Buenos Aires, Argentina —Un proyecto de explotación petrolera que encabezan la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper en las Islas Malvinas, el archipiélago del Atlántico sur cuya soberanía Argentina reclama desde hace casi dos siglos, está en el ojo del huracán. No sólo vuelve a reavivar los reclamos de Buenos Aires a casi 45 años del final de la guerra de 1982, sino que devela los intereses económicos sobre el territorio. 

Ahora, este martes, dos organizaciones argentinas presentaron una acción judicial para ponerle freno al proyecto conocido como Sea Lion en aguas al norte de las Malvinas. Argumentando que la iniciativa petrolera viola una resolución de la ONU, los demandantes buscan detener todas las actividades relacionadas con su desarrollo. 

Y el momento del recurso judicial también resulta propicio, pues apenas un día antes el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no descartaba "revisar" la posición estadounidense de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas. "Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó al respecto.

Por el momento, Washington, como la mayoría de los países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

A lo que se suma que el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el martes por la noche, que este jueves tendrá una cadena nacional sobre las Malvinas, que calificó como un tema "sagrado". 

Explicó que, para el pueblo argentino, la causa de las Malvinas sigue siendo "un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional". En esa línea, destacó además que su gobierno seguirá "defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes, pese a quien le pese".

Sea Lion y el interés por el petróleo en las Malvinas

La explotación petrolera es impulsada por la firma israelí Navitas Petroleum, que controla un 65% de la participación en el yacimiento Sea Lion (que traduce “león marino”), hallado en 2010 por la compañía británica Rockhopper en la cuenca norte, a unos 220 kilómetros de la capital de las Islas Malvinas.

A partir de 2028, Navitas extraerá 55.000 barriles de crudo al día. Y para 2030 proyecta producir 125.000, según informó la compañía.

Sin embargo, el interés por el petróleo en las Malvinas tiene más de 50 años. A mediados de la década de 1970 los informes Griffiths y Shackleton revelaron la gran probabilidad de que hubiera cuencas sedimentarias en las proximidades de las islas.

Aunque el hallazgo del yacimiento en 2010 despertó el interés global, el proyecto se mantuvo paralizado una década, producto de complejidades logísticas y elevados costos de inversión en años de caída del precio del crudo a nivel mundial a partir de 2014.

Para frenar la explotación, Argentina sancionó en 2011 una ley que prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental sin autorización del gobierno local e impuso penas de hasta 15 años de prisión para directivos de empresas que operen sin el permiso de Buenos Aires.

Aún así, las inversiones en Malvinas continuaron, mientras los gobiernos argentinos reiteraron el reclamo por la soberanía de las islas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. La guerra de 1982, que se extendió 74 días y provocó la muerte de 649 jóvenes argentinos, abrió una herida que aún no se ha cerrado. 

La compañía israelí que busca llevarse el petróleo

En 2020 entraron en juego los intereses de Israel, mediante la firma Navitas Petroleum, integrada por influyentes empresarios aliados al primer ministro Benjamín Netanyahu y exfuncionarios del gobierno. La compañía impulsó inversiones millonarias y controla el 65% de la participación en el proyecto Sea Lion. Rockhopper conserva el 35% restante.

Navitas fue cofundada por el magnate energético israelí Gideon Tadmor y cotiza en la bolsa de Tel Aviv. Tadmor expandió su poder a partir de la década de 1990, al fundar Avner Oil Exploration, una empresa con la que impulsó la explotación de múltiples reservas marinas en la región, transformándose en líder del negocio del gas en Israel.

En 2010, el hallazgo de una de las mayores reservas de gas en la región le permitió desarrollar el proyecto Leviatán junto al grupo Delek, a pocos kilómetros de la costa de Israel y explotando recursos marinos en áreas en disputa geopolítica que impactan directamente sobre el subsuelo y las proyecciones de soberanía de Gaza. 

El entramado político se completa, además, con el vicepresidente de Navitas, Yacob “Koby” Katz, exdirector general del Ministerio de Energía de Israel en la década de 1990.

La extracción petrolera en Malvinas tomó fuerza a finales de 2025, cuando Navitas firmó el documento de Decisión Final de Inversión, proyectada en 1.800 millones de dólares. 

En la primera fase producirá 170 millones de barriles mediante 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante, y la petrolera israelí mantiene un control casi total, según documentos oficiales que muestran la nómina completa de las licencias de producción.

Además, a finales de agosto adquirió una nueva plataforma flotante, en busca de acelerar el proyecto, informaron medios locales.

La respuesta del gobierno argentino

En 2022, el Gobierno de Argentina, presidido entonces por el peronista Alberto Fernández, declaró a Navitas como “clandestina” por sus planes de explotación en Malvinas e impuso una inhabilitación absoluta para operar por 20 años en cualquier punto del país, según documentos oficiales. 

