Las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir en México si las autoridades “no hacen su trabajo” para enfrentar el tráfico de drogas, desataron una firme respuesta de la presidenta del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum. La mandataria insistió en que quiere mantener la cooperación, pero dejó claro que debe hacerse con respeto absoluto a la soberanía. Incluso, dio la vuelta a las presiones de Washington al exigir pruebas contra funcionarios que Washington ha acusado de narcotráfico y reclamar simetría en los pedidos de extradición.
"Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas (...) Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria este jueves.
La presidenta recordó que no es “la primera vez” que Trump hace este tipo de declaraciones, al tiempo que defendió la labor de las autoridades mexicanas y volvió a rechazar cualquier intervención estadounidense.
Y es que, desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado en varias ocasiones con intervenir en México para enfrentar a los carteles, al considerar que “controlan” el país, algo que Sheinbaum ha rechazado por considerar que violaría la soberanía nacional. A lo que se sumó que el miércoles el mandatario estadounidense aseguró que "el ingreso de drogas (a Estados Unidos) por vía marítima ha disminuido un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo. Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos".
En ese marco, Sheinbaum sostuvo que la relación bilateral debe basarse en cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua. “Eso es esencial. Pero también ha habido colaboración. Queremos que siga existiendo siempre y cuando tengamos muy claros estos cuatro puntos, ambos países, sin violar soberanía”, afirmó.
Asimismo, pidió a Washington reconocer que enfrenta un “problema grave” de consumo de drogas y, al mismo tiempo, exigió mayores acciones para frenar el tráfico de armas hacia México. "No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México, ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga. Pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos", sentenció.
Estas nuevas declaraciones cruzadas llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA pero sin conocimiento previo del Gobierno federal de México, un caso que se sigue investigando internamente. Además, se producen después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos.
Sheinbaum exige pruebas tras acusaciones contra el gobernador de Sinaloa
Justamente, al tiempo que insistía en la idea de una “responsabilidad compartida” en la lucha contra el narcotráfico, Sheinbaum exigió que Estados Unidos presente pruebas, y no solo “dichos” o “inventos”, contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios de ese estado cuya extradición busca Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó la semana pasada al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos” y pidió su detención inmediata con fines de extradición. Todos los implicados rechazaron las acusaciones, en un caso que ya desató una fuerte controversia política en México y nuevas tensiones en la relación bilateral con Washington. Rocha Moya solicitó el sábado una licencia temporal para apartarse del cargo mientras avanza la investigación.
“Pruebas”, respondió Sheinbaum al ser preguntada después de que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, hubiera advertido, sin dar detalles, que continuarían las acusaciones contra funcionarios mexicanos si el país no coopera.
Aseguró que, hasta ahora, Estados Unidos no ha enviado elementos suficientes para proceder contra los mexicanos señalados y criticó que, en uno de los casos difundidos, la única evidencia presentada fuera una hoja con una anotación de pago.
"En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista" y para detener a alguien "tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos", afirmó. "Si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo", agregó.
Insistió en su rechazo a cualquier “injerencia” o intervención extranjera, “menos en asuntos políticos”, aunque aseguró que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación entre ambos gobiernos.
La presidenta insistió en que su gobierno “no protege a nadie”, aunque remarcó que cualquier detención debe ajustarse a la legislación mexicana. “Lo he dicho yo muy claramente: no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”, afirmó.
Incluso, Sheinbaum dio la vuelta a las amenazas de Trump al cuestionar la falta de reciprocidad en la cooperación bilateral. La mandataria recordó que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por Estados Unidos que se encontraban detenidas en cárceles mexicanas.
En contraste, señaló que su gobierno ha solicitado a Washington la entrega de cuatro personas vinculadas con casos de contrabando de combustible —conocido en México como “huachicol”— y de otras dos relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, sin obtener respuesta.
El gobierno mexicano lleva desde el año pasado reclamando a Washington la extradición de las personas posiblemente con nexos al caso de Ayotzinapa. Sheinbaum incluso se lo planteó personalmente al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante la visita del funcionario al país latinoamericano el pasado septiembre.
“Entonces es responsabilidad compartida. Y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución”, apuntó.












