye a perpetradores israelíes, incluidos colonos ilegales y soldados.
De hecho, durante años los sistemas judicial y militar de Israel han sido criticados por no exigir responsabilidades a colonos ilegales y soldados por violaciones contra palestinos en Cisjordania ocupada y Gaza.
En muchos casos, los ataques de colonos ilegales derivan en investigaciones limitadas o en cargos que posteriormente se retiran. Los soldados, por su parte, rara vez son procesados, incluso en incidentes de gran repercusión como la muerte de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh en 2022.
En consecuencia, la superposición entre jurisdicciones civiles y militares, junto con el respaldo político a la expansión de asentamientos ilegales, ha contribuido a un patrón de impunidad que, según analistas, plantea serias dudas sobre la aplicación equitativa de la ley y el cumplimiento de los estándares internacionales.
