En un nuevo episodio de su confrontación con la Corte Penal Internacional (CPI), Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, de acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Estado. La medida forma parte de la campaña que Washington ha emprendido contra el tribunal internacional al que acusa de estar politizado. Además de Akane, también fue sancionado el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la CPI.
"Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó las sanciones señalando que "socavan el Estado de derecho". "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por hacer cumplir la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", señaló el tribunal con sede en La Haya.
La CPI fue establecida en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, que creó el tribunal dos años antes, y no reconoce su jurisdicción.
Las más recientes sanciones, anunciadas el martes, se inscriben en la campaña que el Gobierno de Trump mantiene contra el tribunal de La Haya. Justamente, el año pasado Estados Unidos impuso sanciones selectivas a varios funcionarios de la CPI, incluidos fiscales y jueces.
Para argumentar esa decisión, citó en ese momento las órdenes de arresto emitidas por la corte contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por el genocidio en Gaza, así como una investigación previa sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.
Las sanciones congelan cualquier activo que puedan tener los individuos en EE.UU. y, en esencia, los aíslan del sistema financiero estadounidense, con el que casi todos los bancos que operan internacionalmente mantienen estrechos vínculos.
Esfuerzos para abandonar la CPI
En junio, tres jueces de la Corte Penal Internacional demandaron a Trump y a su administración por las sanciones, argumentando que las medidas eran ilegales.
El Departamento del Tesoro también emitió el martes una licencia general que autoriza la liquidación de las transacciones relacionadas con Akane hasta el 17 de septiembre.
El secretario Rubio ya había declarado el mes pasado que el Gobierno de EE.UU. intensificaría los esfuerzos para debilitar la CPI, incluyendo un esfuerzo diplomático destinado a persuadir a otros países para que abandonen la institución.
Según el funcionario, la corte representa una amenaza para el personal estadounidense que implementa las políticas migratorias de línea dura de Trump o los ataques a embarcaciones acusadas de transportar drogas, así como para otros miembros de las fuerzas armadas de EE.UU.
Trump ha afirmado que la campaña tenía como objetivo defender a Netanyahu y a otros de ser procesados, no a él mismo.
Reporte señala intento por proteger a Trump
La agencia de noticias Reuters encontró que las sanciones impuestas por EE.UU. contra funcionarios de la CPI tenían como objetivo, en parte, evitar futuros intentos de responsabilizar al presidente Trump o a sus funcionarios por acciones militares estadounidenses en el extranjero.
Estados Unidos nunca ha sido miembro de la Corte. La CPI ejerce su jurisdicción únicamente si un Estado miembro no puede o no quiere enjuiciar las atrocidades por sí mismo.
Sin embargo, el Estatuto de la CPI también le otorga a la Corte la facultad de enjuiciar crímenes atroces cometidos en el territorio de los Estados miembros por nacionales de Estados no miembros.
