“Anexión de facto”: repudio a medida de Israel para ampliar asentamientos en Cisjordania ocupada

Mientras la violencia de Tel Aviv contra los palestinos continúa y el alto el fuego en Gaza se mantiene frágil, Israel dio un nuevo paso para afianzar su control sobre Cisjordania ocupada. El Gabinete de Seguridad aprobó varias medidas que modifican el marco legal y civil del territorio, y que permitirían ampliar los asentamientos ilegales. Una decisión que desató fuertes críticas en la comunidad internacional.

Entre las acciones figura la derogación de una ley que prohíbe la venta de tierras palestinas a judíos en Cisjordania ocupada, según informó la emisora pública israelí KAN. El paquete amplía la supervisión y la aplicación de la ley israelí en las zonas clasificadas como Área A y Área B, bajo el argumento de supuestas violaciones vinculadas a construcciones sin licencia, problemas de agua y daños a sitios arqueológicos y ambientales. Esto permitiría demoliciones y confiscaciones incluso en áreas bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Palestina (AP).

En virtud de los Acuerdos de Oslo II de 1993, el Área A está bajo pleno control civil y de seguridad palestino, mientras que el Área B está bajo control civil palestino con control de seguridad israelí, y el Área C permanece bajo control israelí.

El diario israelí Yedioth Ahronoth informó además que parte de las decisiones transfiere la autoridad de planificación y construcción en donde se encuentra la Mezquita Ibrahimi y sus alrededores, así como en otros sitios religiosos, del municipio de Hebrón a la Administración Civil de Israel. La medida contradice lo establecido en el Protocolo de Hebrón de 1997, firmado entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Todo ocurre en un marco de violencia por parte de Israel y mientras las autoridades de Tel Aviv continúan demoliendo viviendas y estructuras palestinas en Cisjordania ocupada, con el argumento de la falta de permisos. Los palestinos denuncian que estas políticas son deliberadamente restrictivas. De acuerdo con la Comisión de Resistencia al Muro y la Colonización, Israel realizó 538 demoliciones en 2025, que afectaron a unas 1.400 viviendas y estructuras, una cifra sin precedentes.

Fuerte rechazo de autoridades palestinas

Las autoridades palestinas y diversos grupos condenaron de forma unánime las decisiones del Gabinete de Seguridad. La AP y el movimiento Fatah, en comunicados separados, afirmaron que las medidas atentan contra los derechos nacionales e históricos de los palestinos, y constituyen una escalada de los esfuerzos israelíes por consolidar el control sobre Cisjordania ocupada.

La presidencia de la AP indicó que las decisiones forman parte de una ofensiva integral contra el pueblo palestino, en particular en Cisjordania ocupada. Advirtió que constituyen “la implementación práctica de los planes de anexión y desplazamiento” y que suponen una seria amenaza para la estabilidad. “Estas medidas unilaterales buscan socavar cualquier horizonte político, desmantelar la solución de dos Estados y arrastrar a la región a mayores tensiones e inestabilidad”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de la AP, Hussein Al-Sheikh, sostuvo que las decisiones israelíes implican una “anulación de todos los acuerdos firmados y vinculantes”, y alertó sobre una peligrosa escalada regional.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la AP pidió al Gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional que intervengan de inmediato para detener la “agresión impulsada por la ocupación”. Describió las medidas como una serie de “decisiones criminales” que equivalen a una declaración de crimen de guerra, subrayando que Israel, como potencia ocupante, no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado ni derecho a derogar o modificar las leyes aplicables.

El grupo de resistencia palestino Hamás declaró que las nuevas medidas buscan apropiarse de todo el territorio palestino y desplazar a su población. Su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que las medidas “confirman el programa colonial” del gobierno israelí y las calificó como una “verdadera amenaza existencial”.

Qassem sostuvo que el Gobierno de Israel intenta expandir su ofensiva de aniquilación para eliminar la presencia palestina en todo el territorio, y llamó a una respuesta nacional unificada para enfrentar estas políticas.

