La decisión de España de impedir el atraque de tres buques estadounidenses sospechosos de transportar material militar para Israel vuelve a tensar las relaciones entre Madrid y Washington. Casi dos años después del incidente, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) propone imponer tasas de 200.000 dólares por viaje a los buques mercantes de pabellón español que operen en relación con puertos estadounidenses, además de restringir la importación de determinados productos españoles.
Las medidas, anunciadas este miércoles, podrían afectar a sectores como la perfumería, los cosméticos, los aceites y las grasas, la cerámica, los artículos de piedra, el azúcar y la confitería. Por ahora, sin embargo, se trata de propuestas sometidas a consulta pública, no de sanciones aprobadas ni de restricciones comerciales en vigor.
La iniciativa se conoce en un momento de crecientes tensiones entre ambos países. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reclamado repetidamente represalias comerciales contra España por sus discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto por el gasto en defensa de la OTAN como por la posición de Madrid ante la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.
Una investigación iniciada en 2024
Para entender el origen de la disputa hay que remontarse a noviembre de 2024, cuando España impidió el acceso al puerto de Algeciras de tres cargueros con bandera estadounidense operados por Maersk Line. Los buques eran sospechosos de transportar armamento destinado a Israel, quien estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza.
Uno de los barcos investigados fue el Maersk Denver, que viajaba desde Nueva York hacia Oriente Próximo. Según la información citada por la FMC, las autoridades españolas rechazaron su atraque en el puerto de Algeciras.
La versión de la naviera, no obstante, fue distinta. Maersk sostuvo que la carga destinada al transbordo no incluía armas ni munición.
La investigación se inició formalmente en diciembre de 2024, durante la presidencia de Joe Biden, predecesor de Trump. Según la comisión, el procedimiento buscaba determinar si España había creado condiciones desfavorables para el transporte marítimo del comercio exterior estadounidense al impedir el acceso a sus puertos a determinados buques, incluidos los vinculados al Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de Estados Unidos, conocido como MARAD.
En su comunicado, la FMC afirma que España creó "condiciones de transporte marítimo desfavorables para los buques con bandera estadounidense". La FMC sostiene ahora que ha encontrado "pruebas concluyentes" de que las autoridades españolas negaron el acceso a sus puertos a embarcaciones con bandera estadounidense.
Para investigar estas prácticas, el organismo se ampara en una disposición del Código de Estados Unidos que le permite examinar las restricciones marítimas impuestas por países extranjeros y proponer medidas de represalia cuando considera que perjudican los intereses comerciales estadounidenses.
Washington justifica las medidas por el impacto comercial
Sobre esa base, plantea una tasa de 200.000 dólares por viaje para los buques mercantes españoles que operen en relación con puertos estadounidenses, junto con posibles restricciones a determinadas importaciones procedentes de España.
En concreto, las categorías comerciales que podrían verse afectadas incluyen la perfumería y los cosméticos, los aceites y las grasas, la cerámica, los artículos de piedra, el azúcar y los productos de confitería.
Para justificar su propuesta, el organismo estadounidense argumenta que las decisiones españolas perjudicaron "la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional". Asimismo, asegura que limitaron su capacidad para fomentar el crecimiento de las exportaciones estadounidenses, impulsar una flota de buques de línea regular capaz de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y respaldar a la marina mercante del país.
Sin embargo, el alcance de las medidas propuestas va más allá de los buques implicados en el incidente de Algeciras. La tasa podría aplicarse a los barcos mercantes de pabellón español que operen en relación con puertos estadounidenses, mientras que las restricciones comerciales afectarían a sectores económicos sin relación directa con el transporte de material militar.
España responderá en coordinación con la Unión Europea
Frente a las acusaciones estadounidenses, fuentes del Gobierno español citadas por El País, han asegurado que Madrid defenderá "sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros". El Ejecutivo considera que el episodio se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, por lo que plantea una respuesta coordinada con sus socios comunitarios.
Las mismas fuentes han insistido en que los vínculos comerciales deben basarse "en el respeto mutuo" y han defendido el carácter estratégico de la relación transatlántica. "Debemos seguir trabajando para preservar unas relaciones comerciales fluidas y constructivas", han señalado.
La posición española introduce así una dimensión europea en una disputa que, hasta ahora, se ha desarrollado principalmente entre Madrid y Washington. La política comercial común corresponde a la Unión Europea, por lo que las posibles restricciones estadounidenses podrían tener implicaciones que trasciendan las relaciones bilaterales entre ambos países.
Además, la FMC no ha aclarado cómo encajarían las medidas propuestas con el marco comercial comunitario. Por el momento, no obstante, no hay una decisión definitiva sobre su aplicación ni se ha establecido que las restricciones sean incompatibles con las normas europeas.
Consulta pública antes de una decisión definitiva
La FMC ha sometido las medidas propuestas a consulta pública para recabar opiniones, evaluar sus efectos económicos y comerciales y determinar la respuesta que considera adecuada. Empresas, asociaciones sectoriales y otros actores interesados podrán presentar observaciones por escrito antes de que la comisión adopte una decisión definitiva.
Asimismo, el organismo ofrecerá al Gobierno español la posibilidad de participar en una audiencia administrativa para responder formalmente a las conclusiones de la investigación y defender su actuación.
Por tanto, las tasas y las restricciones a las importaciones todavía no pueden darse por definitivas. Su eventual entrada en vigor dependerá de la decisión que adopten las autoridades estadounidenses una vez concluido el procedimiento.
