Un juez federal bloqueó el viernes a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a migrantes a países con los que no tenían una relación previa sin darles la oportunidad de presentar apelaciones en base a que enfrentarían persecución o tortura de ser enviados allí.
El juez de distrito de EE.UU., Brian Murphy, emitió en Boston una orden de restricción temporal a nivel nacional, que prohíbe a la administración deportar a cualquier persona de Estados Unidos a un país diferente al establecido en su proceso de inmigración, a menos que primero se le informe por escrito y se le brinde una "oportunidad significativa" para presentar una solicitud de protección por temor a persecución o tortura.
La medida está diseñada para proteger a las personas sujetas a órdenes finales de expulsión de ser deportadas rápidamente a países distintos de aquellos que ya habían sido identificados durante los procedimientos de inmigración.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, la administración Trump ha firmado o ampliado acuerdos con México y países de Centroamérica para aceptar deportados de otras naciones. A principios de este mes, Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, con el fin de enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
A pesar de que la medida fue bloqueada por un juez federal, los aviones con más de 200 deportados continuaron hacia El Salvador, donde los hombres siguen detenidos a pesar de las objeciones de grupos de derechos civiles e inmigrantes.
¿Cuál es el origen de esta decisión?
La decisión de Murphy se produjo a raíz de una demanda presentada el domingo por un grupo de migrantes representados por defensores de los derechos de los inmigrantes. La demanda impugnaba una política adoptada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) destinada a acelerar las deportaciones de miles de migrantes que habían sido previamente liberados de detención.
La directiva del 18 de febrero instruyó a los oficiales a revisar todos los casos de personas previamente liberadas de detención, incluidas aquellas que han cumplido con los términos de su liberación, para su re-detención y expulsión a un tercer país.
Los abogados de los migrantes argumentaron que la política exponía a un número incalculable de personas al riesgo de deportación a países donde podrían enfrentar peligro, sin brindarles ningún aviso ni la oportunidad de presentar una reclamación basada en el miedo.
"Estamos aliviados de que el juez haya visto la urgencia de esta situación tanto para nuestros demandantes como para otras personas en situaciones similares", dijo Trina Realmuto, abogada de los migrantes en la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.
Murphy, un designado de Joe Biden, señaló que la Convención contra la Tortura protege a los migrantes tenían de ser enviados a países donde enfrentaran la posibilidad de ser torturados.
"Si su posición hoy es que no tenemos que darles ningún aviso y podemos enviarlos a cualquier país que no sea aquel al que el tribunal de inmigración ha dicho (previamente) que no, eso es algo muy sorprendente de escuchar decir al gobierno", le dijo a un abogado del Departamento de Justicia.
La orden de Murphy permanecerá en efecto hasta que el juez pueda dictaminar sobre la solicitud de los demandantes de una orden judicial preliminar a más largo plazo. Escuchará los argumentos sobre esa solicitud el 10 de abril.
El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
