Bala ChambersEn San José del Palmar, Colombia, la tierra crujió con fuerza en la mañana del 10 de agosto: un terremoto de magnitud 7,3 hizo de este municipio, ubicado en el departamento del Chocó, su epicentro. La comunidad, de cerca de 4.800 habitantes, volvió entonces a vivir una tragedia, que ahora se suma a otras que ya han surcado su historia.
Para este pequeño pueblo, situado entre montañas verdes y marcado por las dificultades de acceso, el conflicto armado y el aislamiento, el terremoto se asentó en un lugar que ya cargaba sobre sus espaldas con múltiples obstáculos. Las adversidades en San José del Palmar no empezaron con el devastador –y letal– sismo.
Desde diciembre de 2023, un comunicado del Estado colombiano arrojó luz sobre las heridas de esta tierra al mencionar “las dificultades derivadas de la confrontación armada del pasado”, y las “consecuencias del conflicto armado y la presencia de diferentes grupos al margen de la ley”. A ello se sumaba, según lo expresado por la propia comunidad, la “desatención estatal y la falta de gobernabilidad que ha tenido el municipio durante estos últimos cuatro años”.
“Una escuela agujereada por las balas. Una cancha en la que murieron los líderes de una comunidad. Una casa a la que no volverá un guardia indígena. Una calle en la que la población se unió para conseguir que un grupo armado desistiera de llevarse a sus jóvenes”. Así lo describió Médicos Sin Fronteras, organización internacional de acción médico-humanitaria, en su investigación “Las heridas del conflicto en el Chocó”, publicado en 2025.
Hoy, ese peso adquiere una nueva dimensión por la fuerza del terremoto. San José del Palmar, donde la mayoría de la población es indígena o afrodescendiente, es el núcleo una emergencia nacional. El sismo logró poner el foco sobre una comunidad que habita uno de los municipios más apartados del país, situado a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá, en una zona rural que limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.
El sismo
El 10 de agosto, a las 7:34 a. m., hora local, Colombia fue sacudida por un devastador terremoto. Poco después, el presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre nacional. El Servicio Geológico Colombiano lo describió como “el evento sísmico de mayor magnitud” registrado en el país en lo que va del “siglo XXI”.
Además, una publicación independiente de periodismo del país, resaltó que el municipio no cuenta con “cámaras y drones” como las ciudades de las que se conocieron los daños rápidamente, sino que se encuentra en un lugar que llevaba años “cayendo del mapa institucional”.
En San José del Palmar, la Personería Municipal informó que en las últimas 18 horas no “se han recibido víctimas fatales”. Sin embargo, según una publicación en Facebook, considerada “información preliminar”, “se registran múltiples daños en viviendas e infraestructura, afectaciones en las vías, interrupción del servicio de energía y fuertes afectaciones emocionales en la población”.
En esta línea, el alcalde León Fabio Marín Moncada entregó al diario colombiano El Tiempo un primer balance de la emergencia. Según el reporte preliminar, unas 400 viviendas resultaron afectadas y alrededor de 20 estructuras colapsaron por completo.
Debido a los daños en la infraestructura, el periódico informó que se reportaban personas lesionadas que requerían atención médica, aunque no se había especificado con precisión la cifra.
Por su parte, la comunicadora colombiana Soraya Yanine difundió un video con las primeras imágenes de la devastación, en las que se observan varios edificios completamente derrumbados que han bloqueado una calle por donde caminan madres e hijas, circulan motocicletas y transitan personas entre los pocos espacios disponibles.
Sin embargo, San José del Palmar ya enfrentaba grandes desafíos antes del terremoto. El 80% de su población vive por debajo del umbral de pobreza y la tasa de mortalidad infantil es el doble que en otras partes del país. A ello se suma su situación de aislamiento.
Salud
Poco después del terremoto, se conoció que el municipio solo cuenta con una institución de salud privada. Hace manos de un mes, el 15 y 16 de julio, la Defensoría del Pueblo realizó una verificación sobre el estado de San José del Palmar y dejó expuesta la complejidad de las condiciones sanitarias que enfrenta su comunicad.
“No dispone de un hospital ni de un centro de salud de naturaleza pública, lo que limita la atención integral de la población”, constató la delegada para la Salud de la Defensoría.
Además, el municipio dispone de una sola ambulancia, en estado regular, para trasladar pacientes con diferentes niveles de complejidad.
Ante esta coyuntura, el periódico El Colombiano informó que de cara al terremoto se ha solicitado apoyo aéreo para trasladar a las personas lesionadas que requieran atención médica urgente, mediante una petición para utilizar un helicóptero que permita evacuar a los heridos hacia centros asistenciales.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo destaca cómo la población actual ha estrechado vínculos con la Entidad Promotora de Salud (EPS) Comfachocó, una entidad encargada de gestionar la atención médica de sus afiliados, tanto de la modalidad subsidiada como de la contributiva, y que tiene presencia en 30 municipios del departamento.
De hecho, la entidad recomienda a las distintas autoridades “impulsar la construcción de un hospital público que garantice una prestación adecuada y continua del servicio de salud”.
La brecha física y digital
A los problemas sanitarios se suman las dificultades de conectividad, denunciadas 17 meses antes del sismo, según un medio local, y que ahora mantienen incomunicado al municipio.
En febrero de 2025, la personera municipal Ellen Johana Cuero ya había advertido sobre el deterioro de la vía que conecta San José del Palmar con el municipio de Cartago.
Citando a Cuero, un reporte informó que la carretera Nóvita-San José del Palmar-Cartago “era la única conexión terrestre del municipio con el Valle del Cauca”. La vía estaba abandonada y presentaba derrumbes y huecos. “No tenemos vía terrestre al Valle del Cauca ni plan B”, dijo.
El aislamiento también es digital. La Alerta Temprana 007 de 2025 recomendó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Gobernación del Chocó y a la Alcaldía ampliar la cobertura de telefonía celular, internet y radiodifusión.
La Defensoría del Pueblo consideró estas mejoras esenciales para reforzar la seguridad y garantizar el acceso de las comunidades a la información.
Confrontaciones armadas que dejan cicatrices en la comunidad
Más allá de las dificultades geográficas y de infraestructura, San José del Palmar también arrastra un historial de violencia.
Según la publicación digital Las2Orillas, el municipio “había aparecido durante años en los registros de violencia, dificultades de acceso, problemas de infraestructura y conflicto de grupos armados ilegales”. Ahora, el medio resalta que “volvió a ser el epicentro de los movimientos telúricos y de la atención del país”.
Según el informe, a finales de octubre de 2005, una zona rural de San José del Palmar llamada Alto del Oso vivió combates en medio de una disputa de varios años por el control territorial de una ruta de narcotráfico entre distintos grupos armados. Entre ellos se encontraban grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el grupo marxista armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El medio reportó aquellos enfrentamientos dejaron entre 16 y 17 personas muertas.
Y, según la misma publicación, “ahí no paró la violencia”. El informe dijo que tropas colombianas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 25, de la Décima Quinta Brigada, “fueron atacadas con drones equipados con explosivos rudimentarios, en la misma vereda del anterior ataque con víctimas fatales”. El ataque dejó un suboficial y nueve soldados heridos.
De hecho, un año antes, en su cuenta de X, la Defensoría había alertado sobre lo que describe como “el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en distintas regiones del país persiste”.
La Defensoría calificó esta situación como un “grave delito (que) vulnera múltiples derechos fundamentales y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario”. También destacó que a menudo se trata de un “reclutamiento forzado” y señaló que sus cifras con frecuencia no reflejan la verdadera dimensión del problema debido a varias “razones estructurales: miedo a represalias, falta de garantías para la denuncia, estigmatización, barreras territoriales y debilidades institucionales en zonas de alta conflictividad”.
Proteger la vida: el mensaje de San José del Palmar
A raíz del terremoto, en el departamento del Chocó, al menos 13 personas murieron, según informó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi, quien insistió en que “nuestro sentimiento de pésame está con cada uno de ellos”. Al referirse a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia, explicó: “Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón”.
Ante las escenas devastadoras de edificios derrumbados, personas sin hogar en las calles y hospitales trabajando a máxima capacidad, que compartió en un video publicado en la red social X, Córdoba-Curi expresó: “A todos quienes hoy lloran a sus seres queridos, los abrazamos en el más profundo sentimiento de solidaridad. Es el dolor de todo el pueblo chocoano”.
Mientras las autoridades continúan trabajando sobre el terreno para establecer con precisión el impacto del terremoto, El Colombiano reveló que la situación es “especialmente compleja en las zonas rurales”, debido a las dificultades de comunicación que han impedido conocer el estado de algunas comunidades.
El alcalde León Fabio Marín señaló que el municipio dispone de aproximadamente 32 millones de pesos (unos 10.200 dólares) provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una suma que considera insuficiente frente a las necesidades generadas por el terremoto.
En medio de la devastación, las autoridades de San José del Palmar insisten ahora, ante todo, en que “la prioridad es proteger la vida, la integridad y los derechos de las personas afectadas, identificar las necesidades urgentes y garantizar que la respuesta institucional llegue a cada territorio”.
