“No podía ver nada, solo escuchar a mi familia llorando”, explicó Tarek*, un palestino adolescente de apenas 12 años, a quien las fuerzas israelíes detuvieron en 2025 en una aldea de la Cisjordania ocupada, a su abogado de la organización Military Court Watch (MCW). Contó que golpes violentos en la puerta lo despertaron y que varios soldados irrumpieron rápidamente en su casa. Su madre gritó su nombre, pero no la dejaron acercarse. Sin saber por qué lo detenían, los soldados esposaron a Tarek con bridas que le causaban dolor y le cubrieron los ojos.

Luego lo llevaron a un vehículo militar, manteniéndolo en el suelo, donde recibió bofetadas, patadas y un golpe en la espalda con un arma. En una de las paradas, un médico le hizo preguntas sin mirarlo. Tarek le dijo que las bridas le hacían daño, pero no obtuvo respuesta. Al llegar al centro de interrogación, aún de madrugada, lo dejaron esperando fuera, con frío y sueño. Cuando finalmente lo llevaron dentro, seguía con las manos atadas. “Me hicieron muchas preguntas. A veces me gritaban, otras me decían cosas que me daban miedo. Me dijeron que si no respondía como ellos querían, estaría detenido mucho tiempo. Yo solo quería volver a casa”.

Su madre no pudo acompañarlo durante la detención ni el interrogatorio, y tampoco recibió notificación oficial sobre el paradero de su hijo. Bajo la ley militar israelí, los padres no tienen derecho a estar presentes durante el interrogatorio, aunque las autoridades pueden permitirlo de forma discrecional. Tarek tampoco vio a un abogado ni sabía que tenía derecho a guardar silencio. Le mostraron un documento en hebreo y le dijeron que lo firmara, así lo hizo sin entender que estaba firmando una confesión.

En la celda, otros niños le contaron que él había tenido suerte: a ellos los habían obligado a mantener posiciones dolorosas, los habían empujado contra paredes o alambres de púas, o los habían dejado en aislamiento. Tarek compareció ante el tribunal militar 11 días después de su detención. Era la primera vez que veía a su madre y a su abogado. Cuatro meses después fue liberado, pero sigue sufriendo pesadillas y se despierta pensando que los soldados volverán a entrar en su casa.

Un sistema que comienza cerca de los asentamientos

Mientras gran parte del mundo sigue de cerca la tragedia en Gaza y el acaparamiento de tierras en Cisjordania ocupada, cada año, entre 500 y 700 menores palestinos como Tarek son arrestados y procesados en tribunales militares. Durante décadas, y especialmente durante la primera Intifada, miles de niños han sido detenidos. Desde 2000 más de 13.000 menores palestinos han sido interrogados, procesados y encarcelados.  De hecho, el último informe de la ONG Defense for Children International - Palestine (DCIP) de 2020 indica que la mayoría de los niños detenidos no habían sido condenados por ningún delito, sino que se encontraban en prisión preventiva bajo el mecanismo de detención administrativa, que permite encarcelar sin cargos ni juicio por periodos de hasta seis meses, renovables indefinidamente.

Bajo la ocupación en Cisjordania, muchos de estos niños detenidos viven a menos de dos kilómetros de un asentamiento israelí o de carreteras utilizadas por colonos, zonas protegidas por el ejército israelí, que mantiene una fuerte presencia militar en las comunidades palestinas cercanas, lo que genera fricciones, redadas y protestas. En ese contexto, los menores suelen ser acusados de delitos como insultar a un soldado, arrojar objetos —incluidas piedras— o atacar propiedades. La legislación militar israelí clasifica a los palestinos de forma distinta a los estándares internacionales: un “niño” es menor de 12 años; entre 12 y 14 se les considera “jóvenes”; y entre 14 y 16, “adultos jóvenes”. A partir de los 16 años, son juzgados como adultos.

Alarmantemente, muchos menores son acusados de “actividades terroristas hostiles”, una categoría que sugiere ataques contra civiles, aunque en la práctica la mayoría de los casos se refieren a actos políticos o a enfrentamientos con fuerzas militares. En numerosos expedientes, la evidencia es débil o inexistente.

Pese a la falta de transparencia de Israel en este proceso, se han podido reconstruir las cifras con datos parciales del Servicio Penitenciario israelí, el seguimiento diario de abogados de Defence for Children International – Palestine y recuentos de organizaciones palestinas e israelíes que documentan cada arresto. Una parte significativa de estos menores es trasladada a centros de detención dentro de Israel, lo que impide a sus familias visitarlos, ya que los palestinos necesitan permisos especiales para entrar, autorizaciones que rara vez se conceden.

Tribunales militares, una defensa limitada y desventajas lingüísticas

Sin asistencia legal de las autoridades militares de Israel, la mayoría de los abogados que representan a menores palestinos en tribunales militares son palestinos que trabajan para el Ministerio de Justicia de Palestina o para ONG locales. Las familias con más recursos pueden contratar abogados privados, palestinos o israelíes, y cubrir por completo los costos.

Los juicios se desarrollan en hebreo, con traducción simultánea realizada por un soldado, cuya competencia lingüística varía. Las órdenes militares, las actas y las sentencias también están en hebreo, lo que coloca a los abogados palestinos en clara desventaja. 

