Sebahattin SevindiAunque la Operación Diluvio de Al-Aqsa, el 7 de octubre de 2023, destrozó supuestos de seguridad de larga data y expuso la fragilidad en el equilibrio de poder regional, también marcó el comienzo de un genocidio en Gaza que se desarrolla ante la vista plena de la comunidad internacional.
Sin embargo, los bombardeos aéreos y el avance de los tanques israelíes no son las únicas fuerzas que están diezmando a la población civil en Gaza y en Cisjordania ocupada.
En este conflicto, el agua —fuente de vida y el principal valor compartido de la humanidad— ha sido desplegada directamente en la primera línea del frente como un arma silenciosa pero de amplia destrucción.
Durante décadas, Israel ha mantenido lo que los académicos definen como un sistema de “hidro-hegemonía” en los territorios palestinos: un marco de control sobre los recursos hídricos, la infraestructura y el acceso al agua.
Sin embargo, desde el 7 de octubre, los críticos sostienen que este sistema de larga data ha adquirido una dimensión mucho más destructiva. En Gaza, específicamente, las restricciones al acceso al agua, los daños a la infraestructura hídrica y la escasez de combustible para las plantas desalinizadoras y de saneamiento han contribuido a una grave escasez de agua potable, disparando el riesgo de deshidratación, brotes de enfermedades y crisis de salud pública más amplias entre la población civil.
“Hacer que el desierto florezca”
En la bibliografía de relaciones internacionales, la “hidro-hegemonía” –tal como la conceptualizó Mark Zeitoun– se refiere al dominio asimétrico que ejerce un actor poderoso sobre los recursos hídricos transfronterizos, generando dependencia en el actor más débil.
Aunque la política hídrica de Israel comenzó con la construcción de una identidad agrícola y social arraigada en el mito sionista de “hacer que el desierto florezca”, en la práctica se convirtió en un mecanismo para expropiar el agua palestina.
Las raíces de este proceso no comenzaron el 7 de octubre.
Tras la llamada Guerra de los Seis Días en 1967, las órdenes militares sometieron directamente a los palestinos de los territorios ocupados a la necesidad de obtener permiso israelí para perforar pozos de agua, establecer infraestructura e incluso recolectar agua de lluvia, tal como documentan informes de Amnistía Internacional.
En este punto, la teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague funge como un indicador clave. Israel ha presentado la búsqueda palestina de soberanía sobre sus propios recursos hídricos como una “amenaza a la seguridad”, utilizando esta percepción de amenaza para justificar intervenciones militares extraordinarias y extrajudiciales.
Esta mentalidad, que eleva a un absoluto la seguridad de Israel, se ha convertido en un pretexto para eliminar por completo el derecho humano más fundamental del pueblo palestino.
Este régimen hídrico de apartheid se ha implementado mediante mecanismos diferentes en Cisjordania ocupada y en Gaza.
En Cisjordania ocupada, los palestinos han sido en gran medida excluidos de un control significativo sobre las principales fuentes de agua y, con frecuencia, dependen de agua comprada a costos elevados, mientras que los colonos israelíes ilegales disfrutan de un acceso considerablemente mayor.
En Gaza, en cambio, la privación de agua ha sido moldeada por años de bloqueo y aislamiento, debilitando gravemente la infraestructura hídrica y de saneamiento del territorio y profundizando la crisis humanitaria.
“Hegemonía maliciosa”
Zeitoun sostiene que las potencias hegemónicas pueden ser “benignas” o “maliciosas”.
En el contexto palestino, Israel siempre ha adoptado un modelo de "hegemonía maliciosa" opresivo y restrictivo; sin embargo, los hechos posteriores al 7 de octubre abrieron una fase que trasciende los límites del derecho internacional al privar deliberadamente a la población civil de las condiciones básicas de vida.
El paso más concreto de esta estrategia se produjo el 9 de octubre, cuando la administración israelí anunció el corte total de las tuberías de agua, la electricidad y el combustible hacia Gaza.
Sin electricidad ni combustible, no es posible desalinizar el agua salobre de la Cuenca del Acuífero Costero –la única fuente local de la región– ni tampoco pueden operar las instalaciones existentes.
Según un informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), más de 700 de los 1.100 pozos de agua, 5 plantas de tratamiento de aguas residuales y 65 estaciones de bombeo de aguas negras en Gaza fueron atacadas y quedaron inoperables durante la ofensiva que sufre el enclave palestino bajo bloqueo.
