Las protestas en Irán ya no son en torno a la política: ahora reflejan una economía que no funciona

Los comerciantes que durante esta semana cerraron sus tiendas en el centro de Teherán, la capital de Irán, no estaban haciendo una declaración política en el sentido tradicional, sino que reaccionaban a una realidad simple: una economía que ya no funciona.

El desplome del rial iraní, combinado con una inflación persistente, ha vuelto cada vez más inviable el comercio cotidiano.

Los precios no pueden fijarse, los productos no pueden reponerse y las transacciones habituales ahora conllevan el riesgo de pérdidas. Cuando esto ocurre, la protesta deja de estar impulsada por ideas políticas, y se convierte en una cuestión de supervivencia.

Esta dinámica volvió a hacerse visible el 28 de diciembre. Mientras la moneda seguía cayendo y la recesión se agravaba, grupos de comerciantes del bazar paralizaron la actividad en varias zonas clave, incluidas áreas cercanas a las calles Jomhouri y Hafez, así como en importantes centros comerciales como Charsou y Alaeddin.

Cierres similares se registraron en Shoush, donde los comerciantes de los mercados de teléfonos móviles y de hierro suspendieron completamente sus operaciones, argumentando que el nivel de estancamiento hacía económicamente inútil seguir trabajando.

Para el lunes, las concentraciones se habían extendido a lo largo de la calle Jomhouri hasta la plaza Estambul, lo que indicaba no un foco aislado, sino una huella espacial más amplia de protesta económica.

El detonante inmediato fue claro. La moneda iraní cayó a nuevos mínimos históricos, con el rial rondando los 1.445.000 por dólar, frente a aproximadamente 1.370.000 el día anterior y cerca de 1.140.000 apenas un mes antes.

Para los comerciantes, esta volatilidad no solo erosiona los márgenes de ganancia. Elimina la previsibilidad básica de la que dependen los mercados.

Durante estas concentraciones, se escucharon consignas como “No tengan miedo, estamos todos juntos”, un lema conocido de periodos anteriores de protestas. Su reaparición no tuvo como eje reclamos políticos, pero sí señaló un paso del repliegue económico silencioso a una acción colectiva visible, a medida que la frustración salía de los comercios cerrados y ocupaba el espacio público.

De la dificultad a dejar de funcionar

Estas protestas son relevantes ya que las protagonizan comerciantes del bazar y otras tiendas que, no obstante, no son grupos marginales dependientes de la ayuda estatal. Están profundamente integrados en el tejido económico y social de Irán. Históricamente, su reacción ha sido un indicador sensible de tensiones sistémicas.

Cuando este sector se retrae de la actividad económica, señala que la crisis ha pasado de la dificultad a la disfunción.

Los problemas económicos de Irán son de larga data. La inflación se ha mantenido alta durante años, los salarios han perdido valor de forma constante y las sanciones han limitado el crecimiento.

Al mismo tiempo, el propio gobierno ha reconocido que las restricciones presupuestarias impiden que los salarios acompañen el aumento de los precios. El resultado es un deterioro lento pero sostenido del nivel de vida.

Pero ahora lo nuevo es el alcance de la presión. El estrés económico ya no se limita a grupos específicos. Asalariados, comerciantes, jubilados y trabajadores informales enfrentan los mismos desafíos: inestabilidad cambiaria, pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre sobre el futuro.

En estas condiciones, mantener la conformidad social se vuelve cada vez más difícil.

Y es que esta presión económica también está vinculada a episodios de malestar social a nivel nacional en los últimos años. Protestas anteriores dejaron al descubierto una brecha significativa entre la autoridad del Estado y las expectativas de la población. Aunque esas movilizaciones fueron frenadas, las quejas de fondo permanecieron sin resolverse.

En cambio, han resurgido a través de la economía, donde la caída del nivel de vida se traduce directamente en dificultades cotidianas. En conjunto, la actual agitación en Irán no puede reducirse únicamente a lo económico, ni tampoco a lo político o a los derechos de manera aislada. Así, el colapso económico, las restricciones sociales y los agravios políticos no resueltos se han acumulado con el tiempo, reforzándose entre sí y aumentando la presión sobre el sistema político iraní.

Al mismo tiempo, el Estado conserva una importante capacidad para gestionar el descontento a corto plazo. El control sobre la policía, el poder judicial y los flujos de información permite a las autoridades contener las protestas cuando lo consideran necesario.

