El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país y tres municipios debido a una "grave conmoción interna" provocada por el incremento de la violencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico.
La medida, que regirá durante 60 días, se aplicará en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
Según el decreto, el estado de excepción permitirá a las fuerzas de seguridad intervenir en estos territorios con el objetivo de "precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana", así como para "prevenir, contrarrestar, neutralizar, cualquier actividad criminal o delincuencial que afecte al ejercicio de garantías, derechos y libertades de la población".
La disposición también suspende la inviolabilidad del domicilio, lo que faculta a las fuerzas de seguridad a ingresar en viviendas privadas cuando existan sospechas de actividades ilícitas. Asimismo, autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Esta medida ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que en ocasiones anteriores han denunciado presuntos excesos por parte de las fuerzas de seguridad durante los operativos realizados bajo estados de excepción.
Cambio de postura
El anuncio se produce apenas dieciséis días después de que concluyera el anterior estado de excepción, que estuvo vigente durante 60 días y expiró el pasado 1 de junio. Durante ese periodo, el Gobierno también decretó toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil, considerado un punto estratégico para las operaciones del narcotráfico.
Además, la decisión contrasta con las declaraciones realizadas por Noboa el mes pasado durante una visita a Estados Unidos, cuando aseguró que no extendería la medida.
"No se extenderá. Si tenemos otro período en el que tengamos operaciones especiales, necesitaremos uno nuevo, pero un nuevo estado de emergencia", afirmó entonces el mandatario.
Desde que declaró la existencia de un "conflicto armado interno" en enero de 2024, Noboa ha recurrido de forma recurrente a los estados de excepción para combatir a las organizaciones criminales. El alcance de estas medidas ha variado según el momento y la evolución de la situación de seguridad en distintas zonas del país.
Además de los estados de excepción, algunas provincias ecuatorianas también estuvieron sujetas a toques de queda nocturnos durante periodos de marzo y mayo con el objetivo de reducir la actividad criminal, según explicó entonces el Gobierno.
Persisten los altos niveles de violencia
El nuevo decreto señala que entre el 1 de mayo y el 12 de junio se registraron 879 homicidios en las provincias incluidas en el estado de excepción. El documento sostiene que "la violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente".
Pese a las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno, incluida la catalogación de las bandas criminales como organizaciones "terroristas", Ecuador continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad.
Según cifras del Ministerio del Interior, el país cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra más alta de su historia, lo que lo situó a la cabeza de América Latina en índice de homicidios.
Desde que asumió la Presidencia en noviembre de 2023, Noboa ha convertido la lucha contra el crimen organizado en uno de los principales ejes de su gestión. Las organizaciones criminales que operan en Ecuador están vinculadas no solo al narcotráfico, sino también a actividades como la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.
