Como parte del endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la revocación del estatus legal de aproximadamente 532.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas personas residían en el país bajo el patrocinio de un programa de permiso humanitario conocido como CHNV.
Esta medida, firmada por la jefa del DHS, Kristi Noem, expone a los beneficiarios a una posible deportación a partir del 24 de abril, fecha en la que expirará su protección legal.
El programa CHNV fue implementado en octubre de 2022 durante la administración del expresidente Joe Biden, permitiendo la entrada de hasta 30.000 personas mensualmente desde los cuatro países, siempre que contaran con patrocinadores financieros.
A cambio, EE.UU. logró acuerdos con México para recibir deportados de esas mismas nacionalidades. La medida fue parte de una estrategia para fomentar vías legales de ingreso y reducir los cruces fronterizos irregulares.
Trump ha calificado el patrocinio humanitario del programa como un “abuso generalizado” y ha prometido, tanto en campaña como en funciones, eliminar los mecanismos que permiten la permanencia temporal de migrantes.
Aunque esta herramienta legal ha sido usada durante décadas para admitir a personas afectadas por conflictos o crisis humanitarias, el DHS reiteró que “el parole es inherentemente temporal y no constituye una base válida para obtener un estatus migratorio”.
Además de interrumpir nuevos ingresos bajo el CHNV, la administración Trump también detuvo el procesamiento de solicitudes de asilo, visas o alternativas legales que podrían haber permitido a los migrantes extender su estancia en EE.UU. Quienes decidan permanecer tras la fecha, enfrentan riesgo de deportación si son detectados por las autoridades migratorias.
“Cruel y contraproducente”
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han reaccionado con contundencia. Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, describió la decisión como “temeraria, cruel y contraproducente”, subrayando el impacto devastador que tendrá sobre miles de familias.
La organización presentó una demanda federal a finales de febrero buscando restablecer el programa CHNV, sumándose a otros litigios presentados por ciudadanos estadounidenses e inmigrantes afectados.
La situación también genera incertidumbre para otros grupos vulnerables, como los cerca de 240.000 ucranianos acogidos bajo medidas similares tras el inicio de la ofensiva militar rusa en 2022. Trump ha indicado que el estatus legal de migrantes ucranianos será revisado próximamente, lo que podría desembocar en la revocación de sus permisos temporales también en abril.
Mientras tanto, la viabilidad de las deportaciones masivas enfrenta obstáculos diplomáticos. Venezuela y Nicaragua han rechazado recibir vuelos de repatriación, y Cuba solo permite uno al mes. Haití ha sido más receptivo, aunque el país continúa sumido en una crisis interna que complica las operaciones del gobierno estadounidense.
Con esta nueva política, la administración Trump da un paso más en su plan de reformar radicalmente el sistema migratorio de EE.UU., restringiendo las vías legales incluso para quienes llegaron al país bajo acuerdos y procedimientos establecidos.