Sin embargo, contener no es lo mismo que abordar los problemas de fondo. Las medidas que suprimen la expresión pública no pueden estabilizar la moneda, restaurar el poder adquisitivo ni reconstruir la confianza en la vida económica cotidiana.

Este margen cada vez más estrecho deja menos opciones. Si la inestabilidad económica persiste, es probable que las protestas reaparezcan, no como un único movimiento nacional, sino como interrupciones recurrentes y sectoriales. Cada una puede ser manejable por separado. Pero, en conjunto, elevan los costos de gobernar.

Factores externos

Cuando la presión interna aumenta, los Estados suelen intentar redirigir la frustración hacia el exterior, señalando amenazas externas y culpando a actores extranjeros. En el caso de Irán, este patrón es especialmente relevante porque el alivio económico está estrechamente ligado a factores externos.

La presión internacional ha restringido de forma significativa las posibilidades económicas de Irán. A finales de septiembre, la Unión Europea volvió a imponer amplias sanciones económicas y financieras tras la reactivación de medidas del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con el programa nuclear iraní.

Estas acciones restablecieron restricciones a las exportaciones de petróleo, congelaron activos del Banco Central iraní y de grandes bancos comerciales, y limitaron aún más el acceso a redes financieras y comerciales europeas.

De manera paralela, Estados Unidos ha seguido aplicando sanciones extensas contra los sectores energético, financiero, naviero e industrial de Irán, al tiempo que desincentiva el comercio de terceros países mediante medidas secundarias.

En conjunto, estas restricciones superpuestas han reducido el ingreso de divisas, limitado el comercio y la inversión, y restringido el acceso de Irán a los canales bancarios internacionales.

Para una economía ya debilitada por años de inflación y estancamiento, esta presión acumulada ha reducido drásticamente el margen de maniobra y ha incrementado la carga sobre los hogares y los pequeños negocios.

Este encuadre ya es visible en el discurso oficial. La dirigencia iraní presenta cada vez más las dificultades económicas como parte de una confrontación externa más amplia, en lugar de como el resultado de fallas de política interna.

Al describir las sanciones, la inflación y el deterioro del nivel de vida como elementos de una “guerra” impuesta, la responsabilidad se desplaza hacia afuera y el sufrimiento económico se redefine como una cuestión de resistencia nacional, más que de gestión gubernamental.

En estas condiciones, el liderazgo enfrenta un dilema estratégico. Una opción es el compromiso externo, especialmente con Estados Unidos, para aliviar las sanciones y reabrir los canales económicos. 

Una estabilización económica significativa depende del acceso a ingresos petroleros, sistemas financieros y flujos comerciales, todos ellos aún limitados por el actual régimen de sanciones. Pero, sin algún tipo de negociación o desescalada, la gestión interna por sí sola difícilmente revertirá las tendencias actuales.

En este contexto, las autoridades iraníes están manejando las protestas con cautela. En lugar de recurrir exclusivamente a la fuerza, los funcionarios han adoptado un tono público más moderado para evitar que las movilizaciones se expandan.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha señalado públicamente las “demandas legítimas” de los manifestantes y ha prometido medidas para proteger el poder adquisitivo mientras la moneda sigue cayendo, lo que sugiere un intento de contener el descontento mediante el diálogo junto a otros métodos.

Al mismo tiempo, otras instituciones del Estado han adoptado una postura más dura. En un comunicado difundido el segundo día de protestas, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que se opondría a cualquier “sedición”, “disturbio” o “amenaza a la seguridad”, mientras que el poder judicial también señaló posibles acciones legales contra quienes sean acusados de perturbar la economía.

En conjunto, estos mensajes apuntan a una estrategia equilibrada: reconocer el malestar económico para evitar una escalada, pero mantener la posibilidad de coerción si las protestas crecen.

Hoy, los iraníes que salen a las calles buscan visibilizar problemas clave, sobre todo el deterioro de la economía. Si la situación no mejora, las protestas podrían extenderse a más ciudades, aumentando la presión sobre las autoridades. Con el tiempo, movilizaciones como estas, originadas por reclamos económicos, podrían cambiar de tono y convertirse en cuestionamientos más amplios sobre las políticas y la gobernanza de Irán.