La Fiscalía de Colombia acusó al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de soborno a testigos y fraude, en el primer juicio penal contra un exmandatario en la historia del país.
A Uribe se le acusa de "ofrecer dinero en efectivo u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad", en un caso que lo vincula con grupos paramilitares, según un escrito del fiscal Gilberto Villarreal, quien presentó cargos por soborno, soborno a testigos y fraude.
En la reanudación de una audiencia virtual que empezó la semana pasada, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó que el caso sea anulado.
"No tomé nunca iniciativa de buscar testigos. Pretendí defender mi reputación", argumentó Uribe, quien podría llegar a enfrentar una pena de entre seis y 12 años.
La jueza Sandra Heredia negó la solicitud de anular el caso, y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la exesposa de un paramilitar que relacionó a Uribe con estos grupos armados y a dos exfiscales.
Considerado como uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe manifestó que siente "un impacto en el alma" al ser el primer expresidente que tiene que defenderse ante la justicia.
También aseguró ser víctima de un complot urdido por jueces y "opositores" que usaron "interceptaciones (telefónicas) ilegales" para obtener pruebas en su contra.
El caso que enfrenta Uribe
A sus 71 años, Álvaro Uribe responde por una denuncia que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.
En 2012, Uribe, entonces senador, presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de 2000. Un señalamiento que Cepeda siempre negó.
Sin embargo, la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos.
Uribe presuntamente trató de enlodar a Cepeda con la acusación de que había contactado a exparamilitares presos para que lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha responsables por cientos de masacres.
En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.
Luego Uribe renunció al Senado, con lo que su expediente pasó a un tribunal de justicia ordinaria, el cual suspendió la orden de arresto y reinició todo el proceso.
La siguiente audiencia del juicio fue convocada para el 10 de julio.
Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas.