Detención sin pruebas

La denegación sistemática de la libertad bajo fianza es una de las características más críticas del sistema. Como resultado, la mayoría de los casos se resuelven mediante acuerdos de culpabilidad, como el caso Rami*, un niño palestino de 13 años. En 2022, fue detenido durante una redada nocturna en su casa en las afueras de la ciudad de Hebrón. Soldados armados entraron mientras él dormía y lo sacaron de la cama sin permitir que su madre se acercara. Le ataron las manos con bridas de plástico que le causaban dolor y le cubrieron los ojos antes de trasladarlo a un centro de interrogatorio. En la audiencia inicial, su abogado de Military Court Watch (MCW) solicitó la libertad bajo fianza, argumentando que no había pruebas que justificaran su detención. El tribunal militar la denegó, una práctica habitual en la mayoría de los casos, como documenta la organización.

Ante la perspectiva de permanecer semanas o meses detenido sin ver a su familia, Rami aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor, aun cuando insistía en que no había cometido ningún delito. Su abogado explicó que esta dinámica es habitual: la imposibilidad de obtener fianza empuja a los menores a aceptar acuerdos de culpabilidad para recuperar la libertad lo antes posible y regresar con sus familias.

Hoy, aceptar los cargos suele conducir a una sentencia más rápida y, en muchos casos, más corta. Esto explica por qué los tribunales militares registran una tasa de condena del 99%. La conformidad del imputado, conocida en inglés como plea bargain, se convierte así en la única herramienta práctica de la defensa. Aunque muchos abogados reconocen que este mecanismo contradice sus principios profesionales, también admiten que es la opción menos perjudicial para sus clientes. 

En casos donde el juicio podría durar dos años, un menor acusado de arrojar piedras puede preferir aceptar una condena de nueve meses antes que arriesgarse a una pena mayor o a un proceso prolongado. La ley militar permite, además, que la sentencia se determine según la edad del acusado el día de la sentencia, no el día del supuesto delito. Para jóvenes de 14 o 15 años, esto puede significar ser condenados como adultos si cumplen 16 durante el proceso.

Casos que ilustran un patrón

En 2011, Ahmad*, un chico palestino de 14 años, fue acusado de arrojar piedras cerca de una carretera utilizada por colonos. Su abogado presentó documentos médicos que demostraban que Ahmad, que padece talasemia, estaba en el hospital recibiendo una transfusión de sangre el día del supuesto incidente. El juez aceptó la prueba, pero aun así impuso una multa de 5.000 shekels (unos 1.300 dólares) o el equivalente en días de prisión. La familia no podía pagarla y fue necesario organizar una colecta para evitar que el niño permaneciera encarcelado.

Nabil*, otro chico palestino de ocho años, fue arrestado en 2010 por error debido a que compartía nombre con otro niño acusado de arrojar piedras. Aunque estaba muy por debajo de la edad de responsabilidad penal, fue detenido durante la madrugada sin que se verificara su identidad. Casos como este no son excepcionales: las detenciones basadas en información incompleta o errónea son frecuentes.

El impacto psicológico y las técnicas de coerción

El daño psicológico varía según el grado de violencia durante la detención y el interrogatorio. Las detenciones nocturnas son especialmente traumáticas. Muchos niños reportan no haber recibido agua ni comida durante horas o días. Otros describen insultos dirigidos a ellos o a sus madres y hermanas. Algunos relatan haber sido obligados a desnudarse al llegar al centro de detención. 

Cada vez son más frecuentes las amenazas sexuales, incluidas las de violación. Se han documentado casos de agresiones físicas en los genitales y amenazas de sodomía con objetos. También se presiona a los menores para que informen sobre otros niños de su comunidad o para que colaboren como informantes del ejército.

Incluso cuando se informa a los niños de sus derechos, muchos relatan haber sido golpeados si no confesaban. Las confesiones obtenidas bajo presión —física o psicológica— suelen ser utilizadas por los jueces militares como base para la condena.

Según la psicóloga clínica Sabrina Russo, a largo plazo esto puede derivar en ansiedad y "probablemente depresión”, para los menores. “Cuando crezcan, sentirán una profunda sensación de injusticia, algo que llevan consigo junto con sus inseguridades". 

Frente a esta realidad traumática diaria, psicólogos palestinos cuestionan lo que consideran la "conceptualización simplificada del trastorno de estrés postraumático". La Dra. Samah Jabr, directora de la unidad de salud mental del Ministerio de Salud palestino, dijo: “No hay un ‘post’ porque el trauma es repetitivo y continuo”.

Un sistema que perpetúa el miedo desde la infancia 

Los casos de Ahmad, Nabil, Rami y Tarek no son excepciones, sino ejemplos de un patrón documentado durante años por organizaciones locales e internacionales. La combinación de detenciones nocturnas, interrogatorios sin garantías, barreras lingüísticas, ausencia de asistencia legal adecuada y un sistema judicial que favorece los acuerdos de culpabilidad crea un entorno en el que los menores palestinos quedan desprotegidos.

Mientras las autoridades israelíes continúen sin publicar datos completos y sin permitir supervisión independiente, la situación de estos niños seguirá siendo difícil de documentar y aún más difícil de cambiar. Pero sus historias —contadas con nombres ficticios para protegerlos— revelan una realidad que no puede ignorarse: un sistema que, lejos de ofrecer justicia, perpetúa el miedo desde la infancia, una realidad reflejada en el pueblo palestino, que sigue bajo ocupación militar. 

*Los nombres de los menores que aparecen en esta nota han sido cambiados para proteger su identidad ante posibles represalias contra ellos o sus familias, una realidad cotidiana en Palestina.