¿Un “ICE argentino”? Milei avanza hacia un modelo migratorio más rígido y al estilo Trump
El presidente de Argentina, Milei, avanza en la creación de una agencia que controlará las fronteras y flujos migratorios, bajo el Ministerio de Seguridad. Su esquema recuerda al modelo del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).
La política migratoria en Argentina adopta un enfoque cada vez más rígido bajo el Gobierno del presidente Javier Milei, mediante reformas y operativos. Y ahora se suma un nuevo esquema de control a cargo del Ministerio de Seguridad. En sintonía con el modelo impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el Ejecutivo avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que distintos sectores ya comparan con una versión local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Aunque la Agencia de Seguridad Migratoria aún no ha sido formalizada, desde la Casa Rosada aseguran que el decreto se encuentra en su etapa final. También ha despertado controversia por varios motivos, entre ellos, las competencias específicas que tendrá. Se encargará de supervisar los flujos migratorios, reforzar los controles en fronteras y pasos de ingreso al país, combatir el crimen organizado e intensificar las deportaciones de extranjeros que cometen delitos, precisó el portal Buenos Aires/12.
Otro punto clave es que el organismo no dependerá del Ministerio del Interior, como ocurría tradicionalmente en materia migratoria, y pasará a la órbita del Ministerio de Seguridad. Esto implica que no estará bajo la Dirección Nacional de Migraciones, sino que será autónomo. La decisión, por tanto, consolida el giro conceptual del gobierno: la migración ya no es tratada como una política de integración, sino como una cuestión de control y orden interno.
El modelo de referencia, según reconocen fuentes oficiales al medio argentino El Destape, es el ICE de Estados Unidos, cuyo objetivo es hacer cumplir las leyes migratorias. El organismo ha sido objeto de decenas de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, principalmente por sus redadas aleatorias, detenciones y más recientemente incidentes mortales.
En noviembre del año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había anticipado la creación de una Agencia Nacional de Migraciones y una Policía de Migraciones o de Frontera, una línea que generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos.
Al frente del nuevo organismo estará Diego Valenzuela, exintendente de la localidad Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó durante una década. En 2024 se incorporó al partido La Libertad Avanza y, en las últimas elecciones, encabezó la lista a senadores provinciales por ese distrito: obtuvo una banca y pidió licencia el día de la asunción, una decisión que anticipó su desembarco en el Ejecutivo nacional.
Su designación es interpretada como un reconocimiento a la expansión de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Valenzuela fue el primer intendente del Partido Republicano (PRO), una fuerza de centroderecha que no integra el gobierno pero mantiene cercanía, en abandonar ese espacio para sumarse al proyecto libertario.
Cambio de rumbo a la política migratoria
El avance de la Agencia de Seguridad Migratoria se inscribe en una reestructuración más amplia de la política migratoria. Ya en noviembre, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo dispuso el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas al Ministerio de Seguridad, concentrando en esa cartera las competencias vinculadas a fronteras, documentación e ingreso de extranjeros al país.
A su vez, en mayo de este año, Milei impulsó otras reformas: restricciones más severas para la residencia, el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros en hospitales públicos y el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.
Desde el gobierno sostienen que todas esas medidas buscan “optimizar la gestión” y fortalecer el control estatal, mientras que sectores opositores y organismos de derechos humanos advierten que se trata de una política punitiva que vulnera el espíritu integrador presente en la Constitución argentina.
En este contexto, ahora resta la publicación del decreto en el Boletín Oficial, junto con ajustes técnicos, para que Valenzuela asuma formalmente al frente de la nueva agencia, un paso que terminará de consolidar el giro del gobierno hacia una política migratoria definida bajo criterios de seguridad.
Este giro en la política migratoria ya comenzó a reflejarse en el territorio. En paralelo, el Ministerio de Seguridad desplegó el pasado sábado un operativo de control migratorio en el partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires.
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina. Según datos oficiales, fueron controlados 385 ciudadanos extranjeros, de los cuales 16 se encontraban en situación migratoria irregular. Desde la cartera de Seguridad indicaron que esas personas deberán regularizar su situación o enfrentar procesos de expulsión.
“Controles firmes y reglas claras: sin documentos, no hay permanencia”, señalaron desde el ministerio, en un mensaje que refuerza el enfoque del gobierno, que concibe la migración como un eje central y lo posiciona, justamente, dentro de sus políticas de seguridad.