En el marco de las políticas públicas aplicadas en Centroamérica para beneficiar a sus países y ciudadanos, destacan los casos recientes de El Salvador y Costa Rica. Con una planificación minuciosa, ambos países están desarrollando leyes y normativas que proporcionan un sólido marco legal para las inversiones y con el objetivo de transformarse en centros tecnológicos.
El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha logrado avances en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales. Después de abordar problemas internos como las pandillas, el primer mandatario oficializó el bitcoin como moneda nacional, convirtiendo al país en pionero en esta acción a nivel mundial.
Además, el gobierno de Bukele ha priorizado la educación como eje central de su gestión, destinando importantes recursos para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, incluso en tiempos de crisis como la pandemia.
Por su parte, Costa Rica, aprovechando su ventajosa ubicación geográfica para el comercio marítimo, ha aprobado por unanimidad el proyecto 23.117, que busca expandir las Zonas Económicas Especiales en los sectores de Limón y Puntarenas.
Esta medida permitirá la creación de puertos libres y facilitará el tránsito de mercancías, con regímenes fiscales y aduaneros especiales. Esta decisión tiene como objetivo potenciar estos territorios y atraer inversiones que beneficien directamente a las poblaciones locales, impulsando emprendimientos y creando empleos.
Asimismo, la integración de Costa Rica y El Salvador con las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) está marcando el rumbo político, económico y social de estas naciones centroamericanas, lo que sugiere un aumento en las inversiones y la continuación de su prosperidad en los próximos años.
En este marco, las decisiones tomadas por ambos países muestran un enfoque progresista hacia el desarrollo económico y social de la región centroamericana, aprovechando las oportunidades que ofrecen la tecnología y las alianzas internacionales.
