Dos semanas después de que un devastador doble terremoto sacudiera el norte de Venezuela, el país sigue contabilizando las consecuencias de una de las peores catástrofes naturales de su historia. Las autoridades elevaron este viernes a 4.118 el número de fallecidos, mientras los heridos ascienden ya a 16.740, una muestra de que la magnitud de la tragedia continúa revelándose con el paso de los días.

Los dos potentes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, golpearon especialmente el estado costero de La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios se desplomaron y barrios enteros quedaron reducidos a escombros.

De acuerdo con el último balance oficial, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos aumentó respecto a los 3.889 muertos reportados apenas un día antes. Según el funcionario, 86.794 familias han recibido asistencia desde el desastre y 6.462 personas han sido rescatadas por los equipos de emergencia.

Entretanto, miles de personas siguen sin poder regresar a sus hogares. En La Guaira, convertida en el epicentro de la catástrofe, familias enteras sobreviven en estadios, plazas, canchas deportivas e incluso en las aceras, donde voluntarios distribuyen alimentos y prestan atención médica.

Según datos oficiales, 17.907 personas permanecen sin vivienda. Además, 856 edificaciones sufrieron daños estructurales y, de ellas, 190 colapsaron por completo. Para atender a la población desplazada, las autoridades habilitaron 89 campamentos temporales.

Frente a esta situación, el Gobierno ha desplegado un amplio operativo de asistencia. Rodríguez aseguró que en las labores de rescate participan 30.076 efectivos, 29.843 voluntarios y 3.454 rescatistas internacionales. Asimismo, las autoridades han distribuido 9.766 toneladas de alimentos, más de 13,9 millones de litros de agua potable y han prestado atención médica a 29.966 personas.

Sin embargo, el alcance real de la tragedia podría ser todavía mayor. Naciones Unidas estima que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas, en lo que ya se considera uno de los peores terremotos registrados en América Latina. El Gobierno venezolano, sin embargo, evita ofrecer una cifra oficial de desaparecidos.

Ante la magnitud de la destrucción, la ONU lanzó esta semana un llamamiento urgente para recaudar casi 300 millones de dólares destinados a las operaciones de ayuda y recuperación. En paralelo, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero y solicitó al rey Carlos III el desbloqueo de unas 30 toneladas de oro venezolano retenidas en Reino Unido bajo el régimen de sanciones para destinarlas a la reconstrucción del país.

Un nuevo temblor revive el miedo

En medio de las tareas de recuperación, un nuevo sismo volvió a sembrar el temor entre la población.

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela sin que, por el momento, se hayan reportado víctimas ni daños materiales. Sin embargo, el movimiento provocó escenas de pánico y evacuaciones preventivas en Caracas y otras localidades.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó de que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), con epicentro a diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, y a una profundidad de 5,5 kilómetros. Este nuevo episodio sísmico se produce después de que las autoridades hayan contabilizado 1.171 réplicas desde el doble terremoto del 24 de junio, una actividad que mantiene en alerta a la población.

El temor se reflejó de inmediato en las calles de Caracas. Decenas de trabajadores abandonaron edificios de oficinas y torres comerciales, mientras en redes sociales se multiplicaban los reportes de desalojos en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela, Chacao y Altamira.

Por seguridad, los administradores de numerosos edificios ordenaron la evacuación y mantuvieron a los ocupantes en el exterior durante varios minutos.

"Se sintió fuerte (...), desalojaron a todos", relata Liliana Peñaloza, empleada de mantenimiento en uno de los edificios del sector financiero de El Rosal.

"Aquí estamos asustados porque todo el mundo está a la expectativa. Con lo que pasó el 24 de junio, ya uno está como alerta a todo lo que pasa", añade la mujer de 57 años.

Amber Llanes, una agente de viajes de 26 años, reconoce que desde los terremotos vive con miedo permanente.

"Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder" una "catástrofe", confiesa.

Génesis Palma, trabajadora de una torre financiera en Altamira, explicó a EFE que los empleados comenzaron a bajar por las escaleras tras sentir el movimiento y que incluso percibieron un segundo sismo que, hasta ahora, no ha sido reportado oficialmente.

"Nos vinimos para acá (plaza Altamira) porque como puedes ver la torre de nosotros no es que esté muy bonita y la de al lado muchísimo menos", afirma.

Palma recuerda que el edificio donde trabaja sufrió daños superficiales tras el doble terremoto de junio y que, después de este nuevo susto, muchos empleados decidieron recoger sus pertenencias y regresar a sus hogares.

La búsqueda continúa entre denuncias

Pero mientras buena parte del país intenta recuperar cierta normalidad, en La Guaira la tragedia sigue teniendo un rostro mucho más crudo.

Familiares de personas que permanecen bajo los escombros denunciaron este viernes que efectivos militares les impiden el ingreso de maquinaria para continuar las labores de búsqueda en algunos edificios colapsados.

"No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica, no se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares", declaró Eva Belkrin, quien asegura que sus dos hijas permanecen atrapadas bajo los restos del inmueble.

Belkrin responsabilizó directamente a miembros de la Fuerza Armada de bloquear el acceso a la maquinaria necesaria para remover los escombros.

"Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar", denunció.