Estados Unidos planea trasladar a tierra en América Latina una estrategia similar a la que desde el año pasado aplica en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. Así lo adelantó este jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al señalar que Washington busca lograr en territorio latinoamericano “el mismo efecto” que con esa ofensiva marítima, una campaña que desde su inicio ha dejado al menos 215 muertos y ha sido cuestionada por posibles ejecuciones extrajudiciales.
Los planes para realizar operaciones antidrogas terrestres están sobre la mesa para 19 países que Washington considera aliados, explicó Hegseth durante una visita a Panamá, y podrían extenderse allí donde considere que operan organizaciones vinculadas al narcotráfico.
A corto plazo, sostuvo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una “capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga” en el Caribe y el Pacífico.
Será "el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra", afirmó.
Hegseth fue todavía más lejos al comparar a estas organizaciones con grupos como Daesh y Al-Qaeda. “Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, [esas organizaciones] son un objetivo, igual que Daesh o Al-Qaeda”, aseguró.
La advertencia, dijo, va “en serio” y alcanza desde el tráfico de cocaína hasta “el fentanilo en las plazas de México”, además de grupos armados colombianos, que definió como “objetivos legítimos”.
Del mar a tierra
La comparación elegida por Hegseth no es menor. Desde septiembre pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones que identifica como vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.
Las operaciones han dejado al menos 215 muertos. Sin embargo, Washington no ha aportado pruebas concluyentes de que todas las embarcaciones atacadas estuvieran efectivamente involucradas en el tráfico de drogas.
Expertos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones y advierten que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al dirigirse contra personas que no representaban una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Hegseth, sin embargo, defendió esta semana la letalidad de las operaciones y rechazó la posibilidad de llevar ante la Justicia a los presuntos narcotraficantes. “No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del Gobierno estadounidense”, afirmó.
La intención declarada de conseguir ahora “el mismo efecto en tierra” abre interrogantes sobre el alcance que podrían tener las operaciones: qué tipo de ataques contempla Washington, cómo seleccionaría sus objetivos y qué papel asumirían las fuerzas estadounidenses en territorio de otros países.
La alianza de 19 países
La alianza mencionada por Hegseth refiere al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa presentada por Trump en marzo para estrechar la coordinación militar con gobiernos aliados de la región frente al crimen organizado y el narcotráfico.
Firmaron inicialmente la declaración Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Más adelante se sumaron Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia.
La cooperación, sin embargo, va más allá de esa alianza e incluye la Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC, por sus siglas en inglés), conformada bajo la misma iniciativa.
Además, el pasado 4 de agosto, el Comando Sur de Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, una nueva estructura destinada a coordinar operaciones con los países de esa misma alianza. Su comandante, Francis Donovan, la definió entonces como “el brazo operativo del SOUTHCOM para hacer frente a las amenazas en todo el hemisferio”. Según Washington, tendrá como objetivo combatir el crimen organizado transnacional y lo que la Casa Blanca denomina “narcoterrorismo”.
Ahora bien, estas declaraciones de Hegseth llegan apenas días después de la incorporación de Colombia a la ACCC. Justo el miércoles él mismo anunció que el nuevo presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con Estados Unidos para combatir lo que Washington denomina “narcoterrorismo”. Según Hegseth, Bogotá también solicitó la participación estadounidense en esas operaciones. “Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó.
Una creciente implicación militar en la región
Los anuncios forman parte de un giro más amplio de la política estadounidense hacia América Latina. En febrero de 2025, Trump designó a varias organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas, una decisión que amplió significativamente las herramientas que su gobierno considera disponibles para combatirlas.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha situado al denominado Hemisferio Occidental entre sus principales prioridades geopolíticas. Bajo ese enfoque, Washington defiende una participación más activa frente al crimen organizado, el narcotráfico y otros factores que considera amenazas para sus intereses en la región.
El anuncio de Hegseth añade ahora una nueva dimensión a esa estrategia. Hasta el momento, los ataques contra supuestos narcotraficantes que él mismo utilizó como modelo se habían desarrollado en el mar. La intención de replicarlos en tierra traslada también a territorio latinoamericano los interrogantes jurídicos y las críticas que ya acompañan a esas operaciones.
