En el caso relacionado con el 38º Congreso Ordinario del Partido Republicano del Pueblo (CHP), celebrado en noviembre de 2023 y que ha ocupado la agenda de Türkiye durante aproximadamente dos años y medio, la Sala Civil 36 del Tribunal Regional de Justicia de Ankara emitió un fallo el 21 de mayo declarando el congreso nulo y sin validez.

Según el fallo judicial, tanto este Congreso como el Congreso Provincial de Estambul celebrado el 8 de octubre de 2023 fueron considerados absolutamente nulos por haberse llevado a cabo en violación de los principios de democracia interna del partido, igualdad y libre voluntad.

Contrario a las afirmaciones de algunas figuras de la oposición, el Tribunal no nombró una administración fiduciaria (ni un comité de convención) para dirigir el CHP tras el fallo de nulidad absoluta.

En cambio, dictaminó que el presidente en funciones antes del Congreso anulado, Kemal Kilicdaroglu, junto con los miembros de la Asamblea del Partido y la Junta Superior Disciplinaria, retomarían provisionalmente sus funciones hasta que la decisión sea definitiva.

En otras palabras, en lugar de designar una figura externa, se restituyó a la administración elegida más recientemente por los delegados del CHP.

¿Cómo comenzó y se desarrolló el proceso judicial?

Durante y después del Congreso del CHP de noviembre de 2023, numerosos miembros y delegados del partido plantearon acusaciones de irregularidades y corrupción.

Tras las solicitudes presentadas por delegados del CHP, estas acusaciones pronto dieron lugar tanto a procesos penales como a demandas civiles que buscaban la anulación del Congreso.

Los demandantes, quienes durante años habían servido como miembros y delegados del CHP, presentaron demandas separadas para solicitar la anulación del Congreso ante los Tribunales Civiles de Primera Instancia números 7, 17, 31, 40 y 42 de Ankara.

Entre las figuras más destacadas se encontraba Lutfi Savas, quien había sido alcalde de la municipalidad metropolitana de Hatay por el CHP durante dos mandatos.

Los demandantes solicitaron la anulación alegando que se habían cometido numerosas irregularidades para manipular la voluntad de los delegados durante el proceso del Congreso; que algunos delegados habían recibido dinero y otros beneficios; que ellos o sus familiares habían sido contratados en distintos municipios o habían obtenido cargos políticos; y que habían sido sometidos a presiones de diversas formas.

Tras estas acusaciones y solicitudes, los fiscales iniciaron investigaciones sobre actos considerados delictivos y abrieron diversos casos penales.

Por ello, además de las demandas civiles para anular el Congreso, también continuó un proceso judicial penal paralelo relacionado con presuntos delitos cometidos durante ese periodo.

Las demandas presentadas ante distintos tribunales para anular el Congreso fueron unificadas ante el 42º Tribunal Civil de Primera Instancia de Ankara debido a que trataban el mismo asunto, y fueron examinadas como un único caso.

En este proceso, el Tribunal rechazó la solicitud de anulación sin examinar las acusaciones ni abordar el fondo del asunto.

El rechazo se basó en el argumento de que el caso había perdido objeto debido a los congresos posteriores celebrados por el CHP.

Tras la presentación de estas demandas, el CHP buscó impedir una posible decisión de anulación convocando congresos sucesivos. En consecuencia, el Tribunal concluyó que las demandas habían quedado sin efecto debido a esos congresos posteriores.

Después de la apelación contra la decisión del tribunal de primera instancia, la Sala Civil 36 del Tribunal Regional de Justicia de Ankara determinó que los congresos posteriores no subsanaban la presunta ilegalidad, examinó el fondo del caso y revisó las acusaciones.

El Tribunal Regional de Justicia dictaminó que los congresos convocados por una administración formada tras un congreso considerado absolutamente nulo no podían considerarse válidos.

Fundamentos de la decisión de nulidad absoluta

En primer lugar, el Tribunal concluyó que la voluntad de los delegados había sido corrompida.

Basándose en investigaciones penales incluidas en el expediente, acusaciones formales, testimonios de testigos, informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), correspondencia oficial e informes de investigación, el Tribunal determinó que las preferencias de voto de algunos delegados habían sido influenciadas mediante relaciones de interés y beneficios.

Según el Tribunal, las promesas de dinero, empleos, candidaturas y otros beneficios habían sido determinantes en el resultado del Congreso.

La decisión se basó en hallazgos según los cuales algunos delegados, tanto en el Congreso como en el Congreso Provincial de Estambul, recibieron dinero, promesas de empleo en municipios, candidaturas o cargos políticos, así como otros beneficios, incluidas tarjetas de compras.

También se concluyó que los votos de los delegados habían sido monitoreados y que el secreto de la voluntad de los delegados, que debía permanecer confidencial, había sido vulnerado.

El Tribunal además concluyó que a algunos delegados se les pidió fotografiar y enviar sus papeletas de votación, impidiendo así la formación libre de la voluntad electoral.

De este modo, se determinó que los principios de democracia interna e igualdad habían sido violados.

Remitiéndose al artículo 69 de la Constitución y a los artículos 4 y 93 de la Ley de Partidos Políticos, que exigen que las elecciones de los órganos partidarios se realicen conforme a principios democráticos, los estatutos del partido y el principio de igualdad entre miembros, el Tribunal concluyó que existía una violación de disposiciones legales obligatorias.

El fallo señaló que las irregularidades presuntamente ocurridas durante el Congreso no constituían simplemente motivos de anulación ordinaria, sino violaciones del orden público y de normas legales imperativas, lo que daba lugar a una nulidad absoluta.

Sobre esta base, el Tribunal emitió una decisión de nulidad absoluta y ordenó provisionalmente la restitución de la administración anterior hasta que la decisión sea definitiva.

Dado que el Congreso fue anulado retroactivamente desde la fecha en que se celebró, el Tribunal ordenó volver a la situación existente antes del 4 y 5 de noviembre de 2023, permitiendo que Kemal Kilicdaroglu y los órganos partidarios de ese periodo permanezcan en funciones.

En resumen, el Tribunal concluyó que la voluntad de los delegados tanto en el Congreso General del CHP como en el Congreso Provincial de Estambul había sido comprometida mediante diversas formas de beneficio personal, y que esta situación era contraria a la democracia interna del partido, la igualdad y el orden público, lo que hacía que el proceso fuera absolutamente nulo.

Cuando se examina detenidamente el proceso descrito anteriormente, queda claro que lo ocurrido no puede caracterizarse como una intervención judicial externa en los asuntos internos del CHP.

Más bien, el proceso constituye un procedimiento judicial iniciado a partir de solicitudes de ciertos delegados que durante años habían servido como miembros, dirigentes y alcaldes del CHP.

Dado que las acusaciones estaban respaldadas por pruebas sólidas y concretas, el Tribunal emitió un fallo invalidando la decisión y, como medida provisional, devolvió la autoridad a la administración anterior.