El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, presentó la semana pasada un plan para expulsar por la fuerza a casi toda la población de Gaza fuera de Palestina en los próximos siete años, una iniciativa que ha bautizado como “Desconexión 710” y que ha convertido en un eje central de su campaña electoral.
El desplazamiento forzado de civiles desde territorio ocupado está clasificado como crimen de guerra según los Convenios de Ginebra, y organizaciones de derechos humanos, expertos de la ONU y varios gobiernos ya han señalado el plan en esos términos.
La magnitud de la propuesta deja pocas dudas sobre lo que significaría en la práctica. Apunta a la expulsión forzada de 250.000 palestinos de Gaza en su primer año, cifra que subiría a 1,11 millones en tres años y a alrededor de 1,86 millones en siete, una cifra que abarca a casi toda la población del enclave palestino.
La propuesta se basa en la premisa de que los palestinos de Gaza pueden ser simplemente reubicados en otro lugar. A cada persona que saliera se le asignaría, según se informa, un país de destino, junto con financiación, estatus legal, vivienda y un paquete de apoyo.
Pero los palestinos de Gaza han dejado claro que no quieren abandonar sus hogares ni ser expulsados de su tierra natal. Para ellos, la pregunta es por qué deberían tener que renunciar a sus casas y tierras.
Esto no es en absoluto una migración voluntaria, según el Dr. Munir Nuseibah, abogado de derechos humanos y profesor de Derecho en la Universidad de Al-Quds.
“Ben-Gvir usa este término (desconexión) porque sabe que el desplazamiento forzado es ilegal según el derecho internacional. Es un crimen de guerra según el Cuarto Convenio de Ginebra y un crimen de lesa humanidad”, explica Nuseibah en diálogo con TRT World.
“Esto es algo que Israel ha estado haciendo desde la Nakba de 1948, desplazando a los palestinos de sus hogares para crear zonas de mayoría judía en regiones que ha estado colonizando desde entonces”, añade.
“Ahora la ambición sionista es colonizar Gaza, y el objetivo es desplazar a los palestinos, expulsarlos de Gaza, limpiarlos étnicamente, y luego dejar Gaza lista para la colonización israelí”, agrega Nuseibah.
Ben-Gvir también ha puesto precio al proyecto. El plan prevé un desembolso israelí inicial de 10.000 millones de shekels (aproximadamente 3.300 millones de dólares), con un marco de financiación de hasta 50.000 millones de shekels, condicionado a que países extranjeros acepten recibir a la población.
Sin embargo, ninguna cantidad de financiación responde a la pregunta esencial detrás de la propuesta: ¿por qué deberían los palestinos verse obligados a abandonar sus hogares y tierras?
Cuando lo “voluntario” deja de serlo
La respuesta de Ben-Gvir es que estarían eligiendo irse. Pero esa elección se daría en condiciones que hacen imposible un consentimiento genuino.
Buena parte de la vivienda de Gaza ha sido destruida, los materiales de reconstrucción siguen restringidos, y el movimiento dentro y fuera del enclave está fuertemente limitado.
Una persona que ha perdido su hogar y no puede reconstruirlo, que no puede regresar a él con seguridad y tiene una capacidad limitada para salir o moverse libremente, está tomando una decisión en circunstancias fundamentalmente distintas a las de una migración ordinaria.
Nuseibah describe condiciones en Gaza que dejan a la gente con poca opción real de quedarse.

“La población palestina en Gaza, que antes de la campaña genocida vivía en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, ahora vive en solo un tercio del territorio, en tiendas de campaña, buscando lo más esencial para la vida día a día”, indica.
“Se despiertan cada mañana buscando agua, comida y la mera supervivencia. No hay desarrollo, no hay empleos, no hay educación. Todo ha sido destruido”, continúa.
Y enfatiza: “Sus vidas han retrocedido a la Edad de Piedra, e Israel bloquea todo intento de permitir que Gaza se reconstruya”.
Expertos en derechos humanos de la ONU han advertido que sacar a los palestinos de Gaza en las condiciones actuales equivaldría a un traslado forzoso, independientemente de que la política se presente como voluntaria.
Ocho países árabes y de mayoría musulmana, entre ellos Türkiye, Arabia Saudí, Jordania y Qatar, han rechazado igualmente cualquier desplazamiento de palestinos fuera de Gaza, calificándolo de violación flagrante del derecho internacional y advirtiendo contra cualquier intento de imponer una nueva realidad demográfica en el territorio palestino ocupado.
La objeción, por tanto, se dirige también a la creación de las condiciones e incentivos bajo los cuales marcharse se convierte en una alternativa práctica.
Esa distinción es central en el argumento legal.
Lo que Israel está haciendo es construir un entorno coercitivo, usando condiciones de vida difíciles para expulsar a la gente de un territorio, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad de deportación y traslado forzoso, según Nuseibah.
“En estas circunstancias, no podemos hablar de que la gente tenga la opción de irse”, remarca. “Cualquier palestino que actualmente sale de Gaza no lo hace por elección propia. Se va porque busca sobrevivir, porque busca una forma de educar a sus hijos y, simplemente, de vivir”.
Gaza como tema electoral
Ben-Gvir no está dejando “Desconexión 710” como un simple eslogan de campaña. Su partido, Otzma Yehudit, quiere que haya un Ministerio de Emigración, con su propio ministro y presupuesto, y ha convertido su creación en una condición para unirse a un posible próximo gobierno de coalición de Israel.
Eso le daría al plan un lugar directo en las negociaciones tras las elecciones de octubre, al tiempo que le permitiría a Ben-Gvir posicionarse aún más a la derecha del primer ministro, Benjamín Netanyahu, mientras la extrema derecha israelí compite por definir qué fin debe tener Gaza tras el genocidio.
El controvertido exgeneral Ofer Winter también ha incluido una idea similar entre sus propuestas.
Netanyahu, por su parte, ha mantenido cierta distancia respecto a la iniciativa, expresando reparos en el Gabinete, según informes, aunque anteriormente ha utilizado la idea de la emigración palestina para mantener a Ben-Gvir dentro del gobierno.
En tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel está esperando la aprobación de Estados Unidos para avanzar.

La idea, sin embargo, no comenzó con la campaña electoral de Ben-Gvir. Estados Unidos propuso en febrero de 2025 que los palestinos abandonaran Gaza, antes de que la Casa Blanca diera marcha atrás y afirmara, en su posterior plan de 20 puntos para Gaza, que la población permanecería en el enclave sitiado.
Para Nuseibah, ese antecedente es importante porque reducir la propuesta a una táctica electoral corre el riesgo de pasar por alto la política más amplia que hay detrás.
“Es probable que Ben-Gvir esté tratando de usar este plan de limpieza étnica como un elemento de su próxima campaña electoral. Pero no podemos verlo solo como propaganda electoral”, analiza.
“Israel ha estado tratando de desplazar a millones de palestinos fuera de Gaza desde hace bastante tiempo. Ha intentado presionar a Egipto y Jordania, a través de Estados Unidos y Alemania, para que reciban a la población palestina de Gaza”, asegura. Y añade: “Ha estado buscando lugares adonde enviar a los palestinos, y ha facilitado vuelos hacia distintos países del mundo para absorber a más de ellos”.
Pero Nuseibah también ve un claro cálculo electoral en la propuesta, particularmente entre el electorado que Ben-Gvir busca movilizar.
“Por supuesto, Ben-Gvir también quiere usarlo en las elecciones, porque su base política es un grupo que quiere limpiar étnicamente esa tierra y colonizarla, impulsado por un marco ideológico religioso mesiánico”, concluye.



















