En un hecho histórico, el Gobierno de Colombia emitió un decreto esta semana que reconoce a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios. Una decisión que llega a tan solo pocos días de que el país celebre la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, mejor conocida como la COP16, del 21 al 30 de octubre.
“Con esta nueva normativa, las autoridades indígenas construirán, junto con otras entidades, mecanismos directos para garantizar la protección de los ecosistemas del país y de sus territorios, basándose en sus conocimientos ancestrales”, indicó el Ministerio del Ambiente en un comunicado.
Así, un total de 115 comunidades indígenas en todo el país podrán ejercer nuevos poderes dentro de sus territorios, como formular reglas para administrar y conservar sus tierras, planificar presupuestos, administrar recursos relacionados con el cuidado de la naturaleza y tomar decisiones sobre el uso del suelo.
El presidente Gustavo Petro celebró el decreto en su cuenta de X: “Nadie puede enseñarle a los colombianos ni a cualquier institución cómo se construye el equilibrio vital entre el ser humano y la naturaleza como lo hacen los pueblos indígenas”.
Por su parte, Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente, destacó que justamente “uno de los principales mensajes de la COP16” es “el diálogo constructivo entre la ciencia y las instituciones con conocimientos ancestrales y tradicionales lo que realmente permitirá hacer las paces con la naturaleza".
Sin embargo, los críticos del decreto, incluidos los organismos departamentales que supervisan los esfuerzos de conservación en el país, han dicho que la medida permitiría que la gobernanza indígena chocara con los proyectos dirigidos por la comunidad, desde la agricultura hasta el ecoturismo.
Saldando una deuda histórica
Colombia se destaca como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Y los pueblos indígenas habitan precisamente en las regiones del país que son más ricas en diversidad biológica, entre ellas la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta y los Andes.
A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han desarrollado un profundo vínculo con su entorno natural y han practicado tradiciones intrínsecamente relacionadas con la tierra, el agua y los recursos forestales.
La propia ministra Muhamad, reconoció en agosto pasado que si bien los pueblos indígenas “representan solo el 6% de la población mundial, en sus territorios se encuentra casi el 80% de la diversidad biológica del planeta, lo que implica que sus conocimientos y sus formas de vida, enseñan cómo hacer la paz con la naturaleza”.
No obstante, los pueblos indígenas siempre han enfrentado serias amenazas. Entre ellas, la degradación de sus territorios por las industrias extractivas, como la deforestación masiva y la minería ilegal, así como la contaminación de ríos y aguas, las reiteradas sequías y los incendios cada vez más descontrolados, según denunció Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Según la ONG internacional Global Witness, “el año 2022, Colombia fue el país más peligroso para los defensores y defensoras de los derechos ambientales, con 60 asesinatos, de los cuales, el 34% de los asesinatos perpetrados durante el año fueron de indígenas”.
Y la ONG Amnistía Internacional denunció que “a los pueblos indígenas se les desaloja de las tierras ancestrales que han habitado durante generaciones, sufren elevados niveles de marginación y discriminación y tasas más elevadas de carencia de tierras, desnutrición y desplazamiento interno que otros grupo”.
Frente a esta situación, los pueblos indígenas han manifestado en diversas ocasiones los principales retos que enfrentan al ser guardianes de sus territorios, insistiendo en que los deben escuchar, para así salvaguardar la vida y la permanencia en sus territorios, según reportó el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Según la Comisión de la Verdad de Colombia, de los 115 pueblos indígenas en Colombia, 68 se encuentran en peligro por el conflicto armado y han sufrido desplazamientos a causa de la violencia que afecta sus territorios.
También, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado en diversas ocasiones la necesidad de protección y un mayor apoyo estatal.
Ahora, el reciente decreto que los reconoce como autoridades ambientales también representa un avance en la implementación de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, cuya protección y garantía de autodeterminación ya estaban contemplados en la Constitución de 1991. Si bien quedan retos por delante es un paso que puede abrir camino.
Colombia acogerá la COP16
El presidente Petro destacó que en el evento de medio ambiente “tendremos la mayor parte de delegaciones de los Gobiernos del mundo, de las culturas del mundo, de las representaciones de los pueblos del mundo”.
La cumbre reunirá a 196 países que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, un tratado ambiental internacional destinado a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