Rawhi Fattouh, presidente del Consejo Nacional Palestino de la OLP, calificó las decisiones de “racistas y peligrosas”, y afirmó que reflejan los planes del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para anexar Cisjordania ocupada e imponer nuevas “realidades coloniales”.

Condena regional e internacional

Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración conjunta en la que calificaron las medidas israelíes de “ilegales, nulas y sin validez”.

El comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, subrayó que las acciones socavan la solución de dos Estados y violan resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la Resolución 2334, que condena cualquier intento de alterar la composición demográfica y el estatus del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén como su capital.

Indicaron que las medidas tienen como objetivo imponer “la soberanía israelí ilegal, afianzar la actividad de asentamiento e imponer una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino”.

Los ministros expresaron su absoluto rechazo a estas acciones ilegales, que constituyen “un flagrante ataque al derecho internacional, socavan la solución de dos Estados y representan un atentado contra el derecho inalienable del pueblo palestino”.

Los países señalaron que Israel “no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado” y que estas decisiones alimentan la violencia en Oriente Medio. "Esas medidas también socavan los esfuerzos actuales por la paz y la estabilidad en la región", añadió. Asimismo, instaron a la comunidad internacional a defender los derechos palestinos y apoyar la solución de dos Estados conforme a las resoluciones internacionales.

Jordania y Egipto emitieron también comunicados separados en los que coincidieron en que las medidas representan una violación flagrante del derecho internacional. Ambos países rechazaron de forma categórica cualquier intento de anexión.

Amán afirmó que las decisiones representan un ataque al derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y pidió a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades legales y morales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto indicó que las medidas, incluido el traspaso de competencias municipales en Hebrón y la autoridad sobre la Mezquita Ibrahimi, socavan el status quo legal e histórico y violan el Acuerdo de Hebrón de 1997.

Críticas desde Israel

En paralelo, la organización israelí de derechos humanos Peace Now advirtió que Netanyahu está impulsando una política “peligrosa e irresponsable” orientada a desmantelar la AP e imponer una anexión de facto de Cisjordania ocupada, en lugar de cumplir sus compromisos respecto a la ofensiva de Gaza.

“Netanyahu prometió derrocar a Hamás en Gaza, pero en la práctica eligió derrocar a la Autoridad Palestina, cancelar acuerdos firmados por Israel e imponer una anexión de facto, completamente en contra de la voluntad del público, de los intereses de Israel y de la posición clara del presidente (Donald) Trump”, señaló el grupo.

El grupo advirtió que estas medidas podrían conducir a una escalada peligrosa y acusó a Netanyahu de utilizar el Gabinete de Seguridad para tomar decisiones sin supervisión ni transparencia.

Sigue la violencia en Cisjordania ocupada

Tras el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, en octubre de 2023, Israel intensificó sus operaciones militares en Cisjordania ocupada, con asesinatos, arrestos masivos, desplazamientos forzados y expansión de asentamientos, allanando el camino para la anexión formal del territorio ocupado.

Desde entonces, al menos 1.112 palestinos han sido asesinados, unos 11.500 resultaron heridos y más de 21.000 fueron detenidos, tanto por el ejército israelí como por colonos israelíes ilegales, según autoridades palestinas. 

De hecho, el sábado por la noche, colonos ilegales atacaron a palestinos en distintos puntos del territorio ocupado. En Beit Imrin, al norte de Nablus, tres palestinos fueron agredidos mientras trabajaban en sus tierras. Otros dos resultaron heridos tras un ataque de colonos en la zona entre Ramoun y Deir Dibwan, al este de Ramala, informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Ese mismo día, el ejército israelí informó que disparó contra un detenido palestino en una base militar en la zona. Su motivo, según dijo, fue que el detenido había atacado a una soldado israelí. El ejército dijo que el soldado herido fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, pero no reveló el destino del detenido palestino.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. La ONU sostiene desde hace décadas que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional y socavan la viabilidad de la solución de dos Estados.