Abrir Argentina a la compra de tierras sin límites por parte de extranjeros fue uno de los temas que más protestas provocó en el país este año. Después de que miles de personas salieran a las calles en agosto, el intento del Gobierno de Javier Milei de permitir su compra sin restricciones parecía haber fracasado… y el tema, cerrado. Pero una decisión de tres jueces cambió todo el panorama.
Primero, la Corte Suprema dejó sin efecto la Ley de Tierras a finales de septiembre. Tras 10 días, dio marcha atrás, pero, durante ese tiempo, los extranjeros pudieron haber adquirido terrenos sin límites ni registro de las operaciones.
Aunque la ley volvió a regir, la oposición advierte que la situación podría repetirse si el Congreso no interviene. Y este nuevo giro también le abrió una oportunidad política al Gobierno de Milei.
Pero, ¿cómo se llegó hasta acá? ¿Qué busca el gobierno y qué opciones tiene la oposición? Estas son las claves del conflicto.
De los intentos de Milei a la Corte Suprema
En lo concreto, el Gobierno de Milei intentó eliminar la Ley de Tierras desde el inicio de su gestión. Esta norma, aprobada en 2011, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales de Argentina. También fija límites por nacionalidad y propietario, y restricciones especiales para terrenos con lagos, ríos y en zonas de frontera.
Su primer intento, en diciembre de 2023, fue cuando firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, cuyo artículo 154 incluía la eliminación de la Ley de Tierras junto con numerosas reformas económicas. El DNU llegó al Senado, pero en paralelo encontró obstáculos en la Justicia. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) presentó un reclamo para frenarla y, en marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación de la ley.
Pasaron más de dos años. Hasta que en agosto de 2026, el gobierno volvió a intentar eliminar los límites a la compra de tierras mediante otro proyecto, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa se aprobó en el Senado, pero las amplias protestas y el rechazo social llevaron a que se retirara la parte del proyecto relacionado con la adquisición extranjera.
Cuando el tema parecía cerrado, llegó la sorpresa desde la Corte Suprema.
El máximo tribunal retomó el reclamo del Ejecutivo de 2024 y revocó el fallo que había frenado la derogación, al considerar que el CECIM no estaba habilitado para presentar la demanda.
Los límites a la compra de tierras dejaron de aplicarse temporalmente, lo que despertó fuertes críticas.
Sin embargo, el 9 de octubre, la Corte Suprema dio marcha atrás, tras un reclamo interpuesto por una organización ambientalista y otros demandantes, y la ley recuperó su vigencia. No sin dejar un rastro de cuestionamientos, críticas y volver a poner el asunto en el ojo público.
Y es que el fallo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la legitimidad de quien demandó. La corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación ni dijo si el decreto cumplía el requisito de urgencia. No es definitivo: el expediente vuelve a la Justicia Federal de Bariloche y sigue sin una respuesta definitiva.
Las inmobiliarias, ¿aprovecharon para vender a extranjeros?
Ese breve periodo de 10 días en que la ley no estuvo vigente tuvo consecuencias: se abrió una ventana de oportunidad que algunas inmobiliarias no tardaron en aprovechar. En esos días, podrían haberse concretado grandes operaciones de compraventa, pero hasta ahora se desconoce si hay tierras que cambiaron de manos o no.
Comenzaron a aparecer ofertas dirigidas especialmente a inversores extranjeros, incluso de terrenos con acceso a lagos y ríos en la Patagonia, advirtió el Observatorio de Tierras, un organismo de investigación académica integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas argentino (Conicet).
Algunos casos tuvieron amplia repercusión, como fue el caso de la inmobiliaria Loma Alta Propiedades.
“Volvió el interés extranjero por el campo argentino”, señalaba una de las publicaciones, apenas un día después del fallo judicial, y ofrecía un campo de casi 3.000 hectáreas en Río Pico, provincia de Chubut. El terreno incluía 16 kilómetros de costa sobre el río y un lago entero, además de encontrarse en una zona de frontera: características sujetas a restricciones específicas bajo la Ley de Tierras.
“¿Por qué invertir en la Patagonia?”, preguntaba una de ellas, acompañada por una frase dirigida directamente a ese público: “Lo que todo inversor extranjero debería saber”.
“La Patagonia todavía tiene extensiones de campo con agua, bosque y estepa que ya no existen en buena parte del mundo. Cada hectárea disponible es, por definición, un recurso limitado”, señalaba.
Las imágenes también destacaban la disponibilidad de agua dulce, bosques, estepa e infraestructura de acceso como atractivos para quienes buscaban comprar tierras en la Patagonia.
Luego, la inmobiliaria eliminó los mensajes y no respondió a las consultas de medios de comunicación, según informó el periódico La Nación.
Sin embargo, Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, advirtió en un informe que podrían haberse realizado ventas en esos días. Pero que resulta imposible determinar si alguna de esas operaciones llegó a concretarse, porque “al derogar la ley, se suspendió la obligación de registrar operaciones”.
La oferta de terrenos con acceso a lagos y ríos, sin embargo, no es un fenómeno aislado en la Patagonia. La comercialización de grandes extensiones de tierra con estas características es frecuente en distintas zonas de la región. Loma Alta Propiedades opera en Chubut, provincia vecina de Río Negro. En esta última se encuentra uno de los tantos ejemplos: el magnate británico Joe Lewis posee miles de hectáreas en torno al Lago Escondido, cuyo acceso público es objeto de una prolongada controversia judicial y social.
Oxígeno al Gobierno de Milei
Las decisiones de la Corte Suprema podrían también terminar favoreciendo al Gobierno de Milei, mientras que el escenario en el Congreso vuelve a calentarse esta semana.
Este miércoles, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados tienen previsto debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Se trata de la misma iniciativa con la que Milei intentó eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros en agosto, pero que terminó retirando ante las fuertes protestas y el rechazo de distintos sectores.
Ahora, algunos diputados de La Libertad Avanza evalúan volver a incluir un artículo sobre la propiedad extranjera de tierras rurales, pero con límites más amplios que los establecidos por la ley actual. La propuesta, que todavía no fue confirmada oficialmente, permitiría a los extranjeros comprar mayores extensiones de tierra, aunque mantendría ciertas restricciones.
“Con esto damos finalizado el tema sin importar lo que sucede con la Justicia”, deslizó al medio argentino Infobae un diputado de La Libertad Avanza, al referirse a la posibilidad de incorporar nuevos límites.
Ahora bien, si Diputados aprueba el proyecto pero lo modifica, este deberá regresar al Senado, que tendrá que decidir si acepta los cambios o insiste en su versión original.
¿Qué advierte la oposición?
La oposición advierte que no alcanza con que la Corte Suprema haya vuelto a poner en vigencia la Ley de Tierras de manera provisional. Mientras el decreto central –el DNU 70/2023– siga vigente, advierten, una nueva decisión judicial podría volver a eliminar las restricciones.
"Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias", señaló el bloque opositor Unión por la Patria en una publicación.
Los partidos opositores también quieren ir más allá. Aunque el disparador para llevar el tema al Congreso es la Ley de Tierras, busca también rechazar el resto del ya famoso decreto, que contiene medidas más amplias.
Así, la Cámara de Diputados tiene prevista una sesión para este jueves 15 de octubre, en la que distintos bloques buscan quorum para debatir y completar el rechazo a ese decreto. Sin embargo, se estima que no conseguirían las mayorías necesarias.
La disputa también llegará a las calles, por una mezcla de reclamos económicos y políticos, entre ellos el de la Ley de Tierras. Para el jueves está convocada una movilización, con la participación prevista de organizaciones estudiantiles, jubilados, personas con discapacidad, movimientos sociales, sindicatos como la CGT y la CTA, agrupaciones de inquilinos y partidos políticos.
“El jueves se va a movilizar mucha gente y apostamos a que muchos vean la calle y acompañen”, explicó una diputada peronista que busca sumar votos para rechazar el decreto y así cerrar definitivamente la puerta a la derogación de la ley.
La otra alerta de la oposición: comprar la ciudadanía y acceder a tierras
Entre todo, surge una pregunta más: ¿qué pasaría si un extranjero obtuviera la ciudadanía argentina mediante una inversión y pudiera comprar tierras sin las restricciones que establece la ley?
Y es que el Gobierno de Milei ha impulsado en las últimas semanas un programa de ciudadanía por inversión que contempla dos opciones: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la compra de un título público por 800.000 dólares. En este último caso, el inversor prestaría dinero al Estado para financiar una finalidad determinada.
El programa también prevé controles sobre los antecedentes de los solicitantes, su seguridad y el origen de los fondos. Aunque Argentina no es el primer país en impulsar una iniciativa de este tipo, su implementación abrió nuevas preguntas sobre la propiedad de las tierras rurales.
La preocupación es que, una vez obtenida la ciudadanía argentina, los inversores puedan comprar grandes extensiones de tierra sin quedar sujetos a los límites establecidos para extranjeros.
La dirigente del Frente de Izquierda y excandidata presidencial Myriam Bregman advirtió sobre este escenario: “El Gobierno, mientras tanto, prepara un plan B: vender ciudadanías. Por unos dólares, insignificantes para los tecnomagnates, les otorgarían la ciudadanía argentina y así podrían acceder a ‘una provincia entera, si quieren’, como dijo algún funcionario”.