Los estándares de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU señalan que la cantidad mínima de agua necesaria por persona al día para sobrevivir a una crisis humanitaria es de 15 litros. Sin embargo, según datos de campo de la ONU sobre el desastre, un palestino en Gaza hoy se ve obligado a cubrir todas sus necesidades vitales totales —incluyendo beber, lavarse, cocinar e higiene— con apenas de 1,5 a 3 litros de agua. Esta cantidad corresponde a apenas el 20% del umbral de mortalidad.
De hecho, los informes actualizados sobre la situación humanitaria de UNICEF, fechados en mayo de 2026, demuestran claramente que este embargo hidropolítico sigue vigente como una estrategia dinámica de genocidio.
Mientras el 82% de las familias en Gaza aún enfrenta una aguda inseguridad hídrica, la producción de las plantas desalinizadoras continúa disminuyendo debido a las fuertes restricciones israelíes sobre repuestos, aceite para motores y productos químicos de tratamiento.
Ahora bien, la crisis no se limita a los cortes de recursos. El presunto ataque directo contra vehículos contratados por UNICEF que transportaban agua potable en Al Mansoura, en el norte de Gaza, el 17 de abril de 2026 —que mató a dos conductores— demuestra que las redes de agua están siendo “colapsadas sistemáticamente”.
Como reflejo simultáneo de esta situación, el régimen hídrico en Cisjordania ocupada también atraviesa el período más violento de su historia.
Según datos actualizados de 2026 de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 190 estructuras palestinas de agua y saneamiento (WASH, por sus siglas en inglés) han sido saboteadas o demolidas desde los primeros meses del año debido a la violencia de colonos ilegales y demoliciones militares.
La destrucción deliberada de tuberías de agua en los pueblos de Tubas y Atouf, según informó desde el terreno la agencia de noticias WAFA, demuestra que la hidro-hegemonía no solo se utiliza para castigar a Gaza con sed, sino también como un arma dinámica para despojar y forzar la migración de la presencia palestina en Cisjordania ocupada.
Robo del futuro
La devastación causada por la crisis del agua sobre el terreno no es solo una cuestión estadística: las mujeres y los niños pagan el precio más alto.
Debido a que el 70% de la población de Gaza se ve actualmente obligada a beber agua salada y contaminada con aguas residuales, los riesgos de deshidratación, diarrea severa, cólera y hepatitis están escalando a proporciones epidémicas.
La imposibilidad de mantener entornos estériles en los hospitales, la incapacidad de atender a pacientes en cuidados intensivos y la interrupción de cirugías por falta de agua están profundizando el colapso médico.
Además, las madres que enfrentan el trauma de la ofensiva israelí y la inanición ni siquiera pueden preparar fórmula para sus bebés debido al suministro de agua restringido y contaminado. Los estándares de salud reproductiva e higiene de las mujeres sin acceso a agua potable han quedado completamente destruidos.
Este panorama muestra que se están sentando las bases de un desastre permanente de salud pública que perdurará durante generaciones, incluso si cesan los ataques.
El derecho internacional prohíbe estrictamente atacar instalaciones de agua potable, infraestructura y pozos de agua, incluso en tiempos de guerra. Escudándose en pretextos de seguridad, como la afirmación de que las tuberías de agua “se utilizarán en la fabricación de armas”, Israel impide que ingrese al enclave incluso equipo sanitario crítico.
Según declaró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el uso del agua como arma de guerra constituye una flagrante violación del derecho internacional. En consecuencia, las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso iniciado por Sudáfrica han reconocido legalmente la obligación de Israel de garantizar el acceso inmediato a servicios básicos y asistencia humanitaria.
Ante los ojos del mundo, millones de personas han quedado a merced de la deshidratación, las enfermedades epidémicas y un genocidio planificado.
Es imposible resolver cualquier crisis humanitaria en la región sin levantar el bloqueo israelí sobre Gaza y permitir la reparación de las redes de agua y electricidad.
A menos que estas políticas hidro-hegemónicas, que convierten el agua en un instrumento de dominación y genocidio, sean sometidas a rendición de cuentas ante tribunales internacionales, la fe de la humanidad en la justicia está destinada a secarse, tal como la tierra de Gaza.
