El Gobierno de Estados Unidos ahora puede deportar a inmigrantes indocumentados, con apenas seis horas de aviso, a países diferentes al de origen, incluso sin garantías de seguridad por parte de las naciones receptoras, reportó el diario The Washington Post este sábado.
Según la publicación, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyions, escribió un memorando al personal de la agencia indicando que una reciente decisión de la Corte Suprema allanó el camino para que las deportaciones se reanudaran "inmediatamente”. Lo cual, dice el diario, incluye a países que no han proporcionado "garantías diplomáticas" de protección contra la tortura o la persecución.
En los casos estándar, los deportados recibirán un aviso de 24 horas, pero en “circunstancias apremiantes”, la expulsión puede proceder después de sólo seis horas, afirma el memorando que citó The Washington Post.
Estas deportaciones rápidas representan un cambio significativo en la política de EE.UU., pues antes era inusual enviar a los migrantes a terceros países. Abogados de inmigración advierten que esta reforma podría poner en peligro a miles de personas, incluyendo a quienes previamente se consideraban en riesgo si regresaban a sus naciones de origen.
"Esto pone miles de vidas en riesgo de persecución y tortura", declaró Trina Realmuto, directora de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que está impugnando el fallo judicialmente.
El memorando de Lyons permite la deportación acelerada con base en las garantías aceptadas por el Departamento de Estado de EE.UU.
"Asuntos de vida o muerte"
Si no existen garantías, los inmigrantes indocumentados serán deportados de todas formas, a menos de que manifiesten concretamente un asunto de temor durante el breve plazo de notificación.
Quienes lo hagan se someterán a evaluaciones dentro de las 24 horas para revisar su elegibilidad de protección bajo la ley estadounidense y la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos en 1994.
Un fallo de la Corte Suprema el pasado 23 de junio revocó el bloqueo de la política que había emitido un tribunal inferior.
En su disenso, la jueza Sonia Sotomayor advirtió: "En asuntos de vida o muerte, es mejor proceder con cautela". Los críticos, incluyendo abogados y defensores de los inmigrantes, argumentan que los procedimientos descritos en el memorando no brindan tiempo ni acceso legal suficientes a los migrantes para impugnar deportaciones potencialmente peligrosas.
El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha confirmado cuántas personas serán afectadas por la nueva política.
