Después de siete semanas de protestas y bloqueos que han paralizado parte de Bolivia, provocado problemas de abastecimiento y elevado la tensión política en el país, el presidente Rodrigo Paz declaró este sábado el estado de excepción para despejar las carreteras y restablecer la circulación. La medida busca poner fin a una crisis liderada por organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que mantienen su exigencia de que el mandatario abandone el cargo.
La decisión llega en un momento de creciente presión sobre el Ejecutivo. "He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", escribió el gobernante en sus redes sociales.
Aunque el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para "pacificar" el país, los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales rechazaron el pacto y anunciaron que mantendrán los bloqueos. El presidente anunció la medida mediante un mensaje difundido en sus redes sociales y una posterior intervención televisada, pocas horas después de firmar el acuerdo con la COB para intentar poner fin a la crisis.
Paz aseguró que la medida "no pretende quitar la normalidad, sino devolverla", y que su Gobierno mantendrá las puertas "abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”. "Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad", agregó.
En su mensaje televisado, el mandatario explicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas para ejecutar "las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población".
Qué implica el estado de excepción
Según información difundida por la Presidencia boliviana, la medida no supone la suspensión de derechos, aunque sí contempla acciones extraordinarias para recuperar el control de las carreteras y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.
De acuerdo con el Gobierno, "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos".
También se dispuso el "apoyo temporal" de las Fuerzas Armadas a la Policía para "proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento".
Una crisis que se prolonga desde mayo
La Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz. Posteriormente, las movilizaciones sumaron el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), ampliando el alcance político de las protestas.
El viernes, la COB decidió levantar sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los campesinos de La Paz y los sectores afines a Morales rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán los bloqueos hasta lograr la renuncia del mandatario.
Desabastecimiento, fallecidos y pérdidas millonarias
Las consecuencias de las protestas se han hecho sentir en distintas regiones del país. Los bloqueos han dificultado el transporte de mercancías y suministros básicos, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades.
Según los datos difundidos por las autoridades, el conflicto ha dejado al menos 16 fallecidos. De ellos, 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, que impidieron o retrasaron su acceso a centros sanitarios.
A ello se suman pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares en medio de un conflicto que sigue sin resolverse.
