Cinco años y cuatro meses en prisión es la condena que los fiscales peruanos solicitaron para el candidato presidencial Roberto Sánchez, acusado de delitos de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, a pocas semanas de la segunda vuelta electoral. La noticia se conoció mientras el conteo final de votos señala que potencialmente será Sánchez quien se enfrentará a la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio.

La acusación, emitida por el Ministerio Público el 15 de enero y revelada públicamente el martes, sostiene que Sánchez desvió fondos de su movimiento político Juntos por el Perú hacia cuentas personales.

Según la Fiscalía, Sánchez y su hermano William habrían recibido aproximadamente 280.000 soles (más de 80.000 dólares) en diversas contribuciones y cuotas de afiliados que nunca fueron reportadas en los registros financieros del partido.

La investigación se centra en una serie de informes presentados entre 2018 y 2021, un período que abarca elecciones regionales, legislativas y las elecciones generales de 2021.

Los fiscales no solo buscan una pena de prisión, sino también la “inhabilitación permanente” de Sánchez para ejercer el cargo de presidente por el partido Juntos por el Perú.

La audiencia formal para presentar los cargos está programada para el 27 de mayo, apenas 11 días antes de que los peruanos acudan a las urnas para elegir a su próximo líder. Es en dicha audiencia cuando un juez determinará si existen pruebas suficientes para abrir un juicio completo contra el candidato. Si el caso avanza, podría convertirse en un obstáculo legal sin precedentes para Sánchez en su intento de consolidar el voto frente a Fujimori.

El abogado de Sánchez, Carlos García Asenjo, cuestionó que la Fiscalía no haya señalado de qué forma su defendido usó los aportes que se señala para un fin personal y eximió al candidato de responsabilidad al remarcar que no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras del partido.

Asimismo, su equipo de defensa ha rechazado históricamente este tipo de investigaciones, calificándolas de “persecución judicial”, mientras que sus aliados políticos aseguran que siempre ha cooperado con la justicia.

Sánchez fue el único ministro que permaneció durante todo el gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido por el Congreso tras su intento de disolver el Parlamento, y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario.

Perú, todavía definiendo el balotaje

Desde las elecciones de Perú, que se celebraron hace casi un mes, todavía no se han declarado oficialmente los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio, ya que aproximadamente 60.000 siguen todavía en conteo.

No obstante, ya el lunes 11 de mayo se podría entrever que Sánchez será quien potencialmente dispute la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a Fujimori, ya que tiene un ajustado margen sobre Rafael López Aliaga, el candidato de ultraderecha que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68% del escrutinio.

Fujimori contaba con el 17,17% de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Sánchez con el 12% al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91%, al aglutinar 1.989.428 votos. 

Así, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el el primero no incrementar su votación y el segundo se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar.

Sin embargo, en la capital, Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20% de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

A pesar de estos pocos miles de votos pendientes de contar, los medios peruanos y actores políticos dan por hecho que Sánchez supera a López Aliaga y pasará a la segunda vuelta junto a Fujimori.