Y si bien el ahora presidente, Javier Milei, sostuvo el reclamo de soberanía argentina de Malvinas desde que asumió como presidente en 2023, sus alineamientos a Estados Unidos e Israel –ha apoyado públicamente a Netanyahu, prometió mudar la embajada a Jerusalén ocupada y firmó los Acuerdos de Isaac para fortalecer la presencia israelí en América Latina– le han valido críticas por la falta de repudio contundente al proyecto de extracción petrolera.

A pesar de que su gobierno evitó imponer nuevas sanciones o denuncias, en diciembre de 2025, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina expresó su “más enérgico rechazo” a la Decisión Final de Inversión anunciada por Navitas y Rockhopper “sin contar con permisos de la autoridad competente argentina”. 

El portavoz del gobierno, Adrián Ravier, declaró en julio que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la resolución 2065 y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización".

Queda ahora la expectativa sobre lo que Milei comunicará el jueves sobre las Malvinas en su cadena nacional. 

Controversias, críticas y el temor ambiental

Por otra parte, diputados opositores a Milei presentaron a finales de julio un pedido de informes en el Congreso para que el gobierno proporcione detalles sobre qué acciones diplomáticas y judiciales se han adoptado respecto al proyecto petrolero en las Islas Malvinas. 

“Constituye un riesgo para el país, puede consolidar condiciones coloniales y el gobierno no hace nada”, declaró a TRT Español la diputada Raquel Olmos, del bloque opositor Unión por la Patria.

“El alineamiento de Milei a Donald Trump y Netanyahu implica que no haya firmeza en el reclamo. Representan una subordinación y desplazan prácticamente por completo los intereses de Argentina”, agregó.

Para Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (Cecim), el gobierno debería dar mayor impulso a los reclamos internacionales. Según él, la memoria de Malvinas caló profundo en la sociedad. “Haber ganado el partido contra Inglaterra en el Mundial acercó a muchas personas”, dijo a TRT Español.

“Argentina es un sitio de interés estratégico global porque tiene todo lo que escasea en el mundo”, consideró. “El gobierno juega a favor de intereses ajenos de los argentinos, con un alineamiento directo a Israel y Estados Unidos”, resaltó. 

Los potenciales riesgos de contaminación también desataron preocupación de organizaciones ambientales, que advirtieron por el impacto del proyecto en los ecosistemas de la región.

Junto con el Cecim, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la justicia para impedir la extracción de petróleo y solicitó embargos a las compañías involucradas. “El proyecto afecta de manera directa a dos ecorregiones reconocidas oficialmente por Argentina: el mar Argentino y las islas del Atlántico Sur”, indicaron. 

Según dijeron, allí “viven, se reproducen o alimentan” más de 300 especies de animales y “las obras previstas implican perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito permanente de embarcaciones, ruido submarino, descargas operativas, utilización de sustancias químicas y riesgo de derrames”. 

Según afirmaron, “sus efectos pueden extenderse mediante las corrientes marinas y afectar áreas de alimentación, reproducción y migración utilizadas por especies que se desplazan entre el mar Argentino, las islas del Atlántico Sur y la Antártida”.

¿Soberanía en riesgo?

El despliegue de grandes inversiones petroleras en Malvinas reavivó tensiones por la soberanía de las islas en las que residen unos 3.500 habitantes y donde las principales actividades económicas son la pesca y el turismo.

La explotación a gran escala de crudo podría provocar una transformación económica y reducir la dependencia del Reino Unido, que destina 60 millones de libras esterlinas al año (unos 81 millones de dólares) para sostener el gasto militar y la defensa de las bases militares en las Islas.

Para Juan Augusto Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella y autor del libro “Crónica de una incursión a Malvinas”, es fundamental comprender que el hallazgo de petróleo en las Islas en la década de 1970 fue uno de los causales de la guerra. 

Ahora, “este proyecto podría abaratar los costos del colonialismo británico en nuestro territorio”, afirmó a TRT Español.

Según Rattenbach, el petróleo ha sido uno de los elementos que trajo mayores tensiones en el vínculo diplomático entre Argentina y Reino Unido. 

“Se observa un colonialismo que busca sostenerse a costa de los recursos naturales argentinos. Malvinas es la única colonia británica superavitaria, y el petróleo la hará más superavitaria, porque compensará los gastos logísticos y militares”.

Rattenbach consideró que la explotación de hidrocarburos es un “hito más del Reino Unido en las violaciones del derecho internacional”, al tomar “medidas unilaterales” en un territorio en disputa.

El exsecretario de Malvinas del Ministerio de Exteriores argentino Guillermo Carmona dijo a TRT Español que “el primer barril de petróleo que se extraiga será un punto de inflexión para Argentina, por lo que representa en términos económicos el comienzo de la explotación”. 

Además, afirmó que de las ganancias, sólo “una parte quedará en las Islas” para dar impulso económico. El grueso “irá a los consorcios internacionales”. 

Aún así, dijo que Argentina no debe renunciar a los reclamos históricos por la soberanía de las Malvinas. 

“Las dinámicas coloniales y la vulneración de la integridad territorial incluye factores no económicos que presionan a los Estados para cumplir el derecho internacional”, evaluó, y resaltó: “No hay que dar por cerrada la posibilidad de que Argentina las recupere”.