Sin darle tregua a su discurso de “mano dura” en seguridad –y siguiendo lo que parece un libreto muy similar al de Washington y otros gobiernos de derecha en Latinoamérica–, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operaciones para identificar a migrantes en situación irregular que se encuentren en el país, además de extranjeros que, en sus palabras, estén cometiendo delitos. ¿El objetivo? Deportarlos.
"Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a migrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos", expresó el mandatario en un consejo de seguridad desde la ciudad de Barranquilla, norte del país, cuyas imágenes fueron recogidas en un video divulgado este lunes por su despacho.
Ordenando a Migración Colombia y a la Policía Nacional poner en marcha los operativos, señaló que el primer objetivo deben ser los extranjeros que, según él, estén cometiendo delitos, y “segundo” quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados".
"Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo. No aceptaré la migración ilegal aquí”, insistió.
Según el gobierno, los extranjeros que se encuentren en situación irregular serán identificados y, cuando corresponda, sometidos a los procedimientos administrativos establecidos por las autoridades migratorias.
Durante su campaña electoral, De la Espriella se comprometió a deportar a los extranjeros que infrinjan las leyes migratorias colombianas, aunque señalando también que garantizaría al mismo tiempo los derechos de quienes cumplan con la ley.
Colombia ha recibido a la mayor diáspora de venezolanos
La mayoría de migrantes que viven en Colombia son venezolanos, quienes desde hace más de 10 años han llegado al país, en parte por la frontera compartida de más de 2.000 kilómetros. Según cifras de Naciones Unidas hasta principios de agosto, más de 2,8 millones de ciudadanos de Venezuela estaban en territorio colombiano. Una cifra que representa la mayor diáspora venezolana del mundo.
Ahora bien, en julio pasado, Migración Colombia reportó que el país había otorgado permisos de residencia temporal a cerca de 2,3 millones de venezolanos bajo un programa implementado en 2021 por el entonces presidente Iván Duque, cuando los cruces alcanzaron un punto álgido. Esa cifra significa, detalló la entidad, que aproximadamente el 82% de los migrantes venezolanos contaba con estatus regular a enero de 2026, mientras que cerca de 500.000 se encontraban en situación irregular.
Por otro lado, la orden de De la Espriella para deportar a migrantes sin estatus legal marca un cambio significativo para Colombia, país que durante años se había esforzado por acoger a los venezolanos que llegaban al país y brindarles una vía hacia la residencia permanente.
Ante la consulta de la agencia AP sobre el alcance de la orden presidencial, Migración Colombia respondió que no se ha posesionado el nuevo director de la entidad, a quien le corresponderá implementar las "decisiones del gobierno nacional en materia de operativos de control, regularización y eventuales procesos de deportación”.
“Se cierran las puertas”
Ana Karina García, directora de Juntos Se Puede, una organización de ayuda para los migrantes venezolanos en Colombia, afirmó en conversación con la agencia de noticias AP que el gobierno colombiano dejó de otorgar nuevos permisos de residencia temporal hace tres años.
Por lo que señaló que, a su consideración, el Gobierno de De la Espriella debería ampliar las vías para obtener la residencia legal, en lugar de castigar a quienes no pueden obtener permisos de residencia.
“Entendemos que el presidente quiere proteger a los colombianos”, dijo. “Pero no hay necesidad de protegerlos de los migrantes. Está comprobado que los extranjeros no cometen delitos con mayor frecuencia” que la población local, destacó García.
Arles Pereda, presidente de una asociación que representa a los venezolanos en Bogotá, expresó su preocupación por el anuncio, ya que nuevos grupos de venezolanos damnificados por los dos terremotos que sacudieron el país en junio han estado llegando a Colombia en busca de oportunidades.
“Parece que las puertas se están cerrando”, dijo Pereda. “No solo en Colombia, sino también en Chile, Perú y Ecuador”, donde los líderes conservadores también han dificultado que los migrantes venezolanos obtengan permisos de residencia.
Todos los grupos criminales serán tratados como “terroristas”
El plan de deportaciones anunciado por De la Espriella forma parte de una estrategia de seguridad más amplia que incluirá operativos contra la extorsión, el narcotráfico, el robo y el homicidio, así como medidas para fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales.
Bajo ese marco, el presidente sostuvo el domingo que todos los grupos criminales que operen en Colombia serán tratados como “terroristas”, independientemente de su naturaleza u origen.
“Hay que tratarlos a todos bajo una sola denominación, que es la de grupos terroristas”, sentenció.
"Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde", agregó el presidente.
De la Espriella ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión.
Estas declaraciones se producen poco después de que el Gobierno de De la Espriella autorizara operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, según anunció el pasado 13 de agosto el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Bogotá “ya ha solicitado que el (Pentágono) se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir redes terroristas y de narcoterrorismo”, declaró Hegseth durante una conferencia contra los cárteles celebrada en Panamá.
“Medidas audaces y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y con enfoque operativo que queremos ver de parte de nuestros socios”, añadió.
