La vida cotidiana en Cisjordania ocupada quedó prácticamente paralizada el miércoles. Comercios, bancos, escuelas y oficinas públicas cerraron sus puertas, mientras que solo algunos servicios esenciales, como hospitales y panaderías, continuaron funcionando.

En Ramala, sede de la Autoridad Palestina, la escena era inusual: calles casi vacías, persianas bajadas y una calma tensa que reflejaba el impacto de la nueva legislación israelí.

La huelga general respondió al llamado del movimiento Fatah, que instó a la población a protestar contra la ley aprobada por el Parlamento israelí que permite aplicar la pena de muerte a prisioneros palestinos. El movimiento calificó la medida como una “peligrosa escalada” dirigida contra los palestinos y pidió, además, una movilización masiva y mayor presión internacional para intentar revertirla.

Una ley controvertida

El lunes, el Knéset aprobó la legislación que concede a los tribunales la autoridad para imponer la pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos intencionales de israelíes. La norma permite aplicar esta sentencia incluso sin que el fiscal la solicite ni exista un acuerdo unánime entre los jueces.

Asimismo, los tribunales militares en Cisjordania ocupada también podrán aplicarla.

Según autoridades palestinas, 117 detenidos podrían enfrentarse a la ejecución bajo la nueva ley. Esta medida llega, además, en un contexto en el que la población carcelaria palestina supera los 9.500 presos, entre ellos 350 menores y 73 mujeres.

Al mismo tiempo, funcionarios palestinos denuncian que los detenidos son sometidos a abusos sistemáticos, hambre y negligencia médica dentro de las cárceles.

La legislación también ha generado críticas dentro de Israel. De hecho, en febrero cerca de 1.200 figuras israelíes, entre ellas premios Nobel, exresponsables militares y antiguos jueces del Tribunal Supremo, denunciaron la medida como una “mancha moral”.

Todo ello ocurre mientras que, desde octubre de 2023, las medidas contra los detenidos palestinos se han endurecido aún más en medio de la agresión genocida contra Gaza, que ha dejado más de 72.000 muertos y 172.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

Miedo entre las familias de los presos

Mientras tanto, entre muchas familias palestinas el miedo se ha instalado con fuerza tras la aprobación de la ley. En Cisjordania ocupada, Maisoun Shawamreh pasó la noche en vela pensando en su hijo, encarcelado desde hace tres años y a la espera de sentencia por cargos de intento de asesinato. “Las madres de los prisioneros… ninguna de nosotras durmió anoche”, relató Shawamreh. “Puede que sea ejecutado o puede que no”, dijo.

En la misma ciudad, decenas de activistas, facciones políticas y organizaciones de la sociedad civil se congregaron para protestar contra la legislación. Algunos manifestantes sostenían carteles con la imagen de un prisionero con los ojos vendados, flanqueado por dos sogas de ahorcamiento, una representación sombría de lo que temen que pueda suceder. En otras pancartas, junto a retratos de palestinos encarcelados, se leía: “Detengan la ley de ejecución de prisioneros antes de que sea demasiado tarde”.

“Cruel y discriminatoria”

En este contexto, Abdullah Al-Zaghari, director del Club de Prisioneros Palestinos, condenó lo que describió como una ley abiertamente discriminatoria. “Esta legislación fascista y racista refleja la realidad de la ocupación”, afirmó. “Se aplica a los palestinos, no a los judíos israelíes que ejercen violencia diaria contra civiles palestinos”.

Entre los palestinos, la medida también ha generado indignación y resignación. Haitham, un empleado de 28 años de una organización humanitaria internacional, la calificó de “horrible”. “Pero lo esperábamos… ¿Qué se puede esperar de un gobierno con personas como Netanyahu?”, dijo, declinando revelar su apellido.

Tras la aprobación del proyecto, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, celebró la votación brindando con champán en un pasillo del Parlamento junto a otros legisladores.

Las críticas, sin embargo, también llegaron desde la comunidad internacional. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, condenó la ley como “cruel y discriminatoria”. “Pedimos al gobierno israelí que la rescinda y que no la aplique”, declaró a periodistas.

En la misma línea, Petra Bayr, presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, advirtió el martes que la norma “pone seriamente en peligro el estatus de observador de Israel” en dicha institución.

Críticas también dentro de Israel

Sin embargo, las críticas no provienen únicamente del exterior. Dentro de Israel también han surgido voces que cuestionan la legislación.

El martes por la noche, decenas de israelíes se congregaron frente al Knéset, en Jerusalén Este ocupada, para protestar contra la ley. Los manifestantes portaban pancartas con el lema “Las vidas palestinas importan”, antes de que la policía dispersara la concentración con cañones de agua.

Entre los asistentes estaba Meyir Lahav, un médico de Tel Aviv, quien calificó la legislación de “primitiva y muy estúpida”. Según afirmó, medidas como esta resultan “deplorables e inaceptables en nuestra sociedad”. “Deberíamos avergonzarnos”, agregó.

Otros manifestantes también expresaron sus dudas. Tom, un ingeniero de software que solo dio su nombre de pila, cuestionó el carácter selectivo de la norma. “Lo que no me gusta es que no se aplique a todos”, dijo. “Si alguien comete un asesinato, debería aplicarse a todos: judíos, árabes o musulmanes por igual”.

En la misma línea se pronunció Yves, un ciudadano francés residente en Israel, quien expresó su rechazo frontal a la pena capital. “Decidir que, una vez capturada una persona, debe ser ejecutada —independientemente de lo que haya hecho— y encomendar a otra persona llevar a cabo ese acto es algo que rechazo por principio”, afirmó.

Cabe recordar que la pena de muerte existe en Israel, pero solo se ha aplicado en dos ocasiones: en 1948, poco después de la fundación del Estado, contra un capitán militar acusado de alta traición, y en 1962, cuando el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fue ahorcado.

Mientras tanto, la nueva ley ya enfrenta desafíos legales. Varias organizaciones israelíes de derechos humanos, junto con tres miembros del Parlamento, han presentado peticiones ante el Tribunal Supremo para intentar anularla.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) sostiene que la ley crea “dos vías paralelas, ambas diseñadas para aplicarse a los palestinos”, y considera que debería ser anulada por motivos constitucionales.

Según el grupo, el proyecto parece entrar en conflicto con las Leyes Básicas de Israel, que prohíben la discriminación arbitraria.