En medio de tensiones legales, la Casa Blanca enfrenta acusaciones de haber desobedecido una orden judicial relacionada con la deportación de presuntos miembros de grupos criminales venezolanos hacia El Salvador. La controversia ha generado inquietud sobre el uso de una antigua ley y podría tener implicaciones significativas para el equilibrio de los poderes en Estados Unidos.
La Casa Blanca ha negado las afirmaciones que indican que desobedeció la orden de un juez que detenía la deportación de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua hacia El Salvador.
La polémica gira en torno a la deportación de migrantes venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, una medida poco utilizada que ha generado controversia por ser vista como un exceso de poder por parte de la administración de Donald Trump, según reportó el medio estadounidense CNN.
El juez de distrito de EE.UU., James Boasberg, detuvo temporalmente las deportaciones el sábado para evaluar la legalidad del uso de esta ley, ordenando detener los vuelos en curso. Sin embargo, el domingo la administración confirmó que 250 deportados ya estaban bajo custodia en El Salvador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió una declaración más tarde esa noche, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre si las autoridades habían ignorado la orden judicial.
“La administración no ‘se negó a cumplir’ con la orden judicial”, dijo Leavitt. “La orden, que no tenía base legal, fue emitida después de que los ‘terroristas’ (miembros del Tren de Aragua) ya habían sido expulsados del territorio de EE. UU”. Afirmó además que “un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaviones llenos de terroristas extranjeros que ya fueron expulsados físicamente del suelo estadounidense”.
El enfoque de Leavitt en la “orden escrita” del juez y su mención de los migrantes ya fuera de EE UU.—sin aclarar cuándo llegaron a El Salvador—planteó dudas. Además, la Casa Blanca también carece de la autoridad para determinar la legalidad de las órdenes judiciales.
Por su parte, el presidente Donald Trump respondió el domingo cuando se le preguntó si su administración había desobedecido las órdenes judiciales: “Tendrían que hablar con los abogados al respecto”. Y añadió: “Les puedo decir esto: estas eran malas personas. Ese era un grupo malo de, como digo, hombres”.
El momento exacto de la orden de Boasberg en relación con la operación de deportación aún no está claro. No obstante, si la administración desobedeció la orden del juez, podría marcar la crisis legal más grave hasta la fecha, aumentando las preocupaciones sobre una presidencia autoritaria que desafía el Estado de Derecho.
En una declaración nocturna del lunes, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward instaron a Boasberg a “buscar una aclaración inmediata” en declaraciones juradas sobre las acciones de los funcionarios y los vuelos en cuestión.
La Unión solicitó detalles sobre si los vuelos de migrantes partieron antes o después de las órdenes escritas o verbales del juez, si los vuelos sujetos a la orden ya estaban en el aire o habían aterrizado, y si los deportados fueron transferidos a un país extranjero después de que se emitiera la suspensión temporal.
