El ministro israelí de extrema derecha de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, irrumpió el viernes en la prisión de Ofer, al oeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada, en una visita marcada por la intimidación y el abuso contra prisioneros palestinos.
Ben-Gvir ingresó a la prisión acompañado por altos funcionarios policiales, incluido el comisionado de Policía Yaakov Shabtai, pocos días antes del inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. Según el Canal 7 de Israel, durante la visita se lanzaron granadas aturdidoras cerca de las celdas de los prisioneros palestinos.
Ben-Gvir, conocido por publicar videos incendiarios dirigidos contra detenidos palestinos y por amenazarlos repetidamente, ha presumido abiertamente de endurecer las condiciones carcelarias desde que asumió el cargo a finales de 2022.
Durante su recorrido, afirmó que los cambios impuestos en las prisiones “no son suficientes” y prometió impulsar una legislación que permita la ejecución de prisioneros palestinos.
“Esto no es un hotel de lujo. Es una prisión real”, dijo Ben-Gvir, expresando satisfacción por lo que describió como un “cambio fundamental” en las condiciones de detención.
Las condiciones de los presos palestinos se han deteriorado notablemente bajo su mandato, con restricciones severas, abusos generalizados y una visible pérdida de peso entre los detenidos.
Grupos de derechos humanos palestinos e israelíes señalan que exprisioneros liberados en los últimos meses han denunciado torturas sistemáticas, violencia sexual, inanición y negligencia médica, y que algunos presentan signos de trauma psicológico severo.
En noviembre de 2025, el Parlamento israelí avanzó en primera lectura un proyecto de ley presentado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, liderado por Ben-Gvir, que permitiría la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes.
La propuesta aún requiere una segunda y tercera lectura para convertirse en ley, y no se ha fijado fecha para la votación.
Más de 9.300 palestinos se encuentran actualmente detenidos en prisiones israelíes, incluidos alrededor de 350 menores, según cifras hasta principios de febrero.
Organizaciones de derechos humanos han advertido repetidamente que el abuso contra los prisioneros palestinos se ha intensificado desde octubre de 2023, en paralelo al genocidio en Gaza.
