La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el cierre de la ley de amnistía, apenas dos meses después de su aprobación, poniendo fin a una medida que permitió la liberación de miles de personas encarceladas por “delitos políticos” o causas vinculadas. Sin embargo, su conclusión abre ahora una nueva etapa: los casos que no fueron incluidos en la norma podrán ser revisados por otras vías, informó.
Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez explicó que estos nuevos mecanismos estarán bajo el amparo del Programa gubernamental para la Paz y la Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este mismo jueves.
La norma, que originalmente no contemplaba una fecha de caducidad, marcó uno de los principales gestos del gobierno hacia la reconciliación y el diálogo desde que Rodríguez asumió la presidencia interina, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.
Rodríguez defendió el balance de la medida y destacó que 8.616 personas han sido beneficiadas con “libertad plena”. “Para aquellos casos que no fueron cubiertos —o, más bien, que fueron expresamente excluidos de la Ley de Amnistía— existen otras vías a través de las cuales pueden ser atendidos”, añadió.
Por su parte, el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma, indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, correspondientes a los delitos y períodos establecidos en la legislación.
Sin embargo, persisten discrepancias entre las cifras oficiales y las que manejan organizaciones internacionales, mientras sectores críticos sostienen que su aplicación ha sido limitada. Datos de la ONG Foro Penal sugieren que alrededor de 470 encarcelados por motivos políticos permanecen en cárceles venezolanas.
Propuesta por la propia Rodríguez y promulgada el 20 de febrero, la legislación abarcaba a todas las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” en el marco de 13 hechos específicos ocurridos entre 2002 y 2025. Entre ellos se incluyen los eventos relacionados con el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002, así como los asaltos y ataques contra instalaciones públicas y privadas ocurridos en ese período.
Uno de los ejes más controvertidos del debate fue la condición inicial que obligaba a los potenciales beneficiarios a comparecer ante la Justicia antes de acceder a la amnistía, un requisito que dejaba fuera a quienes se encuentran en el extranjero. No está claro si los nuevos mecanismos los incluirán ahora.
Llega a Venezuela el nuevo jefe de misión diplomática de EEUU
Tras el anuncio, Rodríguez puso el foco en el frente internacional y se reunió con el nuevo representante de Estados Unidos en el país.
Rodríguez asumió la presidencia encargada el 3 de enero y, desde entonces, Venezuela ha comenzado a abrirse a la inversión extranjera, aunque bajo la presión de Estados Unidos, que llevó a cabo la operación que culminó con la captura de Maduro.
En esa línea, este jueves también dio la bienvenida al nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y destacó que la relación entre ambos países debe avanzar hacia una cooperación “ganar-ganar”.
El representante estadounidense arribó al país caribeño después de que la legación diplomática reanudara sus operaciones a finales de marzo, en paralelo a la reapertura de la embajada venezolana en Washington, en el marco del restablecimiento de vínculos bilaterales. Estados Unidos y el gobierno interino de Rodríguez acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo, tras años de ruptura.
“Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países”, afirmó Barrett en un mensaje en español difundido por la embajada estadounidense.
Por su parte, Rodríguez reiteró la disposición de su gobierno a continuar el diálogo, pero con énfasis en el respeto mutuo.
