En un nuevo capítulo del histórico pulso por el Esequibo, Venezuela confirmó que asistirá este lunes a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en medio de la disputa que mantiene con su vecina Guyana. Sin embargo, Caracas dejó claro que su presencia no supone un giro en su postura y mantiene su rechazo a la jurisdicción del tribunal.
En un comunicado publicado en Telegram por el ministro de Exteriores, Yvan Gil, el Ejecutivo enfatizó que acudirá a las audiencias en La Haya para exponer sobre sus derechos históricos en el territorio. Además, aclaró que la asistencia a estas citas no implica bajo ningún concepto el consentimiento hacia la competencia del tribunal en este asunto.
El gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró que su participación no implica necesariamente consentimiento para que la CIJ resuelva el caso. Venezuela sostiene que el proceso fue “iniciado unilateralmente” por la vecina Guyana.
Cabe destacar que Caracas respaldó su postura en los resultados del referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023, en el que los venezolanos votaron a favor de reivindicar la soberanía sobre la región y rechazaron la intervención de organismos judiciales externos.
Una disputa centenaria
El Esequibo, que abarca casi dos tercios del territorio guyanés, posee vastos recursos minerales y forestales, además de áreas marítimas con importantes reservas de petróleo.
Venezuela y Guyana se disputan la región desde finales del siglo XIX. Guyana, antigua colonia británica y holandesa, insiste en que las fronteras del Esequibo fueron determinadas por un tribunal de arbitraje en 1899.
Caracas afirma que el río Esequibo, al este de la región, ha formado históricamente una frontera natural reconocida desde 1777. Sostiene que la única solución válida y legal para esta controversia se encuentra exclusivamente en el marco normativo del Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea una solución negociada.
La disputa se intensificó en 2015, cuando la multinacional Exxon Mobil descubrió yacimientos de petróleo. En 2023, Georgetown entregó licencias petroleras que elevaron las tensiones con Caracas. Al año siguiente, Guyana concedió un nuevo contrato a la misma compañía, lo que volvió a desatar las tensiones y que Caracas terminó por tachar de "ilegal".
