Buenos Aires, Argentina - “El límite es claro: con el agua no”, aseguró Viviana Moreno, una bioquímica argentina que durante dos décadas encabezó protestas contra la minería en Esquel, una pequeña ciudad de la Patagonia donde empresas extranjeras intentaron radicarse para extraer oro, plata y cobre. Allí, la resistencia de la comunidad durante 23 años por el temor a la contaminación del agua logró frenar proyectos mediante referéndums y leyes locales.

Ahora, más de 20 décadas después de aquellas protestas, Moreno y sus compañeros de la Asamblea de Vecinos “No a la mina” encendieron las alertas por la reforma a la ley de Glaciares que aprobó el Congreso de Argentina, la cual habilita actividades mineras en zonas que hasta ahora gozaban de protección.

“Es irracional ir contra los glaciares”, afirmó Moreno a TRT Español. “Son reservas de agua. Discutir esto en un contexto de crisis hídrica mundial es anacrónico”, apuntó.

Ley de Glaciares: una reforma estructural

La ley original, sancionada en 2010, fue pionera al establecer estándares mínimos de protección y prohibir la explotación de minerales e hidrocarburos en glaciares y ambientes periglaciares, áreas con suelos congelados en alta montaña que actúan como reservas estratégicas de agua dulce.

Desde entonces la ley fue cuestionada por empresas mineras internacionales. Pero en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó su validez y frenó decenas de proyectos que buscaban perforar en esas áreas.

En el país hay 16.968 cuerpos de hielo superiores a una hectárea, entre glaciares y glaciares de escombro, la mayoría ubicados en la Cordillera de los Andes, según un inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. 

Además de ayudar a mitigar sequías, representan una fuente estratégica de agua dulce que abastece al 40% de las cuencas hídricas y brinda acceso al recurso a más de siete millones de personas, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Pero con los cambios impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei a finales de 2025, la protección ya no será para todos los glaciares por igual, sino sólo para aquellos considerados como una reserva estratégica de agua, según establece el Artículo 1. 

La normativa delega en las provincias la autoridad para definir si estos ecosistemas sirven como reserva estratégica de recursos hídricos o “proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” o si, en cambio, pueden instalarse allí proyectos mineros o hidrocarburíferos. Para eso, deben “basarse en estudios técnico-científicos”.

Tras la sanción, la Cámara Argentina de Empresas Mineras celebró la reforma y sostuvo que permitirá “incrementar la previsibilidad normativa”, destrabar inversiones y “clarificar” en qué sitios pueden desarrollarse actividades productivas. 

Glaciares: impacto regional y geopolítico

Sin embargo, la disputa no es exclusiva de Argentina.

Los glaciares se transformaron en eje de tensión regional, especialmente en países cordilleranos, como Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Allí, la expansión de la minería a menudo entra en disputa con comunidades afectadas por la crisis hídrica, la cual se ha agravado en los últimos años producto del cambio climático, mientras gobiernos locales la impulsan para atraer inversiones.

A nivel global, el factor geopolítico adquiere una dimensión protagónica por la creciente demanda de minerales clave para la transición energética como el litio y el cobre, que aumentó el interés de países como China y Estados Unidos en una región rica en esos recursos. 

De hecho, el denominado “triángulo del litio” integrado por Argentina, Chile y Bolivia concentra más del 50% de las reservas de litio a nivel global; mientras que Chile y Perú producen casi el 40% del cobre mundial, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para Milei eran “trabas artificiales que impedían el progreso”

Desde que asumió en 2023, Milei impulsó la derogación de leyes que garantizaban la protección de recursos naturales y que, de acuerdo a su gobierno, limitaban el desarrollo. Según las estimaciones, podrían generar ingresos por más de 36.000 millones de dólares hacia 2035 mediante la exportación de cobre, litio, oro y plata. También habló de “regulaciones excesivas”, y criticó a los ambientalistas.

“Al eliminar distorsiones ideológicas y trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”, declaró el presidente tras la sanción de la reforma. 

Además dijo que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la Argentina volvieron a perder”, y que “las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”. 

En marzo, Milei señaló que si Argentina “hiciera las cosas como las hace Chile, la Cordillera nos daría un millón de puestos de trabajo reales”. Según datos de la Secretaría de Trabajo nacional, la minería emplea a menos de 86.000 trabajadores, cifra estable en la última década.

Una ley que despertó rechazo

Sin embargo, ambientalistas y expertos temen que la nueva legislación agrave la crisis climática, deje a comunidades sin agua y provoque daños irreparables. 

Ocho especialistas internacionales en glaciología declararon su preocupación, y en una carta pública advirtieron que desproteger los glaciares provocará la pérdida de reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas y reducirá la resiliencia hídrica.

El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), dijo a TRT Español que la reforma aprobada es “potencialmente peligrosa”. 

Si bien aclaró que es difícil cuantificar el daño, aseguró que la explotación minera afectará el balance hídrico de la Cordillera. “Cualquier perturbación destruirá el ambiente”, agregó.

Según el geólogo, esto ocurrirá porque para explotar los yacimientos minerales sí o sí se deben remover toneladas de hielo sin capacidad de regeneración. 

“Estamos viviendo un momento de calentamiento global, las principales lenguas glaciares retroceden a gran velocidad. Todo ese hielo está en una fase crítica, inestable y frágil”, dijo. 

“Los gobiernos deben basarse en datos técnicos para demostrarle a la sociedad que no estará en juego el agua del futuro”, agregó.

“Es una ley inconstitucional”

El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a TRT Español que la reforma provocará una regresión ambiental.

“La destrucción de un glaciar es para siempre, no hay forma de recuperarlo”, señaló.

“La nueva ley va contra la legislación nacional e internacional, Argentina firmó el Acuerdo de Escazú, que establece que no se puede retroceder en materia ambiental”, agregó.

“Es una ley manifiestamente inconstitucional”, agregó Viale. Junto a otras organizaciones, el abogado impulsó un amparo colectivo ante un tribunal de la provincia de La Pampa para frenar la aplicación de la normativa. Según detalló, cuenta con más de 800.000 adherentes. La solicitud busca proteger el agua y los recursos hídricos.

Recientemente, un tribunal de la provincia de Santa Cruz ordenó suspender la ley, pero la medida es sólo para esa jurisdicción.

Viale dijo que la ley fue diseñada a medida de las empresas mineras internacionales que durante años hicieron lobby para derribar las leyes de protección ambiental. “Flexibilizan las leyes para hacer negocios, no por convicción”, sostuvo. 

“Hay proyectos muy grandes de las mineras Lundin Mining y BHP con el proyecto Vicuña; también están Veladero y Los Azules, los tres en la provincia de San Juan y ubicados en sitios con inventario de glaciares, de un momento a otro podrían tener autorización”, anticipó.

El agua en juego

En Argentina, la discusión reavivó un debate amplio en un contexto de crisis climática: cómo equilibrar la protección del agua con la explotación de recursos naturales estratégicos. 

En Esquel, donde hace dos décadas la comunidad frenó la minería, la reforma de la ley de Glaciares “despertó un reclamo muy grande”, según la activista Viviana Moreno. 

“El miedo a la sequía desató un rechazo fuerte”, agregó. ¿Vamos a hipotecar los glaciares por un grupo de empresas multinacionales?”, se preguntó. “Cuando los pueblos se deciden pueden poner un freno”, se esperanzó.