Ley israelí de pena de muerte expone la discriminación y desigualdad estructural a los palestinos

Desde que el Parlamento de Israel aprobó este martes una nueva ley que permite la pena de muerte para palestinos, el sistema legal del país está bajo el foco internacional.

Criticada por defensores de derechos humanos de todo el mundo, la ley establece la pena de muerte como sentencia predeterminada para palestinos condenados por “terrorismo” ante los tribunales militares israelíes.

La norma crea un camino legal separado y más severo, ya que los palestinos en el territorio ocupado no son juzgados en tribunales militares, sino que son asignados automáticamente a tribunales militares.

Tel Aviv impulsó la ley mientras la atención se desviaba a su guerra contra Irán y mientras continúa matando a palestinos en Gaza –un genocidio que persiste incluso después de un frágil alto el fuego tras dos años de ataques brutales. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han asesinado repetidamente a palestinos en Cisjordania ocupada con total impunidad.

Expertos señalan que esta legislación no es una excepción, sino la extensión de un conjunto más amplio de leyes diseñadas para garantizar derechos y protecciones desiguales en Israel según líneas raciales y étnicas, con especial impacto sobre los palestinos.

Yair Dvir, portavoz de B'Tselem, el Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, califica la nueva ley de pena de muerte como un "ejemplo horroroso de la profundidad del apartheid" que constituye una “violación directa” del derecho a la vida.

“(Israel tiene) una variedad de leyes que institucionalizan la preferencia por sus ciudadanos judíos tanto dentro de las fronteras de 1948 y también, por supuesto, bajo el régimen militar en Cisjordania (ocupada)”, indica en diálogo con TRT World.

Pero la nueva ley de pena de muerte marca “otra etapa en la profunda deshumanización de los palestinos” que ha permitido años de opresión, despojo y discriminación a través del sistema judicial israelí, añade Dvir.

Nasir Qadri, jurista de derecho internacional y académico de derecho de la Universidad Koc de Estambul, explica a TRT World que Israel aplica dos marcos legales diferentes para los palestinos.

Uno opera a través de los tribunales militares en Cisjordania ocupada, donde las tasas de condena superan el 99% para los palestinos juzgados.

El otro existe dentro de los tribunales civiles de Israel y se dirige contra actos cometidos con la “intención de negar la existencia del estado de Israel”.

Qadri señala que el segundo marco legal no es neutral, ya que apunta a la “intención ideológica en lugar de la conducta”, lo que hace que su aplicación sea estructuralmente asimétrica.

“Un ciudadano israelí judío, por definición, no puede ser calificado como alguien que niega la existencia del estado de Israel. En cambio, un acusado palestino siempre puede serlo”, afirma.

Un patrón de leyes discriminatorias

Mehmet Rakipoglu, experto en Oriente Medio y profesor asociado en la Universidad Mardin Artuklu de Ankara, describe la nueva ley como “parte de un giro punitivo más amplio” que se desarrolla en Israel.

“Me parece que la elasticidad de tales categorías legales permite al estado (israelí) aplicar la ley de maneras que priorizan su narrativa de seguridad, al tiempo que penaliza de forma desproporcionada a los palestinos”, señala Rakipoglu a TRT World. En lugar de instrumentos neutrales, estas medidas “reclasifican y penalizan la disidencia política y la resistencia”, reforzando una narrativa nacional dominante, añade.

Los expertos coinciden en que el conjunto de leyes israelíes está estructurado para perpetuar derechos desiguales. Dvir, del grupo de B'Tselem, describe un “aparato completo de leyes escritas” diseñado para establecer la “preeminencia demográfica de los judíos”.

Por su parte, Rakipoglu señala la existencia de “diferentes niveles de derechos” entre los ciudadanos judíos y los palestinos, que se evidencian en las enormes disparidades en la asignación de tierras y el acceso a los recursos.

De hecho, varias leyes israelíes ilustran este patrón de discriminación contra los palestinos. Por ejemplo, la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel (Prohibición de Reunificación Familiar), promulgada en 2003 y renovada repetidamente, es citada por los tres expertos como piedra angular de la ingeniería demográfica de Tel Aviv.

La ley niega explícitamente los derechos familiares sobre la base de la etnia o el origen nacional, al impedir la reunificación familiar de los israelíes casados con palestinos de los territorios ocupados.

Sobre esto, Dvir explica que la ley israelí permite a cualquier judío, incluso si nunca ha vivido en esta parte del mundo, inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Mientras tanto, un palestino que fue expulsado de sus tierras tiene prohibido regresar.

Rakipoglu califica la ley como un instrumento para mantener una “mayoría demográfica judía”, otorgando a los judíos derechos de inmigración globales mientras restringe la reunificación familiar de los palestinos, una práctica que durante mucho tiempo ha fragmentado la vida familiar y limitado su integración social.

Qadri añade que la ley impone una “restricción categórica” basada en el origen territorial y sin ninguna evaluación de cada caso. Así, la norma deja a los palestinos en un estatus precario, mientras que la ciudadanía judía permanece garantizada, afirma.

Por lo tanto, la ley es estructuralmente discriminatoria, ya que prioriza la composición étnica judía por encima de los derechos individuales, sostiene.

En cuanto a la Ley de Comités de Admisión, los expertos señalan que faculta a comunidades numéricamente pequeñas para rechazar solicitudes de vivienda bajo el argumento de la “idoneidad social y cultural”.

En la práctica, la ley excluye a los ciudadanos palestinos del mercado inmobiliario, institucionalizando la segregación étnica en el uso del suelo, al tiempo que refuerza la preferencia legal por los ciudadanos judíos.

Cómo Israel controla la narrativa mediante leyes

Los expertos destacan la Ley de la Nakba —utilizada como castigo financiero para garantizar que nadie conmemore el desplazamiento masivo de palestinos ocurrido durante la creación de Israel en 1948— como un instrumento de control de la narrativa.

Dvir la califica como un mecanismo que garantiza que los israelíes no aprendan nada sobre los crímenes de Israel que se remontan a 1948, y la vincula directamente con “el genocidio que Israel está cometiendo actualmente en Gaza”.

Asimismo, Rakipoglu considera la Ley de la Nakba como una herramienta que legaliza el debilitamiento financiero de instituciones y ONG que conmemoran la experiencia palestina. “La veo como un intento claro de suprimir una parte fundamental de la memoria palestina”, afirma.

Junto con la Ley Básica: Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío —que legaliza el derecho a la autodeterminación nacional como “exclusivo del pueblo judío” y los “asentamientos judíos como valor nacional”—, la Ley de la Nakba borra el desplazamiento de los palestinos de 1948 para construir una narrativa nacional judía singular, explica Qadri.

En otras palabras, el despojo de 750.000 palestinos queda constitucionalmente borrado y se convierte en algo legalmente irrelevante, añade.

La Ley Kaminitz es otro ejemplo de legislación discriminatoria que otorga al estado israelí amplios poderes para demoler viviendas y solicitar penas de prisión para los palestinos por supuestas infracciones de las leyes de planificación y construcción del Estado, aparentemente sesgadas.

La ley afecta de manera desproporcionada a las comunidades palestinas donde los permisos de construcción son denegados de forma sistemática, acelerando el despojo en línea con el “aparato de leyes escritas”, según la descripción de Dvir.

De manera similar, la Ley de Revocación de Ciudadanía/Residencia y Deportación de 2023 refuerza aún más la diferencia de estatus entre ciudadanos judíos y no judíos.

La ley de 2023 otorga al estado israelí el poder de revocar la residencia o la ciudadanía. Según Rakipoglu y Dvir, forma parte de un marco más amplio que limita y borra la presencia palestina.

“Los residentes palestinos poseen un estatus legal precario sujeto a cancelación administrativa, mientras que los residentes judíos gozan de una ciudadanía segura que no está sujeta a condiciones comparables”, afirma Qadri.

Más allá de las leyes relativamente recientes, los expertos remarcar el carácter estructural de la discriminación contra los palestinos, arraigado en el sistema legal durante más de siete décadas.

Dvir señala también que Israel ha utilizado la Ley de Propiedad de Ausentes para apropiarse de la mayor parte de las tierras del país desde 1950.

“(Es) utilizada hasta el día de hoy para despojar a los palestinos de sus hogares, incluida la expulsión de cientos de familias palestinas de Jerusalén Este (ocupada), que está ocurriendo en este mismo momento”, afirma.

Luego está la Ley de Retorno, que permite a toda persona judía inmigrar a Israel y obtener automáticamente la ciudadanía. La ley también se aplica a los hijos y nietos de judíos, así como a sus cónyuges y a los cónyuges de sus hijos y nietos.

Mientras tanto, el mismo Estado niega a los palestinos el derecho a inmigrar o recibir la ciudadanía, incluso si nacieron en el actual estado de Israel.

El resultado, en palabras de Dvir, es una lucha física que implica violencia, expulsión y asesinato. No obstante, afirma, “también es una lucha narrativa basada en una creencia en la supremacía y la horrible idea de que el único camino hacia la seguridad es borrar la existencia palestina”.