Unos tres millones de personas en Paraguay —cerca de la mitad de la población— quedaron sin acceso inmediato a sus ahorros tras la intervención de Ueno Bank, uno de los principales bancos del país. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), anunciada este martes por una grave insuficiencia de capital, desató una crisis bancaria y política que derivó en un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña.

La magnitud del problema va más allá de los depósitos particulares. Ueno Bank administra más de 800 millones de dólares de fondos públicos, incluidos alrededor de 380 millones correspondientes al Instituto de Previsión Social, encargado de las pensiones de los trabajadores paraguayos.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de los ahorros, el gobierno anunció medidas para acelerar la devolución de los depósitos, mientras crecen los cuestionamientos por los supuestos vínculos del mandatario con la entidad financiera y presuntas irregularidades en su supervisión.

Pero, ¿cómo llegó uno de los principales bancos de Paraguay a esta situación?

La crisis estalló este martes, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la intervención de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

La decisión implicó el cierre de la entidad y la suspensión inmediata de sus operaciones, lo que dejó a millones de clientes sin posibilidad de utilizar sus cuentas, tarjetas o realizar transacciones a través de la aplicación bancaria.

"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, durante una conferencia de prensa.

Según explicó el Banco Central, la intervención busca "proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero".

En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se entregó a la Policía durante la tarde del martes.

¿Qué pasará con los ahorros de los clientes?

El alcance de la intervención resulta especialmente significativo por el peso de Ueno Bank en el sistema financiero paraguayo. Según las propias cifras de la entidad, cuenta con alrededor de tres millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta del país, en una nación de poco más de seis millones de habitantes.

En este contexto, este miércoles, Peña promulgó una ley, aprobada velozmente por el Congreso, que "permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde".

En paralelo, el Banco Central anunció que los clientes con depósitos congelados recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares. La normativa establece que los desembolsos deberán realizarse en los próximos cinco días, aunque no despeja la incertidumbre sobre el destino del resto de los fondos.

Protestas en las calles: "Devuelvan nuestra plata"

En Asunción había largas filas de personas afuera de los locales de Ueno Bank intentando retirar su dinero este martes. Luego, las protestas se extendieron al centro de la ciudad, donde manifestantes exigieron respuestas.

Este miércoles por la noche, cientos de personas volvieron a movilizarse por segundo día consecutivo, con consignas como "devuelvan nuestra plata" y "juicio a Santi Peña", según constató la agencia de noticias AFP.

"Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar", declaró a la AFP Teresa Montiel, una médica de 50 años que participó en la protesta con una pancarta que decía "unidos somos más fuertes".

"Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos", dijo a la AFP, entre lágrimas, Marcelino Vergara, de 68 años, que participaba de la manifestación.

¿Por qué el caso se ha vinculado con el presidente Peña?

Uno de los principales focos de controversia gira en torno a presuntos vínculos del mandatario con el banco intervenido y a las decisiones adoptadas durante su gobierno.

Peña, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2023 para un mandato que se extiende hasta 2028, tuvo acciones en un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, de las cuales se desprendió en 2025.

Por otro lado, poco después de asumir el poder, Peña nombró como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco ahora intervenido.

La designación despertó cuestionamientos de sectores críticos, que denunciaron un posible conflicto de intereses por el vínculo previo del responsable de supervisar el sistema financiero con una de las instituciones bajo su regulación.

Tras conocerse la intervención, Carvallo anunció inicialmente que dejaría su cargo, aunque había señalado que permanecería durante la investigación. Su salida terminó concretándose el mismo martes.

La oposición también acusa al Gobierno de haber adoptado "decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank" y de concentrar fondos previsionales en la entidad, en un contexto de posibles conflictos de intereses.

Estos señalamientos, sumados a los cuestionamientos por el incremento del patrimonio personal del mandatario, se convirtieron en el eje de las acusaciones políticas contra Peña.

Oposición pide juicio político

La cuestión llegó también al Congreso, donde legisladores impulsan un juicio político contra Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.

El diputado Mauricio Espínola, integrante de un sector disidente del oficialismo, aseguró a la agencia de noticias AFP que la iniciativa reunió las firmas necesarias para ser tratada en la Cámara de Diputados. El documento presentado solicita iniciar el procedimiento contra el mandatario "por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo".

Sin embargo, aunque la iniciativa llegue a debatirse, aún habría más pasos por delante. Para avanzar, los legisladores opositores necesitan conseguir el respaldo de integrantes del Partido Colorado, la fuerza política a la que pertenece Peña y que cuenta con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.

Si la Cámara de Diputados aprueba la acusación, el proceso pasaría al Senado, encargado de llevar adelante el juicio político. Para concretar una eventual destitución se necesitarían al menos 30 votos de los 45 senadores.

Peña pidió "serenidad" y anunció medidas

En todo este contexto, Peña pidió "serenidad" a la población y anunció una serie de medidas destinadas a responder a las consecuencias de la intervención bancaria.

Además de promulgar la ley para acelerar los pagos a los ahorristas, el mandatario designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central, junto con dos nuevos integrantes de su directorio.

Vera Bogado ya había estado al frente del organismo entre 2001 y 2002, por lo que regresa a la institución en un momento especialmente delicado para el sistema financiero paraguayo.

La gravedad de la situación también obligó al presidente a modificar su agenda internacional. Peña suspendió un viaje previsto a Madrid, donde tenía previsto participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